La denuncia contra el arzobispo de San José, José Rafael Quirós Quirós, y su antecesor, monseñor Hugo Barrantes Ureña, por encubrimiento de abusos se tramita en el Vaticano, ante las máximas autoridades de la Iglesia católica.
“La cosa (la denuncia) se fue y está en evaluación. Necesita tiempo, no se resuelve en un día. Se necesita escuchar a las partes”, manifestó el nuncio apostólico.
La Congregación para la Doctrina de la Fe será el tribunal encargado de realizar la investigación. La pena máxima que puede interponer es la expulsión definitiva de la organización religiosa, si concluye que hubo incumplimientos de las normas de la Iglesia.
Fue precisamente Antonio Arcari quien recibió la queja interpuesta por Anthony Venegas y Michael Rodríguez el 21 de agosto anterior.
Venegas denunció que desde el 2003 informó a Quirós de presuntos abusos y violaciones por parte del sacerdote Mauricio Víquez Lizano. Él era monaguillo de la parroquia San Juan Bautista de Patarrá de Desamparados, en San José.
No obstante, no fue hasta 15 años después que las autoridades eclesiásticas decidieron suspenderlo de la labor sacerdotal.
Para el 2003, José Rafael Quirós era vicario general de la curia metropolitana, y él, supuestamente, trasladó la queja al entonces arzobispo de San José, monseñor Hugo Barrantes. Este último está retirado desde 2013.
De acuerdo con las autoridades eclesiásticas, Barrantes decidió remover a Víquez del “oficio de párroco” tras aquella denuncia. La medida, sin embargo, no le impidió continuar con labores sacerdotales, pues Víquez fungió como vocero de la Iglesia en temas de familia, incluso ante medios de comunicación.
Posteriormente, en 2016, y ya con tres años como arzobispo, José Rafael Quirós tomó la decisión de restringir “un poco más” el ejercicio sacerdotal de Víquez, y le impidió celebrar sacramentos por “conducta homosexual con adultos”, según relata la relación de hechos presentada por la propia curia. No obstante, el padre continuaba ligado con las labores eclesiásticas.
No fue sino hasta mayo de 2018, cuando finalmente la Iglesia católica tomó la decisión de suspender al sacerdote, mientras se resuelven las nueve denuncias en su contra, que también tramita el Vaticano.
Michael Rodríguez, quien fue monaguillo en la parroquia Nuestra Señora del Pilar, en Tres Ríos de la Unión, Cartago, también denunció al cura por presuntos delitos sexuales y también se sumó a la denuncia por encubrimiento contra Quirós y Barrantes.
Contra el cura también pesa una denuncia penal interpuesta por un joven de 27 años, quien asegura que Víquez abusó sexualmente de él cuando era menor de edad. De los hechos conocidos públicamente, esta es la única causa que no ha prescrito.
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