Terrorismo

Memorando del FBI insinúa relación de Arabia Saudí con autores de atentados del 11 de setiembre del 2001

El memorando fue abundantemente censurado y no presenta ningún vínculo claro directo entre el gobierno saudí y los secuestradores aéreos

Washington. La desclasificación de un nuevo memorando del Buró Federal de Investigaciones (FBI) refuerza las sospechas de que Riad (Arabia Saudí) habría estado implicado en los ataques del 11 de setiembre del 2001, cometidos por al–Qaeda contra Estados Unidos.

Sin embargo, no aportan las pruebas que esperaban las familias de las víctimas que demandaron a Arabia Saudí

Quince de los 19 secuestradores de los cuatro aviones secuestrados aquel día, dos de los cuales se estrellaron contra las torres gemelas del World Trade Center de Nueva York, eran de nacionalidad saudí.

El memorando, fechado el 4 de abril del 2016 y que había estado clasificado como secreto hasta ahora, muestra vínculos entre Omar al–Bayoumi, otrora estudiante y sospechoso de haber colaborado con los servicios de inteligencia saudíes, y dos de los miembros de al–Qaeda que prepararon los ataques en Nueva York y Washington.

El documento, basado en entrevistas realizadas en 2009 y 2015 con una fuente cuya identidad no fue desvelada, detalla los contactos y las reuniones entre Bayoumi y dos secuestradores aéreos, Nawaf al–Hazmi y Khalid al–Mihdhar, después de que ambos llegaran al sur de California en 2000, antes de los atentados.

También confirma la relación, ya divulgada pero que aparece con más fuerza de la sospechada anteriormente, entre ellos dos y Fahad al–Thumairy, un imán conservador de la mezquita King Faad de Los Ángeles acreditado desde finales de los años 1990 como funcionario del consulado de Arabia Saudí en esa ciudad.

Contactos

El documento afirma que los números de teléfono asociados con la fuente indican que hubo contacto con varias personas que ayudaron a Hazmi y a Mihdhar mientras estuvieron en California, incluyendo a Bayoumi y a Thumairy, así como a la propia fuente.

Según el memorando, la fuente le dijo al FBI que Bayoumi escondía, detrás de su identidad oficial de estudiante, una “posición muy alta” en el consulado saudí.

"La ayuda de Bayoumi a Hazmi y a Mihdhar incluyen traducción, viaje, alojamiento y financiación", señala el documento.

Además, la esposa de la fuente le dijo al FBI que Bayoumi solía hablar a menudo de "yihad", apunta el memorando.

Asimismo, a través de reuniones, llamadas telefónicas y otras comunicaciones, relaciona a Bayoumi y a Thumairy con Anwar al–Alaki, el clérigo de origen yemenita nacido en Estados Unidos que se convirtió en una figura importante de al–Qaeda en la Península Arábiga antes de ser asesinado por un dron en Yemen en sepiembre del 2001.

Aún así, el memorando fue abundantemente censurado y no presenta ningún vínculo claro directo entre el gobierno saudí y los secuestradores aéreos.

Fue desclasificado por la presión ejercida sobre el presidente estadounidense, Joe Biden, por los familiares de las víctimas de los atentados, que acusaron a Arabia Saudí de ser cómplice de los ataques.

Tres administraciones estadounidenses sucesivas habían rechazado desclasificar y divulgar documentos relacionados con el caso y fueron acusadas de proteger la alianza entre Washington y Riad.

La monarquía petrolera sunita siempre ha negado cualquier participación en los ataques del 11 de setiembre del 2001 y fue librada de toda sospecha por una comisión de investigación estadounidense en 2004.

Jim Kreindler, uno de los principales abogados involucrados en las demandas de las familias de las víctimas contra Arabia Saudí, dijo que el memorando desclasificado valida el punto clave sobre el apoyo del gobierno saudí a los secuestradores.

“Con esta primera desclasificación de documentos, veinte años en los que Arabia Saudí ha dependido del gobierno de Estados Unidos para ocultar su papel en el 11 de setiembre, están llegando a su fin”, dijo Kreindler en un comunicado.

Las familias esperan pruebas más contundentes con la publicación de más documentos desclasificados que se espera en los próximos seis meses en virtud de la orden ejecutiva emitida a principios de setiembre por Joe Biden.