“En un colegio de esta zona, había sospechas de que los estudiantes llamaban para que les llevaran exprés de pizza y al final no era pizza, era droga, entonces se prohibió utilizar el exprés”.
Lo que contó a La Nación un docente de Limón, que por razones de seguridad pidió mantener su nombre en reserva, constituye uno de los mecanismos que utilizan los estudiantes para introducir sustancias ilícitas a los centros educativos y comercializarlas entre otros alumnos.
Para el Ministerio de Educación Pública (MEP), esta situación es una evidencia más de que la droga gana terreno, principalmente en los colegios, y que las bandas de narcotraficantes ya están dentro de las instituciones.
En un inicio, las drogas ingresan desde fuera de los centros y los narcotraficantes buscan a un menor para liderar la venta dentro del centro educativo. A este menor se le incentiva con regalías, lo que crea una adicción y luego se le envía a distribuir las sustancias, estableciendo así un círculo vicioso con otros alumnos.
Según el MEP, es así como se crean bandas dedicadas al trasiego de drogas para la venta dentro del propio colegio, donde unos menores reclutan a otros.
“Cuando crean ese vicio desde edades muy tempranas, se garantizan dos tipos de personas: un consumidor de por vida o un traficante, que es lo que al final buscan”, indicaron autoridades del Ministerio.
Sin embargo, el accionar de la banda no se limita solo a los alumnos, ya que también involucra a profesores e incluso a padres. La entidad ha detectado a docentes que encubren a los estudiantes traficantes cuando la Fuerza Pública realiza operativos con perros entrenados. Incluso hay denuncias de educadores que ignoran la situación porque también son consumidores y, por ende, clientes de esas bandas narco.
Además, los estudiantes que caen en estas redes suelen desenvolverse en un entorno de violencia, donde el negocio de la venta de estas sustancias es “normal”.
No es sorprendente, entonces, el testimonio del docente de Limón que conversó con este diario. En un liceo de la zona, se realizó el ejercicio de preguntar a los estudiantes a qué se querían dedicar en el futuro. Uno de los muchachos, según el maestro, levantó la mano y dijo de manera categórica: “Quiero ser un narco porque mi papá ahora tiene un carro y otras cosas que antes no tenía”.
“Una de las explicaciones es porque viven en un contexto familiar y comunal muy propenso al crimen, si ellos se relacionan en el barrio con narcotraficantes, es difícil salir de eso”, mencionó el funcionario que habló con este medio.
Narco acecha
Para Mario Zamora Cordero, ministro de Seguridad Pública, es innegable que Costa Rica está enfrentando un fenómeno de alto consumo de drogas del que no escapan los centros educativos.
“Cuando se ubica en un mapa un centro educativo y se hace un análisis de su periferia en los 100 metros, o 150 metros, curiosamente se encuentran búnkeres y puntos de venta, casi en todos (los colegios)”, aseveró Zamora.
La explicación radica en que estas instituciones se han convertido en “mercados cautivos” donde se puede identificar fácilmente y a diario a nuevos consumidores.
Solo en el primer semestre de este año se realizaron 48 operaciones en las cercanías de secundarias, a una distancia de entre 100 y 150 metros, donde se desarticularon 36 organizaciones dedicadas al narco, según datos de la Policía de Control de Drogas (PCD).
Zamora aclaró que no existe una banda que opere a nivel nacional en todos los colegios, sino que en cada centro educativo se crea una dinámica. Es muy frecuente, por ejemplo, organizar fiestas o actividades sociales para involucrar a los muchachos.
“Todo eso se conjuga en los centros educativos, zonas de no control en los baños, tolerancia y bandas que tienen como objetivo vender drogas en esos colegios, andan en un proceso de reclutamiento que lamentablemente termina siendo muy efectivo”, añadió.
El MEP no ignora esa realidad, pues reconoce que en el sistema educativo público se encuentra una quinta parte de la población del país, concentrada en 4.000 escuelas y colegios, lo que lo convierte en un punto atractivo para el narcotráfico.
En todo el país, el Ministerio ha identificado 33 distritos donde el fenómeno es más grave, zonas donde también se conjugan el alto desempleo y la pobreza, factores que profundizan la problemática.
En esos distritos, hay 810 centros educativos con más de 190.000 estudiantes que conviven diariamente con homicidios y tráfico de drogas.
Drogas atacan centros educativos
Distritos donde la situación de drogas es complicada y decomisos en 2023
FUENTE: MSP Y MEP || INFOGRAFÍA / LA NACIÓN.
Sin futuro
La gran preocupación de las autoridades es el futuro para estos muchachos, que todos los días corren el riesgo de caer en la droga o en el negocio del narco.
A los que ya están involucrados, el MEP los considera en la categoría de exclusión pasiva, pues son estudiantes que acuden al colegio, pero no van a clases, sino que acuden para comercializar droga, principalmente marihuana, cocaína y crack. Estas sustancias se venden por entre ¢2.000 y ¢5.000 cada gramo.
A pesar de estar identificados, no se les puede expulsar de la institución, ya que en Costa Rica se garantiza el derecho a la educación para todas las personas.
En estos casos, los directores de los centros educativos pueden activar protocolos que incluyen la orientación del estudiante, la alerta al Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y, en algunas situaciones, su remisión a la Fiscalía Penal Juvenil.
El objetivo ideal sería lograr que abandonen el consumo y el delito, aunque no es una tarea sencilla. La dolorosa realidad, según el MEP, es que si el joven no se aparta de este camino, su expectativa de vida no sobrepasará los 30 años, ya que como ha quedado demostrado en los últimos meses las víctimas de guerras de pandillas o ajustes de cuentas son personas jóvenes.
Para el ministro de Seguridad, fue un error haber cancelado el programa D.A.R.E. (Educación para la Resistencia al Alcohol y las Drogas, por sus siglas en inglés) en el 2019.
“Hay un fenómeno de narcoadicción bastante silencioso, como sociedad hemos dejado de hablar del tema, el error es creer que este tipo de fenómenos se corrige con policías; con policía se corrige el sicariato, pero este problema tiene que ser abordado bajo un enfoque integral, el país debilitó los programas de información a los niños”, insistió.
El Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) recomendó, por su parte, que cuando en una familia se percatan que un menor está comenzando a consumir y roba objetos para financiarse la adicción, no queda más que denunciarlos para buscar ayuda.
Como advirtió Johanna Calderón, directora de la Oficina Rectora de Justicia Restaurativa del Poder Judicial, durante un foro del IAFA, muchos jóvenes comienzan con “pequeñas cositas”, pero la situación puede ir en escalada, hasta llegar a amenazar a sus encargados.
No obstante, cuando un adulto decide acercarse a la Fiscalía por este tema, puede solicitar que el trámite contra el menor se realice por medio de Justicia Restaurativa. Ahí, un grupo de expertos de diferentes instituciones buscará un tratamiento que saque al joven de las drogas.
Datos del IAFA revelan que en el centro de atención Casa Jaguar, en San José, se reciben al menos 100 casos diarios de menores ligados al consumo de sustancias psicoactivas. Algunos de ellos son niños de 12 o 13 años.
El MEP y el Ministerio de Seguridad Pública aseguraron que trabajan de manera conjunta para luchar contra este problema mediante charlas a los menores sobre las consecuencias que conlleva vender o consumir drogas, pero también desde la parte preventiva con actividades artísticas y deportivas.