Tres asociaciones de pescadores del Pacífico emprendieron acciones legales contra el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) en un intento por disminuir el área protegida del Parque Nacional Isla del Coco y el Área Marina de Manejo del Bicentenario.
La Asociación Cámara Nacional de la Industria Palangrera, la Asociación Pescadores Palangre de Cuajiniquil y la Asociación Cámara de Pescadores Artesanales de Puntarenas interpusieron en la Sala IV una acción de inconstitucionalidad contra el Decreto Ejecutivo n.° 43368-MINAE, de diciembre de 2021.
También presentaron una demanda en la vía contencioso administrativa contra esa medida.
El decreto ejecutivo firmado por el entonces presidente Carlos Alvarado amplió, como parte de un compromiso internacional, los límites del Parque Nacional Isla del Coco. También creó el Área Marina de Manejo de Montes Submarinos y la regionalización del Ministerio de Ambiente y Energía.
Además reformó el reglamento a la Ley de Biodiversidad, modificación mediante la cual el parque nacional pasó de un área protegida de 2.034 kilómetros cuadrados (km²) a una de 54.844 km². En esa zona, como en cualquier otro parque nacional, está prohibida la pesca.
Además, con el decreto, el Área Marina de Manejo de Montes Submarinos creció de 9.649 km² a 106.285 km² (casi 10 veces más). El área oceánica bajo protección creció de 2,7% a casi 30% del territorio marino.
El Parque Nacional Isla del Coco, creado en 1978, alberga 1.688 especies de fauna marina, de las cuales 45 son endémicas (el 47,4% de todas las especies marinas endémicas del país).
¿Qué reclaman los pescadores?
Las acciones legales pretenden revertir el decreto de diciembre de 2021 que amplió la zona de protección del Parque
FUENTE: Minae || INFOGRAFÍA / LA NACIÓN.
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Las organizaciones de pescadores, sin embargo, consideran que las disposiciones del decreto violentan sus derechos. Por esa razón, el 7 de junio de 2022 acudieron ante el Tribunal Contencioso Administrativo para demandar al Minae, caso que se tramita bajo el expediente 22-003179-1027-CA.
Cuatro meses más tarde, el 7 de octubre de 2022, también plantearon una acción de inconstitucionalidad que fue acogida para estudio bajo el expediente 22-020289-0007-CO.
En la gestión, piden a la Sala Constitucional dejar sin efecto el agrandamiento de área marina protegida por considerar que esa decisión atenta contra “principios de potestad reglamentaria, reserva legal, libre empresa y derecho al trabajo”.
Argumentaron, además, que viola “principios de inocencia, legalidad, razonabilidad, confianza legítima y el principio pro homine”, el cual impone interpretar las normas jurídicas de forma que sean más favorables al ser humano y sus derechos.
“Dicha metodología cartográfica no resulta aplicable en territorio marítimo nacional. El problema técnico aludido fue advertido por diversos frentes públicos y privados. No solo las cámaras enérgicamente llamaron la atención sobre el vicio expuesto, sino que el propio Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca), mediante acuerdo de Junta Directiva AJDIP/052-2022 del 23 de febrero de 2022, advirtió los errores de la norma”, expusieron los accionantes ante los magistrados.
‘No vamos a echar para atrás’
El 17 de mayo, líderes de los grupos pesqueros acudieron al despacho del ministro de Ambiente, Franz Tattenbach Capra, para plantearle modificar los límites vigentes bajo protección estatal por otros ideados por ellos. A cambio, dijeron, ellos depondrían los procesos judiciales.
En el encuentro, confirmó el jerarca, los pescadores le plantearon eliminar el 30% del área resguardada. No obstante, Tattenbach, les aclaró que no es posible revertir la decisión.
Los quejosos prometieron enviarle una nueva cartografía con otras coordenadas para variar los límites de ese parque nacional ubicado a 535 km de Cabo Blanco, Puntarenas, lo cual implica un viaje de unas 38 horas de navegación.
“Ellos preguntaron si se podía eliminar el 30%, pero eso no es reversible. No vamos a echar para atrás. En Costa Rica se usa judicializar todo. Yo creo más en consensuar las cosas porque se camina más rápido.
“La vía judicial viene a tutelar derechos pero cuando ya, torpemente, no se pudo llegar a nada por otro lado. Sí, es usar una bomba, como usar un mazo”, declaró Tattenbach al ser consultado.
El ministro aseguró haber sido explícito cuando les declaró su incomodidad y ausencia de condiciones adecuadas para revisar una propuesta cuando hay procesos judiciales abiertos. Además, recordó que variar los límites del decreto solo es posible con una ley. No obstante, dijo, el diálogo sigue abierto.
Tattenbach no ocultó su molestia por el impacto a la imagen del país como campeón ambiental en el mundo, justo cuando Costa Rica y Francia fueron designados para copresidir la Tercera Conferencia de Naciones Unidas sobre el Océano (UN Ocean Conference) a celebrarse en París, en junio del 2025.
“Me encantaría que se levantaran los dos procesos. Me quitaría un problema de encima, pero sobre todo sería una muestra de que ya se aceptó el 30% de protección. Ese es el fondo del tema, mientras sigamos como estamos, no ha ganado nadie porque aún no entendemos qué es desarrollo sostenible o protección”, declaró.
En el encuentro también participó el presidente ejecutivo del Incopesca, Heiner Méndez Barrientos. La Nación le consultó a qué se debió su presencia si los procesos eran contra Minae. También si acudió a apoyar a los pescadores. Aseguró que él apoya al Gobierno aunque celebra que en la cita las partes acordaron buscar una solución de consenso.
“Soy muy dado a que es mejor buscar arreglos entre partes para evitar conflictos. Si pudiéramos lograrlos, sería estupendo”, declaró.
“Don Franz (el ministro) está tomando el tema y como sector pesca participo y por eso soy de quienes más busco esos encuentros. Como institución vamos a ayudar al sector pesquero de la mano de la protección de ambiente. Lógicamente, si ellos demandan, es porque creen que tiene derecho al reclamo”, agregó.
Fondos para el país
Con el decreto ejecutivo de ampliación del área de protección del Parque Nacional Isla del Coco, el país también respondió a compromisos internacionales que le deparan fondos para este fin.
Carlos Manuel Rodríguez, quien fuera ministro de Ambiente de Costa Rica y ahora es jerarca del Fondo Mundial Ambiental (GEF por sus siglas en inglés), confirmó que dicho mecanismo financiero de la ONU otorgará en un plazo de dos semanas $15 millones en apoyo financiero a las cuatro naciones que participaron del acuerdo de protección para que implementen medidas de resguardo en ese corredor marino que aceptaron crear.
“Poco después del anuncio del GEF, la Bezos Earth Fund, de Jeff Bezos, el fundador de Amazon.com, también entregará otra suma parecida durante este año para los mismos fines. Alrededor de $30 millones a repartirse entre los cuatro países, que son Costa Rica, Panamá, Colombia y Ecuador”, declaró Rodríguez.
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