Los empresarios fustigaron el texto sustitutivo presentado por el Gobierno para reformar la Ley General de Aduanas.
De acuerdo con las cámaras privadas, la iniciativa no agiliza los trámites ni baja costos de las exportaciones, pero sí aumenta los castigos ante posibles incumplimientos.
Así lo hicieron saber empresarios y exportadores a los diputados de la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa, donde se discute el plan del Gobierno para combatir el contrabando.
Este proyecto, además, es parte del pacto con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para recibir ayuda financiera de ese organismo.
La reforma actualizaría la ley vigente desde 1995.
No obstante, los empresarios anunciaron un fuerte rechazo al segundo texto presentado por el Poder Ejecutivo, al tiempo que criticaron al Gobierno por no consensuar la iniciativa con los sectores involucrados.
“Consideramos que no reforma puntos importantes de la Ley General de Aduanas, como es el régimen aduanero. No busca reducir ni los costos, ni los tiempos y no permite competir a nivel regional. Se ha convertido en una reforma totalmente sancionatoria”, manifestó Roxana Sosa, representante de la Cámara de Comercio de Costa Rica.
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La comerciante añadió que establecer medidas sancionatorias es insuficiente para combatir el contrabando, propósito central de la reforma. Aseguró que, para eso, también existe la tecnología, aspecto que según ella no contempla la reforma.
“El contrabando se combate de frente, no a través de medidas sancionatorias. Tampoco hemos visto que haya habido una integración de tecnología ni de gestión de riesgo, utilizando inteligencia artificial, y mucho menos se ha incorporado las necesidades de la Hacienda Digital”, afirmó Sosa.
Oposición a cambios aduaneros
Los exportadores e importadores hicieron señalamientos puntuales a varios de los artículos propuestos en la reforma.
Entre ellos, se refirieron al artículo 243 ter, que impone el cierre temporal de negocios hasta por 15 días cuando no puedan acreditar, con los documentos de respaldo, que sus mercancías se sometieron a los procedimientos aduaneros para su introducción al país.
“Cualquiera que ha trabajado en esto entiende que, en ocasiones, no se presenta a tiempo el Documento Único Aduanero (DUA). Si no presento los DUAS a tiempo, estoy con la posibilidad de recibir multas por hasta $500 y también el cierre de negocios y suspensión.
“En un momento donde estamos con reactivación económica, ¿cómo vamos a estar amenazando con el cierre de negocios por no presentar un trámite a tiempo?”, aseveró Christian Rucavado, director ejecutivo de la Cámara de Exportadores de Costa Rica (Cadexco).
Los empresarios también objetaron la participación que tendría la Policía de Control Fiscal en el proceso aduanero.
“Se le está dando potestades a una policía que no tiene el carácter técnico para entender la gestión. Eso dificulta el trabajo posterior de los exportadores”, dijo Rucavado.
Asimismo, el representante empresarial aseguró que el proyecto contempla cambios que harían “incurrir a privados en gasto de forma obligatoria”, que no se contenían contemplados.
Eso lo manifestó con referencia al artículo 30 de la iniciativa, que establece la obligación de que los auxiliares aduaneros, físicos o jurídicos, porten equipo y medios tecnológicos de inspección no intrusiva. “Estamos trasladando una obligación del Estado a entes privados”, concluyó el directivo.
Asimismo, los exportadores cuestionaron el plazo de 15 días que otorgaría la ley para que los comerciantes justifiquen faltantes o sobrantes en mercancías.
“Aquellos que hemos trabajado dentro de la gestión aduanera entendemos que la transferencia de información es sumamente amplia y que se pierde información. Es muy posible que tengamos documentos que no emitimos nosotros, y de los cuales estaríamos siendo juzgados. Los errores en manifiesto de carga generalmente vienen desde el envío de la mercancía”, agregó.
La norma establece que, cuando los sobrantes no sean justificados por parte del importador, causarán un “abandono en favor del fisco y el consignatario no podrá disponer de las mismas”.
No obstante, el texto elaborado por el Gobierno sí expresa causales de justificación de faltantes y sobrantes de mercancías.
En el primero de los casos, se admite como hechos justificables que los faltantes no fueran cargados, que fueran perdidos o destruidos durante el viaje, que no fueran descargadas por caso fortuito o por otras justificantes permitidas vía reglamento.
En el caso de sobrantes, se declaran como admisibles que se descarguen esas mercancías por error, omisiones en la cadena de información y otros causales vía reglamento.
Uccaep pide mesa de trabajo
Los empresarios afirmaron que están anuentes a actualizar la legislación para combatir el contrabando; sin embargo, pidieron más apertura del Poder Ejecutivo para consensuar un texto viable.
Así lo manifestó José Álvaro Jenkins, presidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (Uccaep) este miércoles, cuando participó en otra sesión de ese foro legislativo.
“Costa Rica necesita actualizar la Ley General de Aduanas y el proyecto 22.364 no es suficiente. Reiteramos que no es correcto continuar haciendo reformas parciales a una ley que se encuentra sumamente desfasada de la realidad actual.
“Se necesita una verdadera reforma integral donde se construya un consenso técnico entre sector público y privado en el Consejo Nacional de Facilitación del Comercio (Conafac); se implementen las mejores prácticas reconocidas en la materia, se combata la defraudación fiscal, pero que se modernicen los procesos y brinden una mayor facilitación del comercio transfronterizo”, afirmó el empresario.
A raíz de la oposición de los empresarios, los diputados de la Comisión externaron sus inquietudes sobre el futuro del proyecto, que forma parte de la agenda del FMI.
“Las observaciones son realmente importantes y afectan prácticamente todo el proyecto. Están hablando de que no se trata una reforma integral”, aseguró Roberto Thompson, diputado del Partido Liberación Nacional (PLN).
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La semana pasada, la presidenta de la Asamblea Legislativa, Silvia Hernández, demandó al Ministerio de Hacienda y al Poder Ejecutivo un mayor acompañamiento técnico al Congreso para sacar adelante la agenda pactada con el FMI.
La diputada liberacionista insistió en que los proyectos no están congelados y que las comisiones respectivas estudian los expedientes tienen un plazo de 120 días para dictaminar.