Para terminar de construir la carretera entre Limonal-Barranca, en la Interamericana Norte, faltan 350 terrenos por expropiar. En los 107 km hacia Limón, quedan 440 propiedades, pero, el récord, lo tiene la vía San José-San Ramón: 519.
El trámite de las expropiaciones lo gestionará el Fideicomiso Ruta Uno, responsable de planificación y financiamiento de la carretera de 55 km que tendrá tramos de cuatro y hasta seis carriles para facilitar el tránsito que, para el 2025, se calcula en un promedio de 148.000 vehículos por día.
La orden de inicio de la construcción está prevista para el 2023, pero, las expropiaciones de terrenos se convierten en muralla por los trámites burocráticos y la lentitud de los procesos cuando entran en el Poder Judicial.
Sin embargo, el Fideicomiso Ruta Uno, manejado por el Banco de Costa Rica, pretende resolver esas 519 expropiaciones en un año, el cual comenzaría a correr en junio próximo. Esto, porque la contratación de diseño y construcción de la vía empezaría en abril del 2022 para que a mediados del 2023, arranque la construcción.
El proyecto de expropiación todavía carece del dinero. Falta la aprobación de un crédito por $45 millones, con el que cubrirán no solo las expropiaciones, sino también la reubicación de precarios y traslado de servicios públicos.
María José Alvarado, vocera del Fideicomiso Ruta Uno, declaró que pretenden tener esos $45 millones en octubre de este año. No obstante, aún no está definida cuál entidad financiera daría el financiamiento.
¿Cuánto dinero se requiere para pagar las 519 fincas por expropiar? Según los estudios de factibilidad, $19,3 millones.
Adicionalmente, el Fideicomiso debe invertir $12,5 millones para reubicar a las personas que habitan en precario en los terrenos de Estado que forman parte del derecho de vía.
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Contratación de especialistas en expropiaciones
¿Es posible 519 expropiaciones en 12 meses? En el caso de la carretera de 50 km Limonal-Barranca, en la Interamericana Norte, donde a principio de año faltaban 350 expropiaciones, el proceso evidenció que el Estado logra cinco por mes.
El Fideicomiso Ruta Uno se propone contratar ayuda externa para que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) logre avanzar más rápido en el caso de la vía a San Ramón.
La vocera María José Alvarado dijo que al amparo de la Ley N° 9292, que creó el fideicomiso para el corredor vial, procuran incluir dentro del crédito “el financiamiento para la contratación de especialistas calificados y con experiencia en este tipo de labores, para que apoye al MOPT en la preparación de los actos administrativos requeridos para el desarrollo de los procesos de expropiación, reasentamientos y desalojos”.
Por su parte, el ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez Mata advirtió de que no se debe dar orden de inicio de construcción antes de completar los procesos de expropiación.
“Tenemos que comprender que la ampliación de la carretera implica, precisamente, la limpieza del derecho de vía y se está haciendo un esfuerzo de preingeniería (...) Creo que está claro que habrá obras en las que los inicios se tienen que demorar por la limpieza de los derechos de vía. Lo que ya no hay que hacer es iniciar antes de que eso se complete”.
Pese a estas afirmaciones, el ministro no ve como un riesgo que a la fecha existan ese número de expropiaciones pendientes.
Méndez Mata dijo que la Corte Suprema abrirá cuatro nuevos juzgados para agilizar trámites de expropiación, con lo cual se aumentaría la capacidad en más del 100%.
Cronograma en mano
La representante del Fideicomiso asegura que trabajan con un consultor a fin de que se programen los procesos de expropiación, según el grado de prioridad, conforme el cronograma de ejecución de las obras de ampliación.
De acuerdo con el cronograma, un número aún sin definir de las propiedades serán adquiridas durante la etapa de diseño y construcción.
El Fideicomiso también acudiría a la posesión voluntaria de los terrenos, en aquellos procesos donde se tengan avanzados los trámites y los dueños hayan aceptado el avalúo.
Margarita Rodríguez, representante del Foro de Occidente, grupo de vecinos de San Ramón y otros sitios por donde pasa la vía, aseguró que pedirán al MOPT y al Fideicomiso que se les presente un plan detallado sobre cómo se abordará el tema de las expropiaciones, pues temen atrasos.
“A través del Foro sí hemos externado la preocupación. Estamos con la necesidad de redactar un documento y elevarlo a todas las partes, es preocupante porque sería un atraso principalmente en estas partes de Manolos y el Santamaría (aeropuerto) que se han ido postergando (...) Sí nos preocupa muchísimo porque eso contempla un gran monto que va a complicar la fluidez de la ejecución”, agregó.
Reubicación de familias
Además de los 519 inmuebles por expropiar, en los estudios de factibilidad se identificaron 232 predios donde hay precarios.
Entre estos se ubican las viviendas de 148 familias sobre el derecho de vía, 20 en terrenos de terceros y 29 en propiedad privada.
Las soluciones para ellas van desde la compra de viviendas individuales, hasta soluciones colectivas por medio de desarrollos urbanísticos a cargo del Fideicomiso y notas de crédito. Cada una de estas dependerá del grado de vulnerabilidad de los grupos.
Dichos desalojos y posteriores reubicaciones le costarían al proyecto $12,5 millones.
Las autoridades además advirtieron de que la lista es definitiva, en la cual se tienen identificadas 185 familias, por lo que aquellas personas que realicen nuevas invasiones no serán contempladas para recibir los subsidios de vivienda, una vez que se den los desalojos.
Semanalmente, se realizan inspecciones para detener dichas invasiones sobre el derecho de vía y notificar al Departamento de Inspección Vial y Demoliciones para que realicen los procesos administrativos pertinentes para los desalojos.
El proyecto de ampliación de la vía entre San José y San Ramón requiere de una inversión total de $780 millones. De estos $110 millones corresponden a la inversión que se realiza en las llamadas obras impostergables que son cubiertas con recursos del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
El monto restante deberá ser financiado por los usuarios mediante el pago de peajes en cuatro estaciones.
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La estimación según los estudios es que el recorrido completo tenga un costo de ¢3.600, ida y vuelta.
La ampliación del tramo fue dada en concesión en 2004. En 2013 el contrato fue cedido y ese mismo año anulado. Finalmente, en 2015 se creó una ley para desarrollar la obra por fideicomiso.