EscucharMarta Acosta Zúñiga, contralora general de la República, declaró este martes que la “ley jaguar”, la cual el gobierno de Rodrigo Chaves quiere llevar a referéndum, “es peor de lo que parece”. Eliminaría toda la etapa preventiva contra los actos de corrupción en las contrataciones públicas, advirtió.
“El panorama es bastante claro: se quiere quitar y, por tanto, evadir el control de los fondos públicos en detrimento de la eficiencia y la legalidad en el uso de los recursos que le pertenecen a todos los costarricenses. Calificar de fortalecimiento semejante cosa es pretender que la verdad no saldrá a flote y que nadie verá las intenciones reales de sus proponentes”, dijo Acosta después de comparecer ante la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa.
El 5 de junio, Chaves anunció lo que tituló como “Ley jaguar para impulsar el desarrollo de Costa Rica” (expediente 24.364), la cual sería llevada a una consulta popular cuya organización costaría, al menos, ¢3.000 millones ($5,7 millones). Esta propuesta de ley debilitaría los controles sobre la contratación pública que ejerce la Contraloría General de la República (CGR). De aprobarse, se le impediría a la CGR revisar la legalidad de los procesos de contratación antes de que estos sean ejecutados; solo se le permitiría actuar en forma posterior.
“Afectación muy grave al sistema de control”
La contralora explicó que la propuesta impulsada por el mandatario provocaría “enormes huecos” en el control de los fondos públicos, al grado de que la Asamblea Legislativa perdería la capacidad de ejercer control político sobre las actuaciones del gobierno mediante su órgano auxiliar, que es la Contraloría.
De acuerdo con el artículo 183 de la Constitución Política, la Contraloría “es una institución auxiliar de la Asamblea Legislativa en la vigilancia de la Hacienda Pública; pero tiene absoluta independencia funcional y administrativa en el desempeño de sus labores”. Por Hacienda Pública se entienden fondos públicos, su administración e inversión.
La contralora prevé que, de aprobarse la “ley jaguar”, las instituciones contratarían obras públicas a dedo, habría deuda pública sin registrar y sería imposible emitir alertas sobre ilegalidades evidentes en proyectos.
Sin embargo, no solo la Contraloría quedaría atada de manos para fiscalizar el uso del dinero público, sino que también las auditorías internas de las instituciones. “Es una afectación muy grave al sistema de control”, mencionó la jerarca en un pasillo del Congreso donde atendió a periodistas.
Con la “ley jaguar”, dijo, la CGR no tendría la potestad de sancionar o corregir irregularidades al investigar una denuncia presentada por diputados o por cualquier ciudadano. La reforma le impediría emitir órdenes o advertencias a las instituciones públicas, a diferencia de lo que ocurre en la actualidad, en que sus disposiciones son de acatamiento obligatorio para los funcionarios públicos.
Sin embargo, la versión del ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez Vives, es otra. Alegó que “el proyecto no tiene ninguna tentativa para disminuir las potestades de la Contraloría; más bien, queremos fortalecerlas para que no tenga discrecionalidad de escoger qué casos sí y qué casos no investiga, sino que tenga que investigar todos los casos. La ley jaguar viene a clarificar las competencias para que la Contraloría no pueda administrar”.
Empero, el abogado y excontralor general, Alex Solís Fallas, a quien la Casa Presidencial invitó a integrar un comité asesor del mandatario para convocar un referéndum, advirtió al grupo sobre la inconstitucionalidad de la “ley jaguar”. Solís señaló que es inconstitucional pretender disminuir o eliminar la potestad sancionadora de la Contraloría como propone el texto.
En igual sentido se pronunció el abogado constitucionalista Manrique Jiménez Meza, quien rechazó una invitación del gobierno para participar en ese comité de referéndum. Jiménez consideró que el proyecto que se quiere someter a consulta pública es inviable desde el punto de vista legal. En su criterio, es inconstitucional reducir las potestades de la Contraloría, como lo plantea la ley impulsada por Chaves. “Conocía que la temática iba a eliminar las potestades a la Contraloría General de la República, que definitivamente tiene un control permanente en cuanto al control de legalidad de la hacienda pública”, explicó.
Presupuestos de municipalidades y descentralizadas sin filtro
La contralora de la República agregó que, a diferencia de lo que ocurre ahora, la Contraloría ni siquiera podría improbar los presupuestos de municipalidades e instituciones descentralizadas cuando encuentre ilegalidades. Eso debido a que la “ley jaguar” pretende que solamente se realicen controles posteriores.
“No se podría parar presupuestos que no tienen suficiente contenido económico o que están mal estimados, como pasó en el caso del Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart)”, añadió.
Cuando el fiscalizado, en este caso el Poder Ejecutivo, pretende diseñar el modelo de control que se le aplicará, escoge justamente uno que sea débil y con menor alcance.
— Marta Acosta, contralora general de la República
Para la contralora, esta situación supone una abierta intención de “tener una Contraloría pintada en la pared” y una clara “invasión de las potestades legislativas” debido a que la Contraloría es órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa.
Para la jerarca, la “ley jaguar” crearía un sistema de control débil y de alcance limitado, en vista de que lo diseña el mismo ente fiscalizado, es decir, el Poder Ejecutivo. Acosta hizo hincapié en que se perderían los controles preventivos para detener potenciales ineficiencias, irregularidades o actos de corrupción.
Contraloría solo podría intervenir demasiado tarde
Marta Acosta precisó que la Contraloría no podría actuar a tiempo para evitar un perjuicio económico a la Hacienda Pública, sino únicamente hasta que se materialicen los daños y “sea demasiado tarde”.
Además, el control posterior sobre las contrataciones y actos públicos carecería de fuerza, porque la ley impediría hacer recomendaciones sobre el quehacer de las instituciones. “Entonces, díganme sobre qué vamos a recomendar”, dijo la contralora general.
Advirtió que los cambios impulsados por el gobierno también dejarían sin músculo a las auditorías internas, en vista que los controles internos van a ser solo de eficiencia y no de legalidad. “Eso quiere decir que me brinco los controles y la Contraloría no me va a decir nada o la auditoría interna tampoco”, agregó.
Consultada sobre si las modificaciones del gobierno propiciarían actos de corrupción, Acosta indicó que “esto abre puertas que han estado cerradas”.
Contratos a dedo y sin concurso público
Sobre la modificación al artículo 67 de la Ley General de Contratación Pública, impulsada por Chaves, la contralora Marta Acosta afirmó que permitiría contratar y arrendar inmuebles para obras públicas sin un concurso público abierto, limitando la participación de oferentes y sin certeza de que se escoge la mejor oferta.
Asimismo, la reforma abriría la puerta para que el país pueda contraer nuevas deudas sin controles ni aprobaciones legales, incluido el aval de la Asamblea Legislativa. Para la contralora, esta situación bajaría la credibilidad de las cuentas nacionales, produciría incertidumbre económica y una gestión fiscal ineficiente.
Con respecto a lo indicado en la “ley jaguar” sobre la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva), la jerarca aclaró que pretende cambiar la definición de alianza estratégica de la Ley General de Contratación Pública, que aplica para todas las demás entidades y proyectos públicos.
Bajo esta nueva interpretación, señaló Acosta, Japdeva podría escoger “a dedo” a los socios estratégicos con los que haría negocios públicos, evadiendo los procedimientos de contratación pública, lo que dejaría en duda el proceso de rendición de cuentas y la transparencia.
Finalmente, Acosta se puso a disposición de los diputados para atender la consulta del departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, como parte de la tramitación de la solicitud de convocatoria de referéndum que está bajo análisis del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
