“Incumplimientos de planificación” le pasan una millonaria factura al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) en su proyecto para una red de Internet de banda ancha en el país: al menos ¢10.203 millones.
Así lo revela el informe N° AUNT/DI/02-2017, en poder de La Nación, sobre la llamada Red de Acceso de Nueva Generación (Range) II, una red de fibra óptica para vender servicios de Internet, televisión y telefonía a hogares, comercios e industrias. La meta es sumar 180.000 enlaces.
Por las omisiones en el planeamiento, el proyecto pasó de $91,7 millones en noviembre de 2016 a $107 millones en febrero del 2017: $15,3 millones adicionales (unos ¢9.180 millones).
Las advertencias las envió el 7 de diciembre del 2017 la auditora general del ICE, Sofía Machuca Flores, al gerente de Telecomunicaciones, Jaime Palermo Quesada, y a la entonces directora jurídica, Julieta Bejarano Hernández.
Cuando el proyecto se presentó a aprobación del Consejo Directivo, el 15 de noviembre del 2016, Range II se ofreció como “un plan integral”, dice el informe.
“En la práctica, no es así, por cuanto, se omitió elementos de importancia necesarios, como es el tema de migraciones y desmantelamiento de la red de cobre”, asegura el documento. Esa omisión es la de $15,3 millones.
¿Qué son migraciones? Range II tiene como propósito “desmantelar” la red de cobre por la que transmite datos y sustituirla por una de fibra óptica, que permite altísima velocidad. Es decir, migrar de una tecnología obsoleta a una de última generación.
Lo que económicamente no se contempló, y se convirtió en una costosa actividad paralela, es el retiro de la red de cobre de un cliente actual (un cable que va desde el poste hasta la casa del usuario) y la sustitución por fibra óptica.
Antes de quitar el cable de cobre e instalar la fibra, tiene que darse una coordinación previa con cada cliente quien se queda temporalmente sin servicio mientras migra.
Esto, provoca “el riesgo de un aumento en la tasa de cancelación de clientes” si se da un atraso en el cambio, dice el informe. Parece sencillo, pero el costo es millonario.
La Nación preguntó varias veces desde la semana anterior al departamento de prensa del ICE, cómo iba ese proceso de migración de cobre a fibra óptica. La entidad declinó precisar la cifra.
Según el Instituto, el avance actual de la puesta en operación de Range II es de 44% de 180.000 conexiones (faltan 100.000). La diferencia se completaría en el 2020, comunicó el viernes.
Sin embargo, no especificó cuántas migraciones de clientes hay entre las 80.000 soluciones de fibra ya desplegadas.
La omisión con las migraciones, asegura el informe, fue posterior a la presentación de Range II al Consejo Directivo y “causa inconsistencias a nivel operativo del proyecto, así como también, atrasos en la ejecución e implementación del mismo”.
El informe también cuestiona la falta de transparencia: cuando al Consejo Directivo se le presentó la variación en los costos de $91,7 millones a $107 millones (en la sesión del 22 de mayo del 2017), se le explicó que se debía a que solo se contempló “la inversión del primer año”. Sin embargo, agrega el informe, “no se le manifiesta al Consejo Directivo la exclusión de las migraciones”, un gasto no contemplado y que elevó el costo en esos $15 millones.
Con esa falta de transparencia, “se ven debilitados los principios de gobierno corporativo, ya que se toman decisiones que provocan una variación en las factibilidades asociadas a un proyecto de relevancia institucional, sin informar al Consejo Directivo”, dice la Auditoría.
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Cuando surgió el problema de las migraciones de cobre, el ICE se impuso 18 meses para completarlas, empezando el 1.° de agosto del 2017. Es decir, debía completarlas a marzo del 2019.
Otras omisiones
Pero el proyecto también falló en las proyecciones de clientes e ingresos.
En el cálculo de la demanda de servicios nuevos y proyecciones de ingresos por Range II, agrega el informe, no hay evidencia de análisis, ni consideración de tasa de cancelación de clientes; ni certificación de la eventual demanda del servicio de parte del área de mercadeo del ICE o siquiera la existencia de un plan de ventas.
“Mayoritariamente los ingresos dependen de la comercialización de servicios, sin embargo, elementos como la instalación de migraciones para servicios existentes y nuevos (requerida para la comercialización), no se incluyen financiera ni operativamente en el proyecto”, alertó la Auditoría.
El documento incluso anuncia que, cada seis meses de atraso en las migraciones, equivaldría a dejar de percibir ¢922 millones y costos por depreciación de activos en operación por ¢1.390 millones.
“Esto sin dejar de lado el riesgo del aumento de la tasa de cancelación de clientes, en el periodo del atraso de las migraciones, que afecta la oportunidad en generación y captación de ingresos para la Institución y por otra parte los riesgos de aumento de costos administrativos que puedan materializarse al no ser oportunos en la gestión de la migración y desmantelamiento”, agrega.
Tales advertencias ya ocurrieron.
El 3 de julio del año pasado, Machuca Flores informó a la jerarca actual del ICE, Irene Cañas que a mayo del 2018, el ICE dejó de percibir ingresos por ¢1.043 millones. Así indica el oficio 0020-091-2018 del 3 de julio del 2018 también en poder de La Nación.
Así, entre costos de migraciones no contempladas y lucro sin percibir, Range II le pasó al ICE una factura por ¢10.203 millones a mayo del 2018, revelan los dos escritos de la auditoría interna del Instituto.
La Nación consultó al ICE la semana anterior cómo iba el ritmo de migraciones, a cuánto ascendía el ingreso no percibido a la fecha y su previsión ahora para mejorar el flujo de caja. Al cierre de esta edición, seguía sin contestar esas consultas.