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“Se presume que, con su actuar, violentó el deber de probidad al no velar por los intereses de la colectividad, sino por sus intereses particulares al solicitar al empresario Juan Carlos Bolaños Rojas colaboración para realizar un viaje a Upala en un helicóptero propiedad de la empresa Viajes Especiales Aéreos S. A. (Veasa), con lo que vulneró los principios de objetividad, independencia e imparcialidad, que deben regir el ejercicio de su función pública”, concluyó la procuradora Lissy Dorado.

En noviembre de 2016, el diputado liberacionista llamó al empresario para pedirle su helicóptero para volar hacia Upala en medio de la emergencia por el huracán Otto, según admitió el congresista en la comisión especial que investigó el caso del cemento chino en la pasada administración.

También, así lo había confirmado un piloto que laboró para Bolaños.

En esa audiencia, González alegó que, en su “desesperación” por acudir lo más pronto posible a los cantones que representaba, en particular Upala y Guatuso, llamó al importador de cemento, porque sabía que él tenía un helicóptero y ya le habían dicho, sin precisar quién, que en el aeropuerto Tobías Bolaños había un centro de operaciones por la emergencia.

Por otro lado, la PEP también exoneró al exdiputado por una denuncia que lo acusaba de intentar debilitar la investigación legislativa.

Este informe tomó por sorpresa al exdiputado, quien aseguró que no ha sido notificado de su existencia.

“En el caso de los otros dos hechos, cuando hablan de la relación con Bolaños debo subrayar que (la comunicación con él) ocurre después de otorgado el crédito del BCR y reformado el reglamento del cemento, por lo tanto, no tiene nada que ver con el "cementazo”, dijo González a La Nación, este martes por la noche.

“Y en cuanto al helicóptero, no se usó, estaba asignado a una función de interés nacional y había una tragedia en la zona norte que yo atendía como diputado, por lo tanto, la afirmación de que desatendí los deberes colectivos por los particulares no se sostiene”, añadió.

Presión a la CNE

Por su parte, a Wálter Céspedes se le achaca haber intervenido en un conflicto que tenía Bolaños por un contrato que la CNE le adjudicó para reconstruir la ruta Bribrí-Sixaola (ruta 36).

“Se presume que, con su actuar, violentó el deber de probidad al no velar por los intereses de la colectividad, sino del empresario Juan Carlos Bolaños al presionar a la presidenta de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) para que se resolviera el finiquito del contrato, con lo que vulneró los principios de objetividad, independencia e imparcialidad, que deben regir el ejercicio de su función pública”, dice el informe.

En entrevista con La Nación en octubre de 2017, Céspedes reconoció que, cuando era diputado en 2010, conoció a Bolaños en un tope y que, luego, establecieron una relación personal, pero que nunca le solicitó nada.

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“Él no me pidió nada, él me comunicó que la obra estaba paralizada porque no podía sacar materiales de una reserva indígena de Talamanca", dijo en aquel entonces.

El informe sobre Céspedes fue agregado a la investigación que lleva el Ministerio Público por estas mismas actuaciones, según la Procuraduría.

En medio de la investigación de la Fiscalía, el OIJ documentó 291 contactos telefónicos entre Wálter Céspedes y el importador de cemento chino.

La investigación se realizó a partir del informe que rindieron los diputados de la pasada administración por la investigación de este escándalo de supuesta corrupción que involucró los tres poderes de la República.

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Los informes de la Procuraduría de la Ética fueron recibidos este martes 2 de abril en la presidencia del Congreso.