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La contralora general Marta Acosta expuso a los diputados los efectos del nuevo presupuesto. Le acompañan el subcontralor Bernal Aragón y Julissa Sáenz, gerenta de Fiscalización. Foto: Despacho de la diputada Ana Lucía Delgado
El Ministerio de Hacienda les solicitó a los diputados permiso para pagar gastos extra del 2021 con nuevas emisiones de deuda por ¢67.615 millones.
Dicho monto equivale al 80% del quinto presupuesto extraordinarios planteado este año por el Gobierno al Congreso, el cual asciende a casi ¢83.000 millones.
Los ¢15.330 millones restantes se financiarían principalmente con dinero proveniente de superávits de órganos desconcentrados del Poder Ejecutivo y con ¢5.361 millones de nuevos ingresos.
Hacienda pide recurrir a más endeudamiento, para afrontar gastos extraordinarios, luego de cerrar con una mejoría en las cifras fiscales del primer semestre.
Durante los primeros seis meses del año, el Gobierno obtuvo un superávit primario de poco más de ¢170.000 millones (0,45% del PIB) y un déficit financiero de casi ¢745.000 millones (1,97% de la producción).
El superávit primario es el sobrante entre ingresos y gastos sin tomar en cuenta el dinero que se destina a pagar los intereses de la deuda pública.
El déficit financiero es el faltante entre ingresos y gastos tomando en cuenta el pago de intereses de la deuda.
La contralora general de la República (CGR), Marta Acosta, les advirtió a los diputados de Hacendarios que el nuevo endeudamiento equivale a un 0,2% del PIB. En junio anterior, la deuda se situó en un 68,7% de la producción.
Igualmente, en el plano fiscal, el presupuesto extraordinario provocaría un efecto negativo en el balance primario del Gobierno equivalente a un 0,2% del del PIB, agregó la CGR.
Al principio del año, el Gobierno tenía un tope de endeudamiento para este Presupuesto de ¢6,1 millones. Luego, la cifra bajó a ¢5,96 billones y, con este nuevo plan de gastos, subiría a ¢6,02 billones.
Si los diputados avalan el presupuesto, Acosta recomendó considerar el compromiso acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre el techo de la deuda.
La meta es finalizar el 2021 con una deuda equivalente al 71% del PIB. Según la contralora, Hacienda estima que, para el último día de diciembre próximo, el saldo alcanzaría el 71,9% del PIB.
La proyección toma en cuenta dos eventuales desembolsos del crédito del FMI, de $296 millones cada uno, de los cuales ya se realizó el primero y el segundo depende del cumplimiento de metas fiscales.
En este quinto presupuesto extraordinario, las nuevas emisiones de deuda financiarían ¢50.124 millones en gastos corrientes y ¢17.491 millones en gastos de capital, destinados a obras o equipamiento.
Distribución del gasto
El presupuesto distribuye el gasto en 17 ministerios. El Ministerio de Educación Pública (MEP) y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) absorben el 76,6% del gasto neto (¢59.479 millones).
En relación con el MEP, se le incrementa el presupuesto en ¢46.898 millones, de los cuales ¢30.591 millones son para pagos la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Ese pago de Educación a la seguridad social son parte de ¢144.764 millones que la CGR los detectó como gastos no registrados en la liquidación del presupuesto nacional del 2020.
En ente contralor indicó que esa inconsistencia provocó una reducción del déficit fiscal del 04% del PIB. Hacienda, por su parte, informó que no se realizó el pago en ese ejercicio económico.
En tanto, otros ¢16.361 millones del quinto presupuesto extraordinario servirán para liquidar un fideicomiso con el Banco Nacional sobre infraestructura educativa.
A Trabajo se le asignan ¢12.490 millones nuevos. El 59% de esos recursos, ¢7.394 millones, se asignan al programa Empléate y ¢5.000 millones al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) para cuido y desarrollo infantil.
Finalmente, el quinto presupuesto extraordinario mueve ¢5.718 millones entre partidas; ¢5.126 millones del MEP están asociados al cierre del Fondo Nacional de Becas (Fonabe), los cuales se distribuyen en otros programas del mismo ministerio, entre ellas al pago de becas atrasadas a estudiantes de postsecundaria.
El ministro de Hacienda, Elian Villegas, reconoció que su cartera debió solicitar una nueva autorización para elevar el endeudamiento, con tal de afrontar gastos extraordinarios como un abono de ¢30.591 millones del pago del MEP a la CCSS.
“Son de alguna forma facturas viejas o reclamos de la Caja de años anteriores que se deben pagar ahora. Es algo que no estaba contemplado y lamentablemente nos toca a nosotros asumirlo”, explicó Villegas.
El ministro dijo que, lejos de aprovechar los buenos resultados del primer semestre para endeudarse más, estos le permiten al Gobierno solicitar menos financiamiento extra.
“Ese ingreso adicional nos permite sustituir alguna deuda que se estaba pensando tomar y nos fortalece de cara a las metas negociadas con el Fondo”, aseguró el jerarca.
Sobre la advertencia de que el saldo de la deuda suba de cara al cumplimiento de las metas fiscales negociadas con el FMI, Villegas dijo que Hacienda lleva buena ruta.
Según dijo, se cumplió la meta de no pasar de una deuda de ¢26,6 billones al mes de julio,
“Estamos bien, por debajo de la meta, no hay ningún problema. Eso más bien se va a reflejar de forma clara cuando saquemos las cifras fiscales de julio a más tardar el 20 de agosto”, aseguró.
La meta de endeudamiento de ¢26,8 billones a setiembre también se prevé cumplir, añadió.
“Estamos trabajando en función de eso. No se debe tomar en cuenta sólo la deuda, sino la amortización. Al final, es un ejercicio donde es necesario ir restando las amortizaciones para que no se nos vaya a sobredimensionar el tema de la deuda.
“Al final de año estamos hablando de una meta de ¢27,1 billones. En este segundo semestre, tenemos considerados los créditos, pero se debe recordar que estos sustituyen captación interna, lo que no aumenta el nivel de endeudamiento”, finalizó.
Sobre los ¢15.330 millones provenientes de superávits de órganos desconcentrados para el quinto presupuesto extraordinario, la contralora Marta Acosta afirmó que “no corresponden a recursos líquidos recibidos en el 2021, sino a movimientos de Caja Única, por lo que, al momento de usarlos, es posible que el Gobierno deba colocar títulos valores para hacer frente a estos gastos si no cuenta con ingresos”.
Al respecto, el ministro de Hacienda dijo: “No ocurre ningún incremento de deuda en razón del uso porque ahí fueron inicialmente depositados. Desde el punto de vista contable, no hay incremento propiamente de la deuda”.
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