Presidente municipal de San Carlos aseguró que ‘la solución no es solo atender el problema del agua potable’, pues hay problemas adicionales como el trasiego ilegal de productos tóxicos
El presidente del Concejo Municipal de San Carlos, Juan Diego González, visitó Crucitas este martes 28 de febrero, para constatar las secuelas que ha dejado la minería ilegal en las comunidades.
El presidente del Concejo Municipal de San Carlos, Juan Diego González, visitó Crucitas este martes 28 de febrero, para constatar las secuelas que ha dejado la minería ilegal en las comunidades. (Tomada de Facebook / MSP)
El presidente municipal de San Carlos, Juan Diego González, relató en el programa Hablando Claro,de Columbia,el caos y el abandono que aquejan a Crucitas y otras comunidades afectadas por la minería ilegal de oro, lo que ha motivado la aparición y el crecimiento de otras problemáticas sociales.
González visitó los pueblos fronterizos ayer, martes 28 de febrero, luego de que el Concejo Municipal sancarleño solicitara al presidente de la República, Rodrigo Chaves, declarar emergencia nacional por las elevadas mediciones de mercurio en el agua de consumo humano.
“Ya no sólo es un tema de consumo de agua. Alrededor de esta extracción ilegal de oro, hay una serie de problemas sociales que están plenamente identificados. Se habla de asesinatos de personas que extraen ilegalmente el oro, los entierran en la misma finca”, dijo el regidor.
El edil también alertó del tráfico ilícito de productos tóxicos como mercurio y cianuro, así como de problemáticas sociales como la prostitución y el consumo de drogas.
En total, 13 comunidades son afectadas por estas situaciones, un aproximado de 2.500 personas.
“El abordaje de esta situación pasa primero por la extracción ilegal, pero a ello hay asociados un montón de problemas que tiene la zona fronteriza de San Carlos y que no están siendo atendidos”, añadió González.
El pasado mes de noviembre, la empresa Infinito Gold reanudó el proceso de arbitraje contra Costa Rica por la anulación de la concesión minera de Crucitas. La compañía reclama un pago de $400 millones. En ese momento, el presidente Chaves estimó que el litigio se extendería por dos años más, es decir, hasta finales de 2024.
Cuando eso ocurrió, el Gobierno dijo que, a raíz del nuevo proceso internacional, debía postergar la solución que anunciaría para Crucitas.
Sin embargo, para el regidor González, ese no es un argumento válido para que el Poder Ejecutivo postergue la atención de los problemas de salud pública que aquejan a Crucitas y comunidades aledañas.
“¿Cuál es la respuesta institucional? ¿Qué decisiones estamos tomando? ¿En qué influye que haya un litigio internacional para hacer un retén en una carretera y decomisar mercurio, para hacer operativos de control, para darle atención a los problemas de la ciudadanía? El argumento de que no hago nada porque estamos en un litigio internacional, no es válido”, alegó el regidor.
González remarcó que, para atender la problemática del agua contaminada con mercurio, es necesario construir tuberías desde Santa Rosa de Pocosol hasta Crucitas. Por eso, con el objetivo de contar con más recursos económicos y trámites expeditos, pidieron al Gobierno declarar emergencia nacional.
“Hay comunidades a las que no se puede acceder. A Chorreras el cisterna intentó ingresar tres veces y no lo logró. La maquinaria municipal está trabajando en estos caminos, pero hay un grave problema, y es que la época lluviosa va a entrar dentro de muy poco. Repartir agua en cisternas no es sostenible en el tiempo”, explicó el entrevistado.
Regidor alerta de posibles conflicto
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González declaró en Hablando Claro que el descontrol de la actividad minera en Crucitas podría provocar conflictos entre Costa Rica y Nicaragua, debido a que, desde San Carlos, personas estarían cruzando diariamente el río San Juan para entrar a la reserva biológica Indio Maíz y extraer oro ilícitamente.
“Hoy esta gente vive en el cantón de San Carlos, ahí acumulan el mercurio y tiene todo, cruzan el río (San Juan), extraen el oro y se devuelve”, dijo González.
El edil añadió que “hoy estamos en el peor escenario de todos. Hoy no hay ninguna medida de contención sobre la extracción, no hay medidas de protección. Ahí no hay ninguna medida, el Estado no tiene ninguna presencia de nada. Ahí estamos ante lo que quieran hacer unas personas que su único objetivo es extraer el oro, no les preocupan los habitantes”.
