EscucharLa Procuraduría General de la República (PGR) advirtió de la presencia de ambigüedades en un proyecto de ley que busca evitar la discriminación laboral hacia personas con tatuajes y perforaciones, o en general, por su apariencia física.
El abogado del Estado reconoció que, si bien la reforma puede proteger los derechos de trabajadores y empleadores, la propuesta debe especificar las circunstancias en que el patrono podrá imponer restricciones razonables, así como los casos en los que se aplicarían sanciones.
El proyecto propone una reforma al artículo 404 y la adición de un párrafo al artículo 410 del Código de Trabajo, con el objetivo de llenar vacíos legales y responder a fallos judiciales sobre la regulación de la apariencia de los trabajadores con tatuajes, cabellos de colores u otras características.
El artículo 404 es el que prohíbe la discriminación en el trabajo. Este plan agregaría la siguiente frase: “Esta prohibición será extensiva por motivos de vestimenta, tatuajes, perforaciones y otras formas de expresión corporal, siempre y cuando no comprometan el correcto desarrollo del trabajo, ni representen un riesgo para la salud, el interés público y no perjudiquen a terceros”.
Sin embargo, según la Procuraduría, el planteamiento no es claro y, por lo tanto, los casos seguirían sujetos a interpretaciones judiciales, como ha sucedido hasta ahora.
“El proyecto de ley sigue la línea adoptada por la jurisprudencia constitucional y laboral, introduciendo conceptos jurídicos indeterminados como ‘correcto desarrollo del trabajo’, ‘interés público’ y ‘daño a tercero’, que llevan a valorar casuísticamente, como ocurre en la actualidad, cuándo un patrono está en posibilidad o no de exigir normas de vestimenta y de imagen corporal”, manifestó la PGR.
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Por otra parte, el artículo 410 adicionaría un párrafo que obligaría a los empleadores a reparar e indemnizar de manera integral a las personas afectadas por discriminación en procesos de reclutamiento, selección, nombramiento y movimientos de personal.
La Procuraduría recomendó reconsiderar la inclusión de esta sanción porque no está justificada en la exposición de motivos del proyecto de ley. Además, subrayó que la propuesta no define los parámetros legales bajo los que se otorgará la reparación e indemnización asociadas a la sanción.
La exposición de motivos del proyecto sostiene que, en la actualidad, las personas con tatuajes, perforaciones o cabello teñido de colores están sujetas a enfrentar discriminaciones laborales, afectando sus oportunidades de empleo y estabilidad laboral.
El abogado del Estado recordó que la Sala Constitucional ha establecido que, según los artículos 5 y 71 del Código de Trabajo, los empleadores pueden implementar normas de vestimenta necesarias por razones de salud ocupacional, sanidad, integridad del producto o imagen corporativa.
Según el alto tribunal, estas regulaciones deben ser razonables y no discriminatorias, y su incumplimiento puede llevar a sanciones disciplinarias. Sin embargo, el empleador no puede imponer normas que vulneren injustificadamente los derechos de los trabajadores.
En marzo del 2023, al resolver un recurso de amparo de una empleada de la Caja de ANDE, los magistrados señalaron que los patronos pueden exigir a los empleados cubrirse los tatuajes con base en motivos razonables, como que el tatuaje atenta contra la moral universal, las buenas costumbres, la imagen y los valores del empleador.
La sentencia añade que se debe interpretar y justificar cada caso concreto por aparte. Además, el trabajador debe ser notificado por escrito.
Antonio Ortega, diputado del Frente Amplio y uno de los proponentes de la iniciativa, reconoció que el pronunciamiento de la PGR es valioso, ya que permitirá a los legisladores realizar mejoras al proyecto.
“Rescato el tema del principio general porque, en materia jurídica, estos principios son orientadores para que las personas juzgadoras tomen una decisión. Esto va de la mano con el señalamiento que ha hecho la Sala Constitucional de que los legisladores debemos regular este tema, porque en el Código de Trabajo no hay regulación al respecto y se deja a la libre decisión de parámetros sociables de los patronos”, explicó Ortega.
Según comentó el legislador, la no discriminación en el trabajo por la imagen corporal es un tema central para muchas personas jóvenes, en un contexto de elevado empleo informal y desempleo juvenil. Junto a su equipo, realizará los cambios necesarios para atender los estereotipos y así evitar esta forma de discriminación.
“Con mi equipo de trabajo vamos a valorar proponer mociones para incorporar mecanismos más concretos que eviten la discriminación más allá del principio que se está proponiendo agregar en el Código de Trabajo. Sin embargo, sí buscaremos mantener el tema de indemnizaciones cuando haya discriminación, porque es una forma de acceder a la justicia”, agregó.
El proyecto de ley presentado por el Frente Amplio también cuenta con el apoyo de Kattia Cambronero y Luis Diego Vargas, del Partido Liberal Progresista (PLP); así como el diputado Manuel Morales, de Progreso Social Democrático (PPSD).
