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La subordinación de las mujeres en Texas

Según la ley, una madre que lleva a su hija a una clínica puede ser demandada, pero un violador no, por ejemplo

En 1984, la jueza de la Corte Suprema de Estados Unidos Ruth Bader Ginsburg (1933-2020) dio una conferencia sobre por qué Roe vs. Wade, la decisión de la Corte de 1973 de reconocer un derecho constitucional al aborto, fue una decisión equivocada. El caso, explicó, nunca debió haberse encuadrado como una cuestión de privacidad o de elección reproductiva solamente: el aborto era en el fondo una cuestión de igualdad de género.

Treinta y siete años más tarde, Texas está reconociendo el argumento de Ginsburg en su ley de aborto draconiana y potencialmente transformadora. Si la Corte Suprema respalda la ley —acaba de oír argumentos orales sobre si permitir o no proceder con dos impugnaciones legales—, retrotraerá las relaciones de género a una era que precede la memoria viva de la mayoría de los estadounidenses.

La ley de Texas, Proyecto de Ley del Senado 8 (SB 8), no solo prohíbe el aborto después de seis semanas, también, empodera a los ciudadanos comunes a demandar a cualquiera que colabore con un aborto o lo incite: un empleador cuya paga se utilice para solventarlo, un conductor que lleva a alguien a alguna parte o un padre o pareja que ofrece un hombro donde llorar.

La responsabilidad no exige ninguna evidencia de intención. El conductor del taxi que involuntariamente lleva a una persona a mitad de camino de una clínica de abortos es susceptible de una multa mínima de $10.000. La ley de Texas probablemente sea un modelo para una regulación sobre el aborto si la Corte Suprema utiliza las impugnaciones presentadas para revisar Roe vs. Wade. Florida y Ohio ya están ansiosos por implementar leyes que permitan «remedios» privados análogos para restringir el aborto.

Como era de suponerse, la ley de Texas ya ha provocado una vigilancia intensiva de los prestadores de servicios de aborto. Pero la SB 8 probablemente tenga una consecuencia más amplia y más insidiosa si se la aprueba. Someterá a las mujeres a una vida de vulnerabilidad y miedo frente a cualquier posible querellante autorizado a demandar, que, según lo define la propia ley, puede ser prácticamente cualquiera.

Esto afecta directamente no solo la elección reproductiva, también, crea, de tres maneras diferentes, una relación de dependencia y, en definitiva, de subordinación para las mujeres. Las deja en una condición inherentemente desigual y degradante, un resultado que es en gran medida independiente de los efectos de la ley en el aborto.

Para empezar, la SB 8 consentirá una vigilancia invasiva de las mujeres por parte de empleadores, comerciantes y conductores de viajes compartidos, empleados de farmacias y funcionarios bancarios. Según la SB 8, toda esta gente de pronto tiene un interés pecuniario en saber si las mujeres están embarazadas antes de ayudarlas.

Los extraños, no menos que los amigos estrechos, tendrán un interés material en saber sobre la vida sexual de una persona. La ley pone en peligro la privacidad sexual que tanto les costó conseguir a las mujeres, estén embarazadas o no. Esta pérdida de privacidad sobre decisiones sexuales y corporales íntimas quizá sea especialmente profunda en el caso de las mujeres más pobres y socialmente marginadas, que dependen desproporcionadamente de interacciones con otros en sus vidas cotidianas.

Asimismo, los incentivos financieros de la SB 8 probablemente inciten a una mayor vigilancia digital por parte de empresas que quieren evitar asumir una responsabilidad, así como una explotación más vigorosa de los macrodatos para discernir el estatus reproductivo de las mujeres.

Muchas empresas ya tienen sistemas de vigilancia amplios del lugar de trabajo (que en muchos casos se expandieron durante la pandemia) que pueden obtener evidencia de embarazo. Otras tienen programas de bienestar que captan datos sobre movimiento, índice de masa corporal y otros indicadores biológicos a partir de los cuales se puede inferir un embarazo. Los empleados reacios al riesgo pueden fácilmente reutilizar estos sistemas de monitoreo del lugar de trabajo que hacen un fuerte uso de datos para detectar embarazos.

La ley de Texas les da a actores privados la licencia y el incentivo financiero para ejercer un grado de control sobre los cuerpos y la privacidad sexual de las mujeres que no pueden ejercer con respecto a los hombres. Esto también afecta a las personas transgénero, que pueden tener razones relacionadas con la seguridad para querer ocultar su sexo en el lugar de trabajo, y que hoy tienen menos posibilidades de mantener su identidad en privado.

El segundo efecto es aún más íntimo. Del umbral de la casa para dentro, la SB 8 golpea directamente el apoyo emocional y la confianza que la familia, el matrimonio y la relación de pareja supuestamente deben ofrecer. Una mujer que le dice a un padre o a su pareja que tal vez se someta a un aborto corre el riesgo de hacer que esa persona se vuelva financieramente responsable. Además de robarles a las mujeres su privacidad sexual, la SB 8 deshace los lazos de amor y cuidado que nos sustentan a muchos de nosotros y les dan sentido a nuestras vidas.

Las amistades también estarán comprometidas. ¿Qué pasa si una mujer le pide dinero prestado a un amigo o le dice que la lleve a la vecina Oklahoma? ¿El amigo ahora debe preguntar si es para un aborto? Contrariamente al precepto bíblico, la SB 8 hace que todos asuman una responsabilidad, pero de una manera inicua y egoísta.

Finalmente, y más preocupante, la SB 8 no presenta ninguna excepción para la violación. Según la ley, una madre que lleva a su hija a una clínica puede ser demandada, pero un violador no.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, ha dicho que una excepción por violación es innecesaria porque las violaciones siempre son procesadas. Esto sería absurdo si no fuera tan horripilantemente erróneo. A escala nacional, una mayoría de las víctimas de ataques sexuales ni siquiera reportan el delito ante los agentes del orden. Texas no es diferente.

La SB 8 hará que la crisis de una aplicación inadecuada de la ley se agrave, posiblemente mucho. Como la ley hace que a las mujeres les resulte costoso compartir confidencias, incluso con la familia y amigos estrechos, aumenta la presión para que guarden silencio después de experimentar violencia sexual, lo que redunda en que sea menos probable que la reporten.

De manera perversa, la ley crea un incentivo para que los atacantes varones provoquen un riesgo de embarazo como una manera de silenciar a sus víctimas.

La ley deja a las mujeres en una condición comprometida y subordinada, aún menos libres que antes, en comparación con los hombres, para vivir sin una mayor vigilancia y sometidas, sistemática y singularmente, a los caprichos de otras partes privadas. Lo que Jacqueline Rose del Instituto Birkbeck para las Humanidades de la Universidad de Londres ha dicho sobre el acoso sexual de las mujeres también es válido para la SB 8: «No es simplemente para controlar los cuerpos de las mujeres, sino también para invadir sus mentes».

Creemos que el objetivo de la SB 8 va aún más allá. Su intención es confinar a las mujeres a una posición inferior en la sociedad. Ginsburg tenía razón: el derecho a la libertad reproductiva es esencial para la igualdad de las mujeres.

Chiara Cordelli es profesora asociada de Ciencia Política y Aziz Huq es profesor de Derecho, ambos en la Universidad de Chicago.

© Project Syndicate 1995–2021

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