El gobierno de Rodrigo Chaves ha intentado evitar las normas de control en al menos siete procesos de contratación pública. En la mayoría de los casos, la Contraloría General de la República (CGR) intervino advirtiendo sobre ilegalidades.
Pista de aeropuerto Daniel Oduber
El gobierno otorgó a MECO un contrato de ¢21.800 millones, con un aparente sobreprecio de ¢1.000 millones, después de tomar una medida que impidió a la Contraloría fiscalizar el proceso de contratación.
En junio del 2023, en vez de realizar un concurso ordinario, el presidente Chaves y la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, incluyeron la pista de aterrizaje del aeropuerto internacional Daniel Oduber en el decreto de atención de la emergencia provocada por la tormenta tropical Bonnie, aunque esta había ocurrido casi un año antes, en julio del 2022.
Así lo hicieron a pesar de que los técnicos de la Dirección General de Aviación Civil señalaron que no había evidencia alguna de que la tormenta hubiera dañado la pista.
La inclusión de la pista en el decreto permitió que la contratación se hiciera mediante la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), con un aparente contrato a la medida para MECO, única constructora que cumplía con el requisito de experiencia exigido.
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Ciudad Gobierno
Para el desarrollo de Ciudad Gobierno, el Ejecutivo eligió al BCIE sin concurso público ni estudio de mercado o de factibilidad, a fin de que levante la obra sobre terrenos públicos y luego el Banco cobre al Estado el alquiler de los edificios por 25 años.
Desde setiembre del 2023, la Contraloría advirtió al gobierno de que el modelo escogido es ilegal, pues la Ley de Contratación Pública no permite que un tercero construya sobre bienes estatales y luego cobre, por el uso de la infraestructura, al propio Estado.
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Escáneres de Racsa
En diciembre del 2023, la Contraloría ordenó al Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) frenar de manera inmediata la polémica compra de escáneres que pretendía hacer, también sin concurso, a la empresa estatal Radiográfica Costarricense (Racsa). Según la CGR, había “yerros graves” que atentaban contra la transparencia.
La CGR determinó que el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) intentó hacer una contratación directa entre entes públicos sin cumplir con los requisitos de ley, como la elaboración de un estudio de mercado que determinara que la institución pública por contratar es la mejor opción.
Además, Racsa no provee escáneres, sino que se había aliado con un consorcio privado llamado Low Risk, mediante un procedimiento declarado confidencial.
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Venta del BCR
La propuesta inicial para la venta del Banco de Costa Rica (BCR) planteaba eximir al gobierno de aplicar las normas de contratación pública a la hora de contratar a la firma que asesoraría en el proceso de subasta.
El proyecto de ley también carecía de parámetros para la definición del porcentaje de comisión que recibiría la firma o persona encargada de la asesoría en la venta del Banco.
A raíz de las críticas de la Contraloría, que consideró que el plan constituiría una “huida de los controles” de transparencia, la mayoría de diputados rechazó el proyecto.
Caso Sinart
Diversas instituciones gubernamentales contrataron a la agencia de publicidad del Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart) para que manejara su pauta estatal.
En noviembre del 2023, la Contraloría ordenó a siete instituciones públicas finiquitar sus “relaciones contractuales” con la agencia de publicidad del Sinart, al determinar que no cumplían con “requisitos generales y específicos exigidos” en la Ley General de Contratación Pública.
En algunos casos, la Contraloría detectó la ausencia de estudios de mercado que justificaran la contratación y, en otros, que el objeto de la contratación era “indeterminado”, o bien, no se aportaron los planes de medios en donde se detallara cómo y dónde se iba a distribuir la pauta estatal.
Contratación INS-UNOPS
El Instituto Nacional de Seguros (INS) trató de contratar directamente a la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), por $44,6 millones, para la adquisición e implementación de nuevos sistemas informáticos, sin cumplir con los controles de transparencia necesarios en las contrataciones públicas.
En diciembre del 2022, la CGR rechazó la solicitud del INS de declarar confidencial el contrato. El órgano fiscalizador del Estado criticó al Instituto por no incluir en el contrato una cláusula que garantizara el acceso a toda la información necesaria para que los organismos de control estatales pudieran realizar su trabajo adecuadamente. La contratación, finalmente, no se llevó a cabo.
Decreto sobre Banca para el Desarrollo
Este mes de mayo, la Contraloría detectó que, mediante un decreto ejecutivo, el gobierno creó un mecanismo de contratación discrecional en el Consejo Rector del Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD).
Este mecanismo es contrario a la ley, por lo que ordenó al ministro de Economía, Francisco Gamboa, eliminar esta vía de contratación discrecional y otras extralimitaciones.
El decreto también permitió que el Consejo Rector del SBD aprobara operaciones crediticias, una función que la ley asigna a la Secretaría Técnica.
