Álex Solís Fallas, abogado que integró el comité asesor del mandatario Rodrigo Chaves para convocar un referéndum, advirtió al grupo sobre la inconstitucionalidad de la ley jaguar que se planea someter a consulta popular.
El excontralor general de la República (2004) y exdiputado del Partido Liberación Nacional (1986-1990) afirmó que entregó sus posiciones por escrito al grupo asesor del presidente. Solís señaló que es inconstitucional pretender disminuir o eliminar la potestad sancionadora de la Contraloría General de la República (CGR), como propone el expediente 24.364 que Chaves quiere llevar a referéndum.
También indicó que es inconstitucional eliminar o debilitar el principio de eficiencia y eficacia que corresponde fiscalizar a la Contraloría, así como reducir por vía legal la autonomía funcional y administrativa de esa entidad.
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Igualmente, considera que no se puede eliminar por la vía legal el refrendo o aprobación que la Contraloría otorga a las contrataciones públicas, porque esta potestad es parte de un precepto de origen constitucional, aunque él lo considere un “adefesio jurídico”.
De acuerdo con el artículo 183 de la Constitución Política, la Contraloría es responsable de “la vigilancia de la Hacienda Pública”. Sin embargo, la ley jaguar impediría a la Contraloría revisar la legalidad de los procesos de contratación antes de que estos sean ejecutados; solo se le permitiría intervenir de forma posterior.
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Usar el término ley jaguar es inconveniente, dijo
El exlegislador, de 66 años, también alertó sobre la inconveniencia de denominar el proyecto que se sometería a consulta popular como ley jaguar, pues considera que se debió emplear un nombre técnico que tenga relación con el contenido del proyecto.
Solís Fallas fue más allá: “No me parece que los asuntos sometidos a referéndum tengan la suficiente jerarquía para el movimiento ciudadano y el costo que, en todo sentido, implica una consulta referendaria”. El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) estimó que la organización de la consulta tendría un costo de unos ¢3.000 millones, que en este momento no están contemplados en el Presupuesto Nacional.
En el ADN constitucional de la Contraloría General de la República, se encuentra garantizar que la ejecución de obras responda a los más rigurosos criterios de eficiencia y eficacia. El dinero del pueblo no se puede desperdiciar”.
— Alex Solís, exmiembro del comité asesor de Rodrigo Chaves
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“También, dejé por escrito ante el grupo asesor del presidente que la eficiencia y la eficacia en la administración pública están estrechamente ligadas con la transparencia y la rendición de cuentas. No solo se trata de construir un hospital, un puente o una escuela. En el ADN constitucional de la Contraloría General de la República, se encuentra garantizar que la ejecución de dichas obras responda a los más rigurosos criterios de eficiencia y eficacia. El dinero del pueblo no se puede desperdiciar”, aseveró el excontralor.
Las advertencias de Solís coinciden con jurisprudencia de la Sala Constitucional de 1998, en la que ese tribunal consideró inconstitucional disminuir las potestades de la Contraloría mediante una ley ordinaria. El pasado jueves 6 de junio, un día después de que Chaves anunciara el inicio del proceso para el referéndum, la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, admitió en conferencia de prensa que tenía conocimiento de este antecedente de la Sala IV.
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Se trata del voto 998 de 1998, donde los magistrados declararon que, mediante reforma legal, se puede ampliar, aclarar o complementar las atribuciones de la Constitución Política, pero no rebajarlas, disminuirlas, suprimirlas o atribuírselas a otros órganos públicos.
El proyecto de ley jaguar también impediría a la Contraloría detener actos o contrataciones cuando detecte ilegalidades o irregularidades.
Natalia Díaz insistió en que, aunque existe el voto de 1998, lo “importante es intentarlo”.
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En el único punto en que Alex Solís sí estuvo de acuerdo es en que se prohíba a la Contraloría General de la República el ejercicio de funciones de administración activa o la potestad de emitir criterios de oportunidad y necesidad política.
Aseguró que prefirió hacer públicas las advertencias que hizo al grupo asesor de Chaves luego de que el abogado y exdiputado del Movimiento Libertario, Otto Guevara Guth, revelara quiénes formaron parte del comité asesor, lista que Solís creyó que se mantendría en privado.
En declaraciones a Diario Extra, Guevara dijo que, además de él y Álex Solís, también participaron en ese comité asesor los abogados penalistas José Miguel Villalobos y Juan Diego Castro, el constitucionalista Fabián Volio y la ex subcontralora Sylvia Solís, actualmente asesora de la diputada oficialista Pilar Cisneros en la Asamblea Legislativa.
La ley jaguar también dice que la Contraloría no podrá sustituir, abarcar, interferir, ordenar, interpretar, advertir, recordar, ni recomendar asuntos que corresponden exclusivamente a las competencias propias de la administración pública activa en toda su extensión.
La contralora general de la República, Marta Acosta, advirtió el mismo día que Chaves presentó el plan de ley jaguar que “es evidente que la iniciativa del Poder Ejecutivo se centra, casi por completo, en desmantelar las competencias y funciones constitucionales y legales de la Contraloría General; suprime ámbitos de control y restringe sus funciones sustancialmente en detrimento de la protección de los fondos públicos que le pertenecen a todos los costarricenses. Principios fundamentales como la rendición de cuentas y la transparencia en la función pública, conquistas significativas de esta sociedad, se verían seriamente perjudicadas con el cercenamiento de instancias de control vitales en la institucionalidad pública”.
