Los diputados del Partido Liberal Progresista (PLP) promueven una consulta a la Sala Constitucional sobre el fondo de la “ley jaguar”, antes de que la Asamblea Legislativa decida si apoya la solicitud de referéndum del presidente de la República, Rodrigo Chaves, sobre este proyecto.
Así lo anunció el PLP mediante un comunicado de prensa este martes. El diputado Eliécer Feinzaig aseguró que lo más responsable es confirmar, de previo a autorizar un gasto de ¢3.500 millones para el referendo, si el proyecto de ley tiene vicios de inconstitucionalidad.
“Según la opinión de muchos expertos que hemos consultado, los artículos del proyecto tienen vicios inconstitucionales”, dice el comunicado. Según la Contraloría General, este plan permitiría al gobierno y a las instituciones evadir el control sobre los fondos públicos.
Desde el jueves anterior, los jefes del PLP y el Frente Amplio (FA), Luis Diego Vargas y Antonio Ortega, plantearon la duda sobre el momento correcto en que la Asamblea Legislativa puede hacer la consulta de constitucionalidad sobre un proyecto que se llevaría a referéndum, tal como lo autoriza el artículo 98 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.
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A los legisladores no les queda claro si esa consulta constitucional se puede hacer antes de votar el acuerdo de referéndum o si se puede hacer después, ya aprobado el acuerdo, cuando se traslade el proyecto al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
“Lo responsable es consultarlo para ir a la segura”, alegó Feinzaig. Además, consideró que, cuando se trata de proyectos muy complicados, el ejercicio habitual es enviar el texto a consulta a la Sala Constitucional.
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“Este caso no es una excepción, pues más bien hay visos de expertos de que los artículos del proyecto podrían tener roces. Este es un acto de responsabilidad, de cuidado del tiempo y de los recursos de los contribuyentes”, puntualizó el PLP.
Respecto a la consulta como tal, el partido la está elaborando con otras fracciones políticas. “Aún está en proceso y pronto estará lista”, respondió la fracción. Puntualizó que se remitirá el documento al Tribunal Constitucional apenas tengan las 10 firmas de rigor y antes de que se vote la convocatoria a referéndum.
