127 personas acuden cada día a los juzgados de violencia doméstica para solicitar medidas de protección luego de sufrir agresiones o ante la amenaza de que ocurran.
De acuerdo con las cifras del Poder Judicial, el año pasado ingresaron 46.383 peticiones de ese tipo.
Del total del solicitantes, cerca del 80% eran mujeres y 20% hombres.
Esas medidas pueden incluir además del impedimento al agresor para acercarse a la casa, lugar de trabajo o estudio de la víctima, prohibirle que porte armas, quitarle la guarda crianza de los hijos menores de edad e incluso fijar una obligación alimentaria en favor a las víctimas, si se demuestra que estas dependen de él.
Así lo establece la Ley contra la Violencia Doméstica 7586, la cual tiene como finalidad proteger a las víctimas de agresiones físicas, psicológicas o patrimoniales que se producen dentro del núcleo familiar.
De acuerdo con la magistrada María Elena Gómez, quien es la coordinadora de la Comisión Interinstitucional de Seguimiento a la Violencia Doméstica del Poder Judicial, cuando se da un episodio de violencia doméstica la víctima puede solicitar las medidas de protección, las cuales se conceden por un año y son de aplicación inmediata.
"En ese año el juez está obligado a dar seguimiento, ya sea llamando a la víctima, haciendo visitas domiciliarias o citándola al despacho, para que ella manifieste qué está pasando. Y lo que tenemos noticia es que la gran mayoría está siendo eficaces, de que se está cumpliendo; y cuando hay un incumplimiento o situación de riesgo, la víctima o algún vecino puede acudir a un juez para manifestarlo o bien denunciar ante la Fiscalía”, explicó.
Esa función recae sobre 12 juzgados especializados en violencia doméstica y 63 juzgados mixtos que también tienen competencia para aplicar la ley, distribuidos en todo el país.
Gómez explicó que el Poder Judicial se ha preocupado por dar a los juzgadores las directrices y protocolos de manera que, cuando la persona ofendida se presenta, la aplicación se haga inmediatamente. Luego, se realiza el proceso para que las partes ofrezcan pruebas y el juez decida si mantiene dicho recurso de resguardo.
Para la magistrada, el aumento que se ha venido dando en los últimos años en relación con este tipo de solicitudes, responde a mayor divulgación.
“Si comparamos de este momento a hace 10 años, la protección se ha maximizado, en los despachos tenemos jueces más sensibles y capacitados”, dijo.
Según dijo, además cuentan con apoyos en equipo social y psicología.
“No basta con ordenar la medida y que se quede en el papel, en ese año tiene que darle seguimiento a si se está aplicando, ya sea por medio personal o de los equipos de trabajo social (...) la policía también da un apoyo importante a los seguimientos.
La institucionalidad hace todo lo posible para dar esa seguridad y proteger a las víctimas, desgraciadamente hay situaciones que se dan y ocurren hechos lamentables”, dijo. En lo que va del 2018 se han registrado 11 asesinatos de mujeres considerados feminicidios, la mayoría de los cuales fueron precedidos por violencia en su hogar.
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Según los datos del Sistema Unificado de Medición Estadística de la Violencia de Género, la mitad de las medidas de protección se levantan porque transcurre el año de plazo.
Gómez añadió que solo en casos específicos de riesgo muy bajo y previa una exhaustiva investigación se suspende por solicitud de la víctima.
Dicho informe, en el que se recopilan datos de varias instituciones, también reveló que el incumplimiento de estas medidas y el “maltrato” son las principales causas de denuncias por delitos contra la Ley de Penalización de Violencia contra las Mujeres.
En el caso del incumplimiento, durante el 2016 este ocurrió en el 36% de los casos.
Ese mismo documento, que recopiló cifras para los cinco años comprendidos entre enero del 2012 y diciembre del 2016, también reveló que entre los tipos de delitos cometidos por las personas sentenciadas por la Ley de Penalización de Violencia contra las Mujeres, alrededor de un 80 % incumplieron una medida de protección.
Sin embargo, de acuerdo con Gómez, dichas cifras no significan que las medidas sean ineficaces, pues ese porcentaje corresponde a unos 400 casos del total de sentencias emitidas por infringir esa ley.
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Es decir, mientras que se fijan 48.000 medidas al año, se sentencia a 400 personas por incumplirlas.
Apoyo clave
Además de la labor de los jueces para fijar los recursos de resguardo necesarios de manera inmediata, la Fuerza Pública resulta el aliado más estratégico cuando se trata de la protección de las víctimas y el cumplimiento de esas medidas.
Son los oficiales de este cuerpo policial quienes se encargan de atender en sitio los hechos de violencia que son reportados; además, cuando la víctima no acude a la instancia judicial para solicitar la protección, ellos pueden actuar de oficio si lo consideran un caso de alto riesgo.
Posteriormente, es también la Policía quien realiza las notificaciones a los agresores para que se abstengan de acercarse a las víctimas y prestan apoyo en los seguimientos para determinar si estas se están cumpliendo e intervienen con la detención del agresor si este las infringe.
Según los datos del Ministerio de Seguridad Pública, en lo que va de este año han realizado 1.927 informes policiales por violencia doméstica, y más de 16.100 notificaciones a agresores.
Raúl Morales, encargado del Programa de Vigilancia Intrafamiliar del Ministerio de Seguridad, coincidió en que las medidas son efectivas.
En estos seis meses, los oficiales han realizado 2.549 seguimientos, que consisten en visitas a la casa de la víctima y hasta consultas a vecinos o allegados.
Se han pasado a la Fiscalía a 871 personas por desobedecer dichas condiciones.
Los oficiales también les explican a las víctimas sobre cómo elaborar un plan de contingencia y seguridad con sus vecinos y círculos cercanos de apoyo, con el fin de que si ven al agresor acercarse o ingresar a la vivienda notifiquen a las autoridades.
La policía también realiza seguimientos especiales cuando el Ministerio de Justicia notifica que un agresor que cumplía pena por violencia doméstica, va a ser puesto en libertad, con el fin de que la víctima vuelva a ser protegida.
De acuerdo con Morales, una de las principales razones de incumplimiento es el mismo ciclo de la violencia.
“La sociedad achaca a que es un problema de la víctima, cuando en realidad hay factores sociales que no permiten que la mujer rompa ese ciclo”, dijo.