El intento del gobierno por comprar escáneres antidroga, mediante una contratación a la empresa estatal Radiográfica Costarricense (Racsa), fue llevada a cabo de manera improvisada y poco transparente, señaló la Contraloría General de la República (CGR).
El órgano contralor rechazó la “contratación directa de terceros a espaldas de los procedimientos de contratación pública”.
Racsa no tiene escáneres, por lo que se asoció con un consorcio integrado por tres empresas. El Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), adscrito al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), se aprestaba a contratar a Racsa de forma directa hasta que, el miércoles, la Contraloría le ordenó detener el proceso de inmediato por contener irregularidades.
Rafael Picado López, gerente del área de Investigación para la Denuncia Ciudadana de la CGR, explicó que, contrario al fin que se persigue con el servicio de inspección, el mecanismo escogido por el Poder Ejecutivo genera diversos riesgos al país. Por tanto, exigió respeto al marco legal vigente.
El lunes, La Nación reveló que Braulio Venegas Dijeres, expresidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (Incop) fue el contacto entre Racsa y el socio para la compra de escáneres en un proceso declarado confidencial.
Venegas debió renunciar al Incop por su relación con un sospechoso de narcotráfico y lavado del Caso Corona.
Instituciones sabían de prohibición
El gerente de la Contraloría recordó que, desde el 13 de junio, esta institución advirtió a las entidades involucradas de que, mediante decreto ejecutivo, no se podía asignar a dedo el servicio de inspección.
“Por lo tanto, como corresponde, debía respetarse la Ley General de Contratación Pública y los principios constitucionales de contratación”, apuntó.
A pesar de estas advertencias, añadió Picado, se identificaron conductas contrarias, representando un riesgo para el buen uso de los recursos públicos.
Agregó que las instituciones contaban con tiempo suficiente para recurrir a los procedimientos de contratación correctos, pero escogieron una vía equivocada.
“De ahí que rechazamos de forma categórica cualquier insinuación mal intencionada y espuria respecto a las intenciones de la Contraloría, que lo que pretende es el respeto al marco jurídico vigente”, dijo.
Mario Zamora, ministro de Seguridad, lamentó el miércoles la decisión de la Contraloría y afirmó que esta genera una afectación, ya que impide disponer de un “dispositivo esencial para evitar que la droga se envíe de Costa Rica a terceros países”.
Picado recalcó que el intento por escoger a Racsa, mediante una contratación entre entes de derecho público, no es aceptable porque, en esos casos, la institución proveedora debe proporcionar el servicio por sí mismo, lo cual es jurídicamente incompatible con la figura de la alianza estratégica que tenía Racsa con otras empresas.
“Las excepciones a los procedimientos ordinarios de contratación nunca pueden ser utilizados como un mecanismo para la contratación directa de terceros a espaldas de los procedimientos de contratación pública. Lo anterior hace, por tanto, que se comentan yerros graves en el procedimiento cuestionado. Por ejemplo, la ausencia de un estudio de mercado que garantice el mejor uso de los fondos públicos”, señaló.
Radiográfica se había asociado al consorcio Corp Low Risk Costa Rica S. A., Distrivet S. A. y Productos y Procesos Industriales Propinsa Costa Rica S. A.
