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El ICE dio a conocer este jueves un drástico plan de ahorro para su negocio de electricidad por el cual prevé ahorrarse hasta ¢110.000 millones al 2024, lo que daría condiciones para una rebaja en las tarifas que cobra a sus abonados.
El detalle de las medidas las anunció Hazel Cepeda, gerenta general del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), en el Congreso de Energía y Ambiente 2020 que organiza la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR).
En su intervención, Cepeda fue categórica en señalar que estas acciones ayudarían a bajar los recibos de luz.
Las medidas propuestas incluyen impulsar nuevos programas de movilidad laboral voluntaria, aumentar la importación de energía del Mercado Eléctrico Regional, vender activos y recortar personal.
Además, se sacará de operación la Planta Térmica de Moín en Limón, en el 2022, lo que representaría ¢3.922 millones de ahorro.
Para Cepeda; sin embargo, las acciones más fuertes para aminorar costos serían un amplio recorte en la compra de energía a proveedores privados y una reconversión profunda en todos los procesos de generación y distribución eléctrica del Instituto; incluidas mejoras a nivel de tecnología.
Solo en esas áreas, el ICE prevé pasar de un ahorro por ¢9.992 millones al cierre de este año a ¢90.873 millones de ahorro acumulado al 2024 (¢80.881 millones). De ese monto, 65% (¢52.645 millones) lo aportaría la menor compra de energía a generadores privados.
“Estamos convencidos de que existe muchísimo que podemos reducir en materia de procesos, metodologías y todo muy alineado a la eficiencia de contratación de bienes y servicios”, justificó la gerente al adelantar que vienen años de disminución de costos operativos.
En ese ruta, la previsión es que se podrían lograr ahorros acumulados por encima de los ¢5.000 millones al 2024 solo en contrataciones de otros bienes y servicios, alquileres (no más de vehículos, por ejemplo), eventuales salidas de personal y ventas de activos.
La gerenta aseguró que las previsiones no comprometen la prestación del servicio al apuntarse a una mayor dosis de tecnología en los procesos, aprovechamiento de plantas propias del Instituto y más dinamismo en la importación de energía desde Centroamérica.
“Lo que necesitamos es más participación en el mercado eléctrico, ser más agresivos e intensos para generar un enfoque diferente. El ICE ya no como un constructor, ya tenemos la plataforma hecha. Necesitamos un ICE más agresivo y más puntual en llegar a distintos segmentos de la economía y así ganar más mercado”, explicó.
La funcionaria recalcó que ya el Instituto dejó atrás su etapa como constructor, de forma que su área de infraestructura y construcción se orientará a nuevos negocios y actividades en tanto ello aporte ingresos.
“Queremos reorientar los esfuerzos de esta área. Hemos venido haciendo esto en forma paulatina, pero la idea es tratar de trabajar con recurso humano en donde haya proyectos y, donde no, pues evidentemente se tendrá que asignarse a otras tareas o simplemente darle esa movilidad natural de entrada y salida de recursos según se necesite”, explicó.
El Instituto reconoció sus números rojos al de 2018, cuando encaró pérdidas contables por ¢314.000 millones. Para entonces, la presidenta ejecutiva, Irene Cañas, se comprometió a ejecutar “medidas rápidas para sanear las finanzas”.
Para el 2019, los reportes financieros evidenciaron una mejora, pero fue en enero pasado cuando Cepeda aseguró que el 2020 sería “el año de la eficiencia”.
Arrendamiento y activos
En el plan de ahorro también está incluida una disminución en el pago de cuotas por los arrendamiento de la planta hidroeléctrica Toro III (Alajuela) y la térmica de Garabito (Puntarenas) donde se espera un ahorro de ¢3.041 millones al cierre del 2021.
Cepeda prevé además la venta en los siguientes años de “maquinaria en perfectas condiciones” y actualmente ociosa. Según espera, al 2022 eso le habrá generado ingresos acumulados por al menos ¢5.025 millones.
“Estamos vendiendo a nivel interno pero estamos apuntando sobre todo al mercado suramericano, donde hay apetito por nuestra maquinaria. Esto le inyectaría flujo de caja a las finanzas. La pandemia nos ha ayudado a determinar que hay grandes oportunidades”, indicó.
Apenas en febrero, Cepeda anunció la intención del ICE de vender o alquilar sus propiedades ociosas entre más de 3.000 que posee, en busca de más liquidez.
El proceso para este año sería identificar aquellos inmuebles que no cumplan funciones estratégicas y hacerles inspecciones y avalúos. Están descartadas las plantas de generación.
La proyección es que genera una ganancia equivalente a no menos del 10% del valor económico del conjunto total de propiedades.
Roberto Jiménez Gómez, regulador general de servicios públicos e invitado también al Congreso, celebró las declaraciones de Cepeda.
“Escuchando ahora al ICE, realmente nos llena de complacencia que se haga. Hace cuatro años, llamamos a las empresas a un mayor control de los costos de inversión, reajuste de deudas, la venta de activos no útiles para el servicio público. Hoy ya el ICE da esos pasos muy importantes y muy satisfechos porque esos lineamientos ya dan fruto”, comentó Jiménez en la actividad.
Jiménez anunció que, desde el punto de vista regulatorio, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) seguirá insistiendo en que el Centro Nacional de Control de Energía (Cence), hoy adscrito al ICE, goce de mayor independencia respecto a esa empresa regulada al momento de despachar energía al Sistema Eléctrico Nacional (SEN).
Según el regulador, “pronto daremos señales en ese sentido”.
“La idea es que sean las plantas más eficientes y, con ello, las más ahorrativas para brindar la energía, las que más aporten al servicio”, expresó Jiménez quien, unos minutos después, advirtió que la Aresep se fijará cada vez más en la eficiencia de las empresas reguladas y comparaciones entre ellas, antes de aprobarles ajustes tarifarios.
Carlos Montenegro, director ejecutivo de la CICR, también se mostró complacido por la información dada por el Instituto. Los industriales son uno de los sectores más vehementes en el reclamo por una baja en las tarifas.
“Estamos muy contentos que hay un esfuerzo y una hoja de ruta para bajar los costos y mejorar la eficiencia. Esperamos que esto se refleje en una tarifa más competitiva y lo antes posible", dijo.
Según Montenegro, con base en las informaciones que la Aresep pidió al ICE para realizar un ajuste de oficio, la Cámara estima una rebaja para el consumidor final de al menos 12%.
"Con todos anuncios de Cepeda y Jiménez hoy, ojalá la reducción sea mucho más sustancial”, manifestó.
Giro ‘sólido y contundente’ en telefonía móvil
La gerenta general de la empresa pública también divulgó medidas en curso para el negocio de telecomunicaciones, las cuales tendrían efectos en la salud financiera de la institución.
Se consideran programas de movilidad voluntaria, así como la búsqueda de mayor eficiencia en el uso y rendimiento económico de las torres de telecomunicaciones y la red de postes ligada a ese servicio las cuales, en parte, se alquilan a otras empresas en el mercado.
Otra meta en telecomunicaciones se vincula con la distribución de los costos por mantenimiento de la red fija de telefonía.
“El ICE carga solo a sus espaldas el costo de mantener la red tradicional de telefonía fija, pero existen diferentes iniciativas cuyo propósito es que exista un equilibrio en el mercado en donde todos los actores tengan participación en la cuota y no recaiga solo en el ICE”, apuntó.
No precisó a cuáles actores se refería o en qué consistían las iniciativas, las cuales, de consolidarse, implicarían un ahorro anual estimado en ¢6.500 millones.
También trabajan en el comercio de celulares en sus planes y con ello elevar su participación de mercado.
“Lo que hicimos es sentarnos con todas las casas proveedoras de celulares a negociar directamente con cada una, para poner al ICE en mejores condiciones la cantidad, calidad y precio de los aparatos, según nuestras necesidades y pasar la página a aquella época cuando únicamente nos limitábamos a tomar el pedido como llegara”, adelantó.
La funcionaria prometió que el ICE dará un giro comercial “sólido y contundente” a su negocio de telefonía móvil, con la inyección de hasta ¢15.000 millones anuales de subsidio en celulares vendidos con sus planes de telefonía.
