Buenos Aires. El gobierno argentino anunció este domingo el despliegue de fuerzas federales en la ciudad de Rosario, ubicada en el centro del país, con el objetivo de enfrentar el narcotráfico, tras cuatro asesinatos de civiles ocurridos en los últimos días y atribuidos a “narcoterroristas” según la administración.
La Oficina del Presidente de la República Argentina, Javier Milei, informó en la red social X que, atendiendo a la solicitud del gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, la Policía Federal, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario brindarán apoyo a la policía local en la lucha contra el narcotráfico.
Milei, en su cuenta de X, expresó que el gobierno está enfrentando a “un grupo de narcoterroristas desesperados por sostener el poder y la impunidad”.
Asimismo, el presidente argentino afirmó que no cesarán en la persecución de estos grupos, ya que considera que es una cuestión de “ellos o nosotros”.
La medida también incluye el envío de las Fuerzas Armadas (FFAA) para proporcionar apoyo, siempre respetando los términos de la Ley de Seguridad Interior, según la misma fuente. Aunque las FFAA argentinas no pueden intervenir directamente, la legislación contempla excepciones para su participación en “apoyar las operaciones de seguridad interior” mediante la afectación de diversos servicios.
El anuncio gubernamental surge después de una serie de actos violentos en Rosario, ubicada a 300 km al norte de Buenos Aires y siendo la tercera ciudad más grande de Argentina con 1.3 millones de habitantes.
Esta semana, dos taxistas, un chofer de ómnibus y un empleado de una estación de servicio perdieron la vida en hechos relacionados con el narcotráfico.
El gobierno de Santa Fe atribuye los ataques narcos al endurecimiento de las condiciones de detención de presos de alto perfil en las cárceles de la provincia. Según el comunicado gubernamental, los responsables de estos actos, calificados como terroristas, buscan recuperar privilegios como el uso de celulares, visitas íntimas ilimitadas y la organización de delitos desde la cárcel.
En el caso del empleado asesinado en la estación de servicio, los perpetradores dejaron una nota donde especificaron que “esta no es una guerra por territorio”, sino contra Pullaro y el ministro de Seguridad provincial, Pablo Cococcioni. Además, exigieron respeto a los derechos de los presos, amenazando con “matar más inocentes” en caso de no ser atendidas sus demandas.
En sus dos meses de gestión, Pullaro ha enfrentado 25 amenazas, las cuales atribuye a su política de mano dura en la ciudad, que presenta la mayor tasa de homicidios a nivel nacional: 22 por cada 100.000 habitantes, cinco veces superior al promedio nacional.
El gobernador santafesino busca concluir la construcción de una prisión de máxima seguridad y ha difundido imágenes de presos tratados en un estilo que algunos políticos y académicos critican, acusándolo de imitar al presidente salvadoreño, Nayib Bukele.
El ministro Cococcioni advirtió a los líderes narcos que, cuando esté finalizada la cárcel de alta seguridad, los delincuentes “no podrán ni pestañear”.