Josué Bravo. 15 diciembre, 2018
Diversas organizaciones se manifestaron el 8 de agosto frente a Casa Presidencial, en Zapote, para exigir la firma de la norma que legaliza el aborto terapéutico. Foto: Diana Méndez
Diversas organizaciones se manifestaron el 8 de agosto frente a Casa Presidencial, en Zapote, para exigir la firma de la norma que legaliza el aborto terapéutico. Foto: Diana Méndez

El presidente Carlos Alvarado quiere abrir en 2019 la discusión para emitir la norma técnica que regule el aborto terapéutico en el país.

Un anuncio que coincidirá, el próximo año, con otros debates nacionales que impulsa esta administración, entre ellos la reforma al empleo público.

No obstante, la emisión de la norma desde el Ministerio de Salud no tiene fecha exacta, porque ocurrirá, según el presidente, una vez superado el debate a su alrededor, al cual prefiere llamarle “diálogo social”.

“Como lo he adelantado, es algo que ocurrirá luego de una discusión, una discusión más no, un diálogo social que vamos a abrir en esa materia. Es algo que iniciaremos en el 2019”, dijo el presidente.

El anuncio de abrir esta discusión desde su gobierno lo hizo el presidente este viernes, dos semanas después de haber asegurado que el Ministerio de Salud emitirá la norma en el “momento oportuno”; pues entonces consideró que abrir muchos debates públicos no le da gobernabilidad al país.

El gobierno también tiene pendientes otras discusiones como la reforma al Código Procesal Laboral, con el interés de castigar huelgas que sean declaradas ilegales, o la reactivación económica derivada de la aplicación de la reforma fiscal.

De hecho, establecer mediante ley el cobro de nuevos impuestos ha sido el principal debate que el gobierno superó en sus primeros siete meses.

Aunque el artículo 121 del Código Penal despenaliza el aborto cuando la vida de la madre corre peligro, muchos médicos tienen inquietudes sobre su aplicación.

“No es punible el aborto practicado con consentimiento de la mujer por un médico o por una obstétrica autorizada, cuando no hubiere sido posible la intervención del primero, si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y este no ha podido ser evitado por otros medios”, dice literalmente el artículo.

No obstante, muchos doctores no realizan aborto terapéutico alegando falta de claridad sobre la legislación. También temen por las implicaciones legales del procedimiento y, a la vez, señalan razones éticas.

Al respecto, Alvarado dijo el 30 de noviembre, tres días antes de la aprobación de la reforma fiscal en la Asamblea Legislativa, que el país tiene muchos temas pendientes.

“Parte de mi trabajo es administrar cómo vamos resolviendo y qué vamos priorizando para resolver”, añadió en aquella ocasión.

Esa vez, Alvarado tampoco dio fecha para firmar la norma y mantuvo su compromiso de emitirla durante su periodo de gobierno, comprendido entre 2018 y 2022.

El ministro de Salud, Daniel Salas, también lo secundó luego al explicar que emitir la norma no era urgente, pero consideró que sí debe ser “un asunto” por abordarse durante esta administración.

El presidente explicó este viernes, dos semanas después, que por ahora no le corresponde entrar en un “diálogo de esa índole” con la Defensora de los Habitantes, Catalina Crespo, quien urgió al gobierno emitir el protocolo sobre aborto terapéutico.

Este pedido lo hizo Crespo en una entrevista con el programa Enfoques del medio digital CRHoy, un día después de haber sido juramentada en el cargo por la la Asamblea Legislativa.

En el país existen diversos criterios sobre la aplicación del aborto terapéutico. Por un lado, organizaciones a favor del aborto exigen al gobierno que emita la norma técnica.

Por otro, el Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica reiteró el 22 de octubre, en un comunicado, la obligación de los profesionales en salud de “preservar la vida desde el inicio de la concepción hasta el mismo momento en que un ser humano exhale por última vez”.

Según una encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR), divulgada el 22 de agosto, el 55% de los costarricenses aprueba aplicar el aborto terapéutico, mientras que el 45% lo rechaza.