Natasha Cambronero. 7 junio, 2016

Costa Rica le cobró a Nicaragua una indemnización de más de $6 millones (¢3.240 millones) por los daños ocasionados a isla Calero, después de la invasión de octubre del 2010.

Según informó la Cancillería este martes, el monto incluye los gastos en que incurrió el Estado costarricense para reparar la afectación que ocasionaron a la zona la presencia militar nicaragüense y la construcción de tres caños artificiales.

El país planteó la solicitud formal al gobierno de Daniel Ortega después de que, el 16 de diciembre del 2015, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sentenciara que el país vecino debe compensar a Costa Rica por los daños provocados.

Ese mismo día, el alto tribunal con sede en La Haya, Holanda, reconoció la soberanía costarricense sobre el extremo noreste de isla Calero, conocido como isla Portillos, en la provincia de Limón.

Los jueces determinaron que, con su accionar, Nicaragua violó la integridad del territorio costarricense.

“Nicaragua ha realizado varias actividades en el territorio bajo disputa desde el 2010, lo que incluye excavar tres caños y establecer una presencia militar en algunas partes del territorio. Estas actividades violaron la soberanía territorial de Costa Rica. Nicaragua es responsable por tales violaciones, por lo tanto tiene la obligación de indemnizar por los daños causados por sus actividades ilícitas”, señala el fallo de La Haya de ese día.

Seis meses. La indemnización fue calculada por la Cancillería, la cual tardó seis meses haciendo las estimaciones con base en los gastos en que incurrieron el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), el Área de Conservación de Tortuguero, el Ministerio de Seguridad Pública y la Comisión Nacional de Emergencias (CNE). Mientras, el valor monetario del daño ambiental fue determinado por la Fundación Neotrópica, la cual donó su trabajo.

En la Semana Santa del 2015, por ejemplo, Costa Rica inició la construcción de un dique para sellar uno de los caños artificiales abiertos por Nicaragua en el 2013.

El caño pretendía desviar las aguas del río San Juan hacia el mar Caribe a través de territorio costarricense. El Gobierno tapó la entrada del caño con sacos de arena para evitar que los flujos de agua, tanto del río como del mar, terminaran de romper el humedal.

El embajador de Costa Rica en La Haya, Sergio Ugalde, fue el encargado de formalizar el cobro ante su homólogo nicaragüense Carlos Argüello.

Ugalde le entregó, este martes, a Argüello un documento donde se detallan los diferentes rubros que Costa Rica considera que Nicaragua le debe indemnizar.

“Expresó mi deseo de que Nicaragua responda positivamente al trabajo serio y fundamentado hecho por Costa Rica, para que en forma definitiva se pueda cerrar este capítulo y ambos países puedan, eventualmente, retomar la senda de buena vecindad y hermandad, sin necesidad de recurrir nuevamente ante la Corte Internacional de Justicia”, dijo el canciller Manuel González, en un comunicado de prensa.

El Tribunal de La Haya estableció que si en un plazo de 12 meses, Costa Rica y Nicaragua no se ponen de acuerdo con el monto de la indemnización, será esa Corte la encargada de definir la suma, tras la solicitud expresa de las partes.

“El trabajo lo hemos hecho de una forma muy seria y muy minuciosa porque si no llegaramos a un acuerdo, y espero que sí lo lleguemos a alcanzar, pero si no llegáramos a un acuerdo con el gobierno de Nicaragua al 16 de diciembre de este año, pues esa misma información sería la que presentaríamos ante los jueces de la CIJ para que sean ellos los que en definitiva den el monto final a indemnizar”, agregó el titular de Relaciones Exteriores, la tarde de este martes, en conferencia de prensa.

Agregó que por respeto hacia Nicaragua y la CIJ no puede dar el desglose de los más de $6 millones que se están reclamando a Nicaragua.

“Esperemos en un plazo prudencial una reacción de parte de ellos (el gobierno de Ortega) (...). Después pueden darse varias opciones, de que continuemos las conversaciones hasta que nos digan que todo esto está rechazado, no nos interesa negociar nada y nos esperaremos a que sea la Corte la que lo defina. Ojalá que esa no sea la actitud porque de una manera muy detallada, muy seria hemos hecho este trabajo. No nos queda más que espera la reacción del gobierno de Nicaragua”, expresó González.