Varios diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios del Congreso pidieron cuentas, este martes, a la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, por un traslado de recursos de los CEN-Cinai a gastos de seguridad y limpieza del Ministerio de Salud.
Se trata de una traslado establecido en el Tercer Presupuesto Extraordinario que se tramita este año en la Asamblea Legislativa, y que establece quitarle ¢1.048 millones a los centros infantiles para reasignarlos en manos de ese ministerio.
Ana Lucía Delgado y Gustavo Viales, de Liberación Nacional; el independiente Harllan Hoepelman y la oficialista Laura Guido cuestionaron las razones para que se esté generando el traslado presupuestario, máxime cuando se trata de recursos destinados a la atención de la niñez.
De acuerdo con el verdiblanco Viales, resulta inaceptable que se le quiten esos recursos a los Centros de Educación y Nutrición y Centros Infantiles de Atención Integral (CEN-Cinai), para pagar servicios generales, como seguridad y limpieza, en el Ministerio de Salud.
De hecho, a instancias de Viales, en la Comisión de Hacendarios se aprobó una moción para pedir cuentas a los ministros de Salud, Daniel Salas, y Trabajo, Steven Núñez, sobre ese traslado de la partida, porque los dineros provienen del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf).
Ante cuestionamientos que vienen de días atrás, Laura Guido, del Partido Acción Ciudadana (PAC), le pidió a Aguilar detallar a qué se debía ese traslado en el presupuesto extra.
“Eso no se hace de manera arbitraria. Hay una nota de la dirección de CEN-Cinai, firmada por la directora Lidia María Conejo, donde dice que de acuerdo a su previsión presupuestaria, les está sobrando ese monto”, dijo la ministra de Hacienda.
Agregó que, con esa nota de Conejo, el Ministerio de Salud, entidad rectora de los centros infantiles, decidió redirigir esas partidas.
“De acuerdo a los propios CEN-Cinai, esos fondos se pueden utilizar. Yo no le podría decir si hay o no una afectación”, comentó Aguilar.
No obstante, la partida original proviene del Fodesaf, por lo que aumentaron las dudas de los legisladores por el uso de esos dineros en gastos de servicios generales.
“Me preocupa mucho ver que queden ¢1.048 millones sin uso en los CEN-Cinai, porque no puede ser que la naturaleza de cuido de la primera infancia, para que las familias busquen sustento, tenga ese sobrante”, lamentó la congresista Delgado.
Ella añadió que le parece aún peor que se trasladen esos dineros a contratos de seguridad y limpieza, cuando ya se sabe que deben tener contenido presupuestario desde el día 1.
Delgado añadió que es una práctica reiterada en las instituciones rebajar partidas presupuestarias de servicios generales y, luego, ir a pedir aumentos para contratos que se deben pagar obligatoriamente, a través de presupuestos extraordinarios.
Además del traslado de dicha partida, los legisladores también cuestionaron una serie de traslados en otras instituciones, pues temen que de alguna forma se esté haciendo aumentos de gastos, que en el Presupuesto Ordinario 2019 tramitado en noviembre se hubiesen maquillado.
Ante eso, Rocío Aguilar rechazó una y otra vez que los cambios incluidos en el tercer presupuesto extraordinario tengan un efecto de algún tipo en el déficit de este año, pues adujo que no se hace ningún aumento, sino solamente cambios entre partidas.
Gerente para la TCM
A la vez, Rocío Aguilar solicitó un cambio en la Ley de Presupuesto, con tal de cambiar la norma presupuestaria que le impide a las instituciones crear nuevas plazas.
La ministra de Hacienda alegó que, con esa norma, es imposible utilizar los recursos que ya están previstos en el plan de gastos para puestos como el gerente de la Terminal de Contenedores de Moín que necesita nombrar el Consejo Nacional de Concesiones (CNC).
Según explicó el director de Presupuesto, José Luis Araya, se trata solamente de flexibilizar la norma para habilitar la creación administrativa de plazas, pues, de lo contrario, no tendría permiso la Autoridad Presupuestaria para que se gaste esos dineros previstos en la ley.
No obstante, también sobre ese punto los congresistas tienen dudas, porque consideran que eventualmente se podría utilizar como un portillo para crear plazas y nunca eliminarlas.