EscucharLa Superintendencia General de Entidades Financieras amplió el plazo de intervención a la Cooperativa Aserriceña de Ahorro y Crédito (Coopeaserrí) hasta el 31 de agosto de este año, con el fin de valorar una propuesta que evitaría la disolución de la entidad.
Johnny Salazar, interventor titular de Coopeaserrí, explicó que el plazo se dio pues surgió una posible solución de último momento y necesitan un tiempo prudencial para que las partes puedan analizar y determinar la razonabilidad de la oferta.
"Lo que tenemos es una nota que nos enviaron (de un posible ente interesado en financiar a la cooperativa), solicitando el plazo prudencial para plantear una solución, esa nota la remitimos al Conassif y a raíz de eso consideraron dar un plazo más para analizarla", explicó Salazar.
El interventor dijo que no conoce en qué consistiría la propuesta, pues esta semana será cuando reciban la oferta. Además, no puede dar detalles de cuál es el ente que aportaría fondos a Coopeaserrí.
Según dijo, en caso de que esta entidad logre concretar sus intenciones de ayudar a la Cooperativa se podrían dar muchas alternativas, por ejemplo que se reactive la cooperativa, que se logre pagar a los inversionistas la totalidad de sus ahorros, que se de un aporte de patrimonio o que se de una adquisición de activos o pasivos. Eso dependerá de la oferta que haga.
"Hay muchas opciones, pero se necesita la voluntad de las partes y el aporte de dinero para poder darle fuerza a la Cooperativa", añadió.
Mientras dure la intervención, la Sugef continúa fungiendo como administradora de la cooperativa en su totalidad, realiza el cobro de los créditos y sería la encargada de gestionar una posible disolución en caso de que se llegara a dar, con forme establece la ley.
Coopeaserrí permanece intervenida desde el 2 de febrero, luego de que el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), ordenara la ejecución de este proceso por un plazo de 90 días.
La medida se tomó a causa del incumplimiento del índice de suficiencia patrimonial, la reducción del patrimonio en un 100% y ante una gestión que ponía en riesgo la seguridad y solvencia de la Cooperativa.
Unos 7.000 asociados se vieron afectados por esta acción, pues desde entonces no pueden retirar sus ahorros o continuar tramites de bonos de vivienda.
La entidad tiene bienes por cerca de ¢1.000 millones, pero suma deudas por más de ¢4.500 millones, por lo que requiere al menos ¢3.800 millones para salvarse de la disolución.
