“Ahora viene que un departamento de la Contraloría nos da un mandato y a mí me manda casi a la casa si no obedezco, porque es un mandato casi policial, de que si usted no hace eso, puede ser destituido.”

Con esa frase, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz, emitió su opinión sobre la orden que le giró la Contraloría General de la República al Poder Judicial para que cumpla con las medidas de ahorro en el pago de incentivos salariales, establecidas por la reforma fiscal.

Durante una extensa sesión de la Corte Plena, Cruz manifestó que no se trata de irrespetar a la Contraloría, pues alegó que todavía se puede “discutir institucionalmente” sobre la orden girada.

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La reacción del magistrado presidente se dio luego de que, durante una votación, los magistrados acordaron pedirle a Cruz, como su jerarca, que ejerza las acciones y mecanismos legales necesarios, ante la Contraloría, para oponerse a esa orden, incluyendo la interposición de medidas cautelares.

“Cuando hacemos la interpretación de lo que dice la ley, de lo que dice la Sala (Constitucional), entonces se levantan voces diciendo que cómo es que la Corte puede hacer una interpretación conforme lo que dice la Sala Constitucional. De nuevo, poniendo en cuestionamiento el tema judicial de la independencia", reclamó Cruz.

Añadió, ante el mandato de la Contraloría que tildó de “casi policial”, que ya el tribunal constitucional ha establecido que un diputado no puede ser destituido si en la Constitución no se define el procedimiento y dijo que la Contraloría sí lo está haciendo, aunque “no está en la Constitución” esa potestad.

"Pero la Constitución bien vale poco a veces (...) Y la verdad es que un mandato al presidente de la Corte en esa manera es digno de cuestionamientos, de interrogaciones”, aseguró Cruz.

‘La Sala tiene que resolver’

En medio de la discusión sobre la orden de la Contraloría, Fernando Cruz recordó que, luego de la decisión de marzo de la Corte Plena sobre las medidas de ahorro fiscal, el diputado Pedro Muñoz consideró que los magistrados habían cometido un delito y los acusó ante el Ministerio Público por varios delitos.

“Por otra parte, (el diputado) consideró que no podíamos hacer esto y fue y planteó una acción de inconstitucionalidad. La acción tiene que resolverla la Sala”, declaró.

El magistrado presidente agregó: “Pero no contentos con eso, estando pendiente eso, vienen y me mandan un mandato que contradice lo que está discutiendo la Sala Constitucional. Es decir, esto es un galimatías que evidencia una crisis en relación con el tema de la independencia judicial”.

Según Fernando Cruz, el Poder Judicial es el “políticamente más débil”; además, alegó que, si la voluntad de otros poderes o de otras instancias institucionales es desoír o desconocer la Constitución, se dan "estos resultados”.

“Hay vicios de inconstitucionalidad y, por supuesto, el simplismo es muy grande. Uno de los temas simplistas en este asunto es que me hagan un mandato que cambie todas las estructuras salariales, como si eso fuera, nada más, soplar y hacer botellas. Hacerlo con una facilidad”, argumentó.

La orden de la Contraloría se generó el 20 de diciembre del 2019 y establece que se deben aplicar, en el Poder Judicial, los ajustes ordenados por el Congreso y el presidente, Carlos Alvarado, desde diciembre del 2018 en la ley 9635, Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

Entre esos ajustes, está el pago de incentivos salariales como montos nominales, en lugar de porcentajes del salario. En marzo del 2019, la Corte Plena había acordado mantener el pago de incentivos de manera porcentual, para la mayoría de sus 14.000 empleados.

Este lunes, la Corte Plena recibió y acogió las recomendaciones de Rodrigo Campos, director jurídico del Poder Judicial, bajo el alegato de que los funcionarios de la Contraloría que emitieron la orden carecían de competencia para hacerlo.