El presidente de la República, Rodrigo Chaves, propuso llevar a referéndum un proyecto de ley que debilitaría controles sobre la contratación pública, en específico los que ejerce la Contraloría General de la República (CGR).
El expediente 24.364, presentado este miércoles a la Asamblea Legislativa, impediría a la Contraloría revisar la legalidad de los procesos de contratación antes de que estos sean ejecutados; solo se le permitiría actuar en forma posterior.
Además, se le retiraría a la CGR la potestad de suspender la ejecución de actos y contratos del Estado cuando detecta irregularidades o ilegalidades. La propuesta de Chaves es que los procesos solo puedan suspenderse mediante orden judicial.
El proyecto establecería que la CGR “no podrá sustituir, abarcar, interferir, ordenar, interpretar, advertir, recordar, ni recomendar asuntos que corresponden exclusivamente a las competencias propias de la administración pública activa en toda su extensión”.
Agrega que tampoco podrá sustituir las competencias de la administración “en sus modalidades de función decisora, ejecutiva, resolutiva, directiva u operativa, ni podrá evaluar previamente la gestión administrativa”.
En el artículo 11 de la Ley Orgánica de la Contraloría, donde se describe el objetivo del control y la fiscalización sobre la Hacienda Pública, el proyecto invertiría el orden en que se expresan los fines primordiales del ordenamiento legal.
Hoy, el artículo establece, en primer lugar, el fin de garantizar la legalidad en el manejo de los fondos públicos y, segundo, la eficiencia de los controles internos. Con la propuesta, se priorizaría la eficiencia de los controles internos y, luego, la legalidad.
El proyecto cambiaría los artículos 4, 11, 12, 17, 22 y 38 de la ley 7428, Ley Orgánica de la Contraloría General de la República.
Cambio a la Ley de Contratación Pública
El texto, además, agregaría una reforma al artículo 67 de la Ley General de Contratación Pública, que el gobierno impulsa para contratar al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), sin concurso público, el desarrollo de Ciudad Gobierno.
Según la Contraloría, este texto abriría la puerta para las contrataciones a dedo en el Estado, en contraposición a los controles legales y el principio de concurso público fijado en la Constitución Política.
En la exposición de motivos de la iniciativa, se reconoce que uno de los principales objetivos del proyecto es la construcción de Ciudad Gobierno, un plan de $450 millones para reunir edificios de 14 ministerios y 4 instituciones en un terreno en las cercanías de plaza González Víquez. El BCIE desarrollaría las obras sobre terrenos públicos y, luego, alquilaría el uso de los edificios al Estado por 25 años.
La idea del Ejecutivo es que se autorice incluir, en las compras o arrendamientos de inmuebles por construir, en proceso de construcción o ya construidos, “servicios de diseño, construcción y obra”.
También, el texto busca autorizar el arrendamiento de ese tipo de bienes sobre terrenos públicos, sean de la administración arrendataria o de cualquier otra.
Por otra parte, el proyecto de ley habilitaría a la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) para que pueda incluir bienes inmuebles propiedad del Estado, o bajo su administración, en alianzas con otras entidades públicas o privadas, para desarrollar obras.
Ataques de Chaves a Marta Acosta
En medio de la presentación del proyecto de referendo, Rodrigo Chaves lanzó una gran cantidad de ataques a la contralora general, Marta Acosta, a quien acusó de emitir ocurrencias o caprichos, en relación con el proyecto de Ciudad Gobierno.
Se quejó de las advertencias de la contralora sobre presuntas ilegalidades en la forma en que el BCIE construiría Ciudad Gobierno sobre terrenos del Estado. “En la conversación que tuvimos, lo único que me dijo es que no. Entonces, esto fortalece a la Contraloría, quitando esos no”, dijo el mandatario.
Marta Acosta respondió que el presidente acude a ataques alevosos contra ella, sin fundamento y sin medida, cuando carece de argumentación técnica y jurídica.
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¿Cómo se hace un referendo?
Rodrigo Chaves solicitó a los diputados, este miércoles, apoyar la idea de someter a referendo este expediente, el cual llamó “Ley jaguar para impulsar el desarrollo de Costa Rica”.
La legislación establece que los congresistas pueden convocar a referendo, por sí mismos, con dos terceras partes de los votos (38); o bien, con mayoría absoluta (29 votos) más el apoyo del Poder Ejecutivo, como pide el presidente en este caso.
La otra vía es la iniciativa ciudadana, que requiere del 5% de firmas de los habitantes registrados en el padrón electoral. El presidente dijo que, en forma paralela, se impulsará esta recolección de firmas. Édgar Espinoza, esposo de la diputada Pilar Cisneros, pidió autorización al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) para recaudar las firmas.
La normativa solo permite realizar un referendo por año e impide que tenga relación con las materias presupuestaria, tributaria, fiscal, monetaria, crediticia, de pensiones, seguridad, aprobación de empréstitos y contratos, ni actos de naturaleza administrativa.
Además, se prohíbe la realización de un referendo seis meses antes y seis meses después de una elección nacional o municipal. Las próximas elecciones nacionales serán el 1.° de febrero del 2026.
Para que los resultados de un referendo sean vinculantes para el Estado, la ley exige que participe por lo menos un 30% de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral para la legislación ordinaria, y un 40% para los temas que requerían de aprobación calificada en el Congreso.
¿Cuáles temas quedan fuera del referendo?
Durante una conferencia de prensa, en la Casa Presidencial, la ministra de Planificación y Política Económica (Mideplán), Laura Fernández, explicó por qué el gobierno descartó someter a referendo otros proyectos mencionados por Rodrigo Chaves el 2 de mayo ante los diputados, como la venta del Banco de Costa Rica (BCR), una ley contra el sicariato, la de jornadas 4/3, la de armonización eléctrica e incluso la eliminación de tarifas mínimas de colegios profesionales.
Afirmó que se corría el riesgo de que todo se cayera si el TSE pedía recoger 180.000 firmas por cada proyecto.
“Habría que jalar camiones de camiones de papel y, mientras chequean las firmas, pues no...”, dijo Rodrigo Chaves.
