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Diputados del PUSC, el PAC e independientes propusieron incluir a los funcionarios públicos actuales en el esquema de salario global que se establecería en la reforma al empleo público.
El proyecto de ley propuesto por el Gobierno excluye a los servidores actuales, pero entraron tres mociones para cambiar esa condición este martes 6 de octubre, día en que se vencía el plazo para que los legisladores plantearan cambios a la redacción en la Comisión de Gobierno y Administración.
Una moción la presentó el legislador Pablo Abarca, de la Unidad Social Cristiana (PUSC); otra Abarca junto a los independientes Jonathan Prendas y Dragos Dolanescu; y la tercera la propuso Víctor Morales Mora, del Partido Acción Ciudadana (PAC).
El salario global consiste en un salario competitivo por sí solo, sin necesidad de los pluses salariales que disparan el gasto público conformen pasan los años.
Con las mociones propuestas, los funcionarios que hoy ganen menos del futuro salario global tendrían la opción de emigrar voluntariamente al nuevo esquema de reumneraciones en un periodo de seis meses.
Si el servidor no se acoge al traslado, continuará recibiendo la remuneración actual con pluses hasta que alcance el salario global de su categoría. A partir de ese momento, emigrará automáticamente al salario global.
Luego, recibirá aumentos por costo de vida, ya no por efecto de los pluses.
En el caso de los funcionarios actuales que superen el salario global, se les congelará el sueldo y solo podrán recibir incrementos por el costo de vida, con el fin de que sean alcanzados por el nuevo esquema de pago y acoplarse a este.
Con este cambio, se detendría, por ejemplo, el crecimiento del gasto público en anualidades.
Aunque el cálculo de las anualidades fue cambiado en el 2018, al pasar de ser un porcentaje del salario base a un monto nominal, aún hay otros incentivos como la dedicación exclusiva y la carrera profesional que hacen crecer por inercia el gasto, aunque a un ritmo menor.
Solo en el primer semestre de este año, el gasto en remuneraciones aumentó en ¢23.270 millones al subir un 3%, aunque la inflación fue de apenas un 0,61%.
Las iniciativas también sugieren respetar las convenciones colectivas, siempre que estas respeten los parámetros de legalidad y constitucionalidad.
El mismo martes, el PAC, el Partido Liberación Nacional (PLN) y la independiente Zoila Rosa Volio, presentaron un texto sustitutivo que también mantiene, así como la versión actual, un salario global solo para nuevas contrataciones.
Esa redacción incluye a las empresas publicas en competencia como el ICE, el INS y los bancos públicos, los cuales estaban excluidos en la versión original.
Morales presentó su moción, que incluiría a los actuales servidores públicos, al filo de las 5 p.m., dos horas después de que presentó el texto sustitutivo junto con sus colegas liberacionistas y Volio.
El propio Morales había dicho la semana anterior que, como presidente de la comisión de Gobierno, no estaba interesado en reabrir la discusión sobre un salario para todos los trabajadores estatales, actuales y futuros. Sin embargo, apuntó que la discusión sigue abierta.
También el presidente Carlos Alvarado había rechazado la idea de incluir a todos los asalariados en la reforma. Dijo que temía por eventuales demandas laborales contra el Gobierno si los trabajadores apelan a derechos adquiridos.
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Todas esas mociones serían votadas el próximo 20 de octubre, cuando vuelva a sesionar la comisión.
La dinámica sería la siguiente, según el socialcristiano. "Se vota primero el texto del Gobierno, luego mi texto. Como mi texto no tendría los votos en comisión, se vota mi moción con respecto al texto del Gobierno para intentar incluir salario global para los actuales”.
Finalmente, se procedería a votar la moción de Morales. Independiente del resultado, las tres propuestas se acercan a lo sugerido por el abogado constitucionalista Rubén Hernández Valle, quien señaló que los empleados actuales sí pueden ser incluidos en la reforma al empleo público.
El abogado aseveró que, según el voto 5291-2000 de la Sala Constitucional, el derecho adquirido que tienen los servidores actuales consiste en el respeto al salario que devengan actualmente.
“La forma de cálculo de las futuras remuneraciones puede ser modificada libremente por el legislador mediante la eliminación de los pluses y autorizando los aumentos por costo de vida, como en el sector privado, salvo que el patrono, por una liberalidad, decida otorgar aumentos superiores”, dijo el abogado en un artículo publicado en La Nación.
En esa publicación, el constitucionalista propuso un transitorio de ley similar al que ahora recogen los legisladores del PUSC, PAC e independientes.
El constitucionalista propone incluir a los empleados actuales en el salario global, en el artículo 30 del proyecto, e incluir medidas transitorias para establecer lo siguiente:
- Aquellos funcionarios que hoy ganen menos del nuevo salario global continuarán con el régimen actual hasta que lo alcancen.
- Aquellos que ganen más del salario global conservarán sus salarios actuales, pero estos ya no crecerían por pluses, sino solo por costo de vida.
