EscucharLas operaciones de mercado abierto son un valioso instrumento de política monetaria muy utilizado en el mundo. Consiste en la compra o venta de títulos valores en el mercado para aumentar o disminuir la cantidad de dinero en circulación, con el objetivo de controlar la inflación o evitar una recesión económica por falta de circulante.
El Banco Central de Costa Rica (BCCR) se había limitado, históricamente, a la emisión de títulos de estabilización monetaria para recoger circulante.
Las operaciones de expansión utilizando este instrumento, al menos hasta donde recuerdo, no se realizan llamando a la recompra de esos títulos, emitidos por el mismo Banco, sino, simplemente, absteniéndose de nuevas emisiones o bajando tasas de interés.
Normalmente, el instrumento preferido por el BCCR para expandir la oferta monetaria es la compra de divisas (acumulación de reservas monetarias internacionales) y las variaciones en el encaje mínimo legal, es decir, el porcentaje de las captaciones que deben depositar en el Central los otros bancos que trabajan con el dinero del público, para fines preventivos en caso de una corrida inesperada de los depositantes, pero primordialmente para controlar la creación de dinero.
Sin embargo, mediante un artículo introducido en la la ley para la entrega del fondo de capitalización laboral a los afectados por la crisis económica (3/4/2020), la Asamblea Legislativa, de manera extraña, por ser materia ajena al propósito de esa normativa, autorizó al BCCR la compra, venta y conservación, como inversión, de títulos valores del Gobierno Central en el mercado secundario. Dicho de otro modo, no los puede comprar directamente al gobierno.
La autorización puede ser muy peligrosa para la preservación de la estabilidad monetaria. Consiste en emisión de dinero, pura y simple, para comprar títulos del Gobierno.
El principio fundamental vigente, durante casi 70 años, de prohibir al Central emitir dinero para financiar al gobierno se rompió. Definitivamente, un precedente nefasto, pues, la única posibilidad existente, hasta entonces, era la emisión de letras del tesoro.
Jugando con la ley. Pensando mal, si el gobierno se lo propusiera, podría negociar, subrepticiamente, con los bancos estatales para vender al Central en el mercado secundario títulos de Gobierno en su poder, con la intención de recomprar nuevos títulos de deuda pública, con alguna ganancia para los bancos.
Una triangulación no tan descabellada, cuyo resultado sería aumentar la presión monetaria y, con ella, la devaluación y la inflación.
La Junta Directiva del BCCR autorizó (13/4/20) la compra “eventual” hasta de ¢250.000 millones para prevenir “problemas sistémicos de liquidez en el mercado secundario”. Esta parece una interpretación muy laxa de la ley.
Como informó La Nación (27/10/2020), el Banco decidió comprar bonos de Gobierno por ¢1.678 millones ($2,8 millones) en el mercado secundario, no con el fin de aumentar la cantidad de circulante —como en otros países—, sino para sostener el precio de algunos bonos muy particulares.
Según el Central, fue para “normalizar la curva de rendimientos”, porque un tipo específico de títulos estaba bajando de precio, lo cual sería perjudicial para los fondos de pensiones y otros inversionistas.
Ahora resulta que el BCCR no solo se dedica a sostener el tipo de cambio, gastando sus reservas, sino, en adelante, se encargará de evitar, selectivamente, la caída en los precios de los bonos de Gobierno para “librar” de pérdidas a sus poseedores.
Esta es una práctica inconveniente y extraña. Desconozco si se hace en otras partes del mundo y con cuáles criterios.
No obstante, se afirma que la operación fue pequeña, a todas luces insuficiente para evitar la caída del precio de esos títulos. De hecho, en el mercado se siguen ofreciendo, a igual y hasta a menor precio, los mismos títulos.
He aquí parte del problema. Según se informó, la operación fue “ciega”; no obstante, no se han dado suficientes explicaciones: ¿A qué precio se compraron? ¿Cómo determinaron el precio? ¿Por qué escogieron unos y otros no? ¿Por qué detuvieron la compra cuando muchos desearían vender esos mismos bonos al precio fijado y, sobre todo, porque no hizo mella a la caída en los precios de los que siguen en venta? ¿Los mantendrá el Banco Central como inversión de cartera registrados a su precio de compra o a valor de mercado? ¿Por qué a alguien con ¢1.000 millones se los compran a un precio, pero quienes tengan inversiones pequeñas o grandes, de ¢50 millones o ¢2.000 millones, deben soportar las fluctuaciones del precio de mercado?
El gran riesgo, en las condiciones actuales de incertidumbre, quienes quieran cambiar sus inversiones de colones a dólares, sin estar dispuestos a obtener pérdidas en la liquidación de sus títulos en colones, podrían encontrar en este mecanismo una tabla de salvación.
El Banco les da liquidez y, de inmediato, les dan vuelta y los convierten a dólares, para sacarlos del país o cambiarse de moneda, con una nueva emisión de colones al vender los dólares.
El nuevo artículo de la ley establece que los títulos o valores mobiliarios que compre el Central deberán reunir como condiciones ser de “primera clase, de absoluta seguridad y liquidez y de transacción normal y corriente en el mercado".
Obviemos la clase y la seguridad. Sigamos soñando con los bonos de Gobierno con esas características.
Lo de absoluta liquidez y transacción normal y corriente en el mercado es cuestionable. Precisamente, la razón aducida es su falta de liquidez, cuando menos al precio deseado por los vendedores, y, por tanto, no cumplen las otras restricciones.
El mecanismo utilizado en la compra, aunque haya sido “ciego”, podría prestarse para malas interpretaciones, presunciones inconvenientes y teorías conspirativas. La justicia es ciega, pero de vez en cuando se sube un poquito la venda.
En todo país civilizado, las operaciones de mercado abierto se usan para manejar la oferta monetaria, no para evitar fluctuaciones en los precios en las bolsas o en el mercado financiero. El mecanismo es transparente y se lleva a cabo mediante subastas previamente anunciadas para dar oportunidad de participar a todos los tenedores de esos títulos. El precio sale de ahí. ¿Será posible esto en Costa Rica?
El autor es economista.
