Marta Acosta Zúñiga. 20 agosto

Escribo estas líneas pensando en quienes deseamos responsablemente un mejor futuro para Costa Rica. La Contraloría General la República tiene muy claro el panorama de la Hacienda pública. Me refiero, en concreto, al vulnerable estado en que se encuentran las finanzas públicas, así como a las consecuencias para la sociedad si las decisiones referentes a la sostenibilidad de los recursos no se tratan con una visión estructural y con miras a largo plazo.

El momento que vivimos es crucial. Debemos ser responsables no solo con nosotros mismos, sino también con las futuras generaciones.

Los síntomas de la crisis son muchos: alto nivel de desempleo, una economía desacelerada, desigualdad social creciente, situación fiscal sensible, un elevado déficit fiscal que muestra cifras poco sostenibles en el contexto actual (el Banco Cental prevé que en el 2019 la deuda del Gobierno Central cerrará en un 59,1 % del PIB).

La Contraloría General de la República considera indispensable que se ponderen seria y responsablemente las decisiones de grupos y sectores que, al parecer, tienen mayor incidencia en la esfera pública, no sea que el camino hacia una situación indeseable para las mayorías de este país se vuelva irreversible.

Los gastos han crecido más que los ingresos durante años, a consecuencia de decisiones inadecuadas, errores, omisiones y ausencia de visión integral, entre otras causas muy diversas.

Los gastos corrientes, como salarios, incentivos, compras de materiales y suministros, así como transferencias a otros entes —necesarias para la operación gubernamental— se han disparado y sobrepasan lo que puede ser cubierto por los ingresos tributarios. La diferencia ha sido pagada con deuda, la cual ha crecido año tras año, sin freno, a niveles insostenibles.

Aunque esta es solo una dimensión del problema que enfrentamos, ahora las cosas parecen salirse de control. La situación de las finanzas del Gobierno Central es un riesgo para el resto de las instituciones públicas, sobre todo para las dependientes, en menor o mayor grado, de las transferencias de recursos para hacer frente, en parte, a su propio gasto corriente. Por tanto, es imprescindible ordenar y controlar el crecimiento de estas.

Reforma y regla fiscales. Un primer paso para procurar el urgente equilibrio de las finanzas públicas depende, sin duda alguna, de la reforma fiscal aprobada en diciembre del 2018 y del cumplimiento de la regla fiscal por parte de las instituciones.

Ese paso ha de ir acompañado de otro tipo de medidas que igualmente contribuyen a la sostenibilidad de las finanzas públicas, por el lado del ingreso —como mejoras en la recaudación y la lucha contra la evasión— y del gasto, situación advertida por la Contraloría en múltiples ocasiones.

El desacuerdo y el evidente desconocimiento sobre las verdaderas consecuencias de incumplir la regla fiscal, así como la incertidumbre sobre la puesta en práctica de la reforma y sus resultados, contagian al resto de la economía, a lo que se suman los riesgos externos, como la baja probabilidad del crecimiento de la economía mundial.

La producción nacional registró durante el primer semestre variaciones negativas en actividades como la construcción, el comercio y la agricultura, y las expectativas son poco favorables para lo que queda del año.

Algunas señales enviadas por distintos sectores también han tenido un impacto desfavorable, lo que ha generado un ambiente de incertidumbre caracterizado por una negativa en las decisiones de inversión y baja confianza de los consumidores, lo cual ha causado, a la vez, una disminución en la actividad comercial.

No hay duda de que lo que les sucede a las finanzas del gobierno afecta la economía del país y, por tanto, el bienestar de la población. Nadie sale librado del círculo vicioso relacionado con las finanzas públicas. Lo anterior obliga a hacer un uso inteligente y responsable de la política fiscal, cuyo objetivo se debe orientar a encontrar el equilibrio adecuado entre la sostenibilidad de la deuda, el crecimiento de la producción y los objetivos sociales.

Debería apuntarse a consolidar el crecimiento y la estabilidad; a estimular la productividad y el crecimiento a largo plazo; y favorecer la mejora de indicadores sociales, como pobreza, desempleo y desigualdad.

Es indudable que debemos ordenar la Hacienda pública. La respuesta estatal debe ser clara, sin contradicciones, oportuna, orientada a minimizar la incertidumbre y las repercusiones sociales.

Deseo de ser excluidos. Diversos grupos quieren ser excluidos de la solución, lo cual erosiona sus efectos y posterga, aún más, las respuestas integrales a la problemática. Ningún sector debería enviar mensajes equivocados porque la desconfianza y el desencanto generados también tienen consecuencias económicas y sociales.

Es necesario tener presente que, si bien es cierto que la discusión actual se ha concentrado en grupos de interés, poderes de la República, algunos grupos de presión, varias entidades públicas y medios de comunicación, también lo es que, en general, el ciudadano parece estar al margen del epicentro de los intereses que se activan en virtud de las decisiones que se toman o no.

Pensar solamente en el interés de unos u otros es tener una visión individual y mezquina del acontecer nacional. El inmediatismo en la toma de decisiones y el favorecimiento de intereses particulares nos cobrarán una alta factura a todos, sin excepción.

La vulnerabilidad financiera es un problema real, no un cuento. La Contraloría General de la República considera indispensable que se ponderen seria y responsablemente las decisiones de grupos y sectores que, al parecer, tienen mayor incidencia en la esfera pública, no sea que el camino hacia una situación indeseable para las mayorías de este país se vuelva irreversible.

El momento demanda visión de Estado, y esa responsabilidad compete a todos los líderes de grupos y a los jerarcas institucionales. Hay graves consecuencias sociales en juego.

La autora es contralora general de la República.