Josué Bravo. 8 julio
El Bancrédito desapareció al ser absorbido por el BCR. Foto: Berny Berrocal
El Bancrédito desapareció al ser absorbido por el BCR. Foto: Berny Berrocal

La Contraloría General de la República (CGR) denunció, ante el Ministerio Público, presuntas irregularidades en las inversiones de corto plazo que el gobierno de Luis Guillermo Solís hizo en Bancrédito, antes de que este banco público cerrara por falta de liquidez en noviembre del 2018.

Así lo confirmó este miércoles el ente contralor, el cual precisó que las “compras de títulos” hechas entre el 2016 y el 2018, “con el objetivo de solventar los problemas de liquidez” del Bancrédito, al parecer afectaron el flujo de caja del Presupuesto Nacional del 2018, “poniendo en riesgo el cumplimiento de compromisos presupuestarios del Ministerio de Hacienda y aumentando el déficit fiscal de dicho período”.

“Las actuaciones investigadas, en las que figuran como posibles responsables una serie de funcionarios y exfuncionarios públicos, podrían constituirse en los delitos de peculado, fraude de ley e influencia en contra de la Hacienda Pública”, informó la Contraloría.

La denuncia fue presentada el pasado lunes 6 de julio.

“Por lo anterior, la CGR quedará a la espera del avance y resultado de la investigación del Ministerio Público con el fin de colaborar en lo que se estime necesario y pertinente en dicha causa judicial”, agregó la CGR.

La institución declinó a referirse a más detalles del caso, por estar ahora en el ámbito judicial.

El Ministerio Público, por su parte, confirmó que la denuncia entró a la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción. Aún no se le ha asignado un número de expediente.

En febrero del 2018, durante una audiencia de la comisión legislativa que investigó el caso de Bancrédito, trascendió que el Gobierno estaba en riesgo de perder ¢131.000 millones que invirtió en esa entidad financiera entre marzo y abril del 2017, con el objetivo de ayudarle a afrontar su falta de recursos.

El dinero provenía del Presupuesto Nacional y debía ser recuperado en nueve meses. No obstante, la crisis de Bancrédito no se revirtió, sino que fue intervenido por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), en diciembre del 2017, precisamente por incumplir con la devolución de ¢118.000 millones que había invertido Hacienda.

Para principios del 2018, el banco carecía de liquidez para pagar sus obligaciones y el Gobierno se había convertido en su principal acreedor. Las deudas estaban vencidas desde el 22 de diciembre del 2017.

Finalmente, mediante una ley, Bancrédito fue absorbido por el Banco de Costa Rica (BCR) y este le pagó al Ministerio de Hacienda ¢135.000 millones el 10 de diciembre del 2018, con efectivo y certificados a plazo.

En tanto, el diputado del Frente Amplio, José María Villalta, emitió este martes un comunicado de prensa en el que asegura que la CGR inició la indagatoria del caso a raíz de una denuncia suya interpuesta en abril de 2019.

El frenteamplista informó de que pidió al ente contralor investigar el uso de dos inversiones de corto plazo que Hacienda hizo en el 2017 a Bancrédito, una por $50 millones y otra por ¢100.000 millones, una vez que el BCR le pagó al gobierno.

De acuerdo con Villalta, cuando el BCR absorbió a Bancrédito, pagó ese dinero a Hacienda en diciembre de 2018, pero los recursos fueron usados por el actual gobierno en el ejercicio económico de ese mismo año, sin que la Asamblea Legislativa lo autorizara.

Así lo expuso en el oficio JMVFE-JFA-129-2019 del 25 de abril de 2019 enviado a la CGR.

Julissa Sáenz Leiva, gerente de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría, le contestó el pasado 6 de julio a Villalta, ante su solicitud de que “se investiguen diversos hechos relacionados con las inversiones de corto plazo que realizó el Ministerio de Hacienda durante el año 2017 en el Banco Crédito Agrícola de Cartago (Bancrédito), por montos de $50 millones y ¢100.000 millones de colones”, dice el oficio DFOE-SAF-0317.

“Al respecto, le informamos que esta Contraloría General, luego del análisis realizado, interpuso el 6 de julio del presente año, una denuncia penal mediante el oficio número 10190 (DJ-0917), la cual es de carácter confidencial”, dice el documento.