Dudas legales nublan el futuro de ¢8.600 millones para el censo

¿Qué pasará con los ¢8.600 millones que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) pensaba invertir en el 2022, en la recolección de datos del censo, y que no puede gastar porque incumpliría la regla fiscal?

La interpretación del INEC es que permanecerían en una reserva en forma indefinida que tiene limitaciones para invertir; también existe la posibilidad de que se tengan que devolver aunque existen dudas de a quién; o bajo cierto escenario, una parte podría incluso ir a dar a la caja única del Estado.

El ministro de Hacienda, Elian Villegas, dijo que se requiere un estudio del departamento legal de esta cartera. El INEC, por su parte, presentó sus consultas a la Procuraduría General de la República.

“Respecto a qué pasaría con los recursos eso ameritaría un estudio por parte de nuestro departamento legal, no es algo que nosotros hayamos revisado porque realmente no tenemos la intención de utilizar esos recursos para otros propósitos que no sean los propios del INEC”, respondió el ministro Villegas.

El censo implicaría una inversión estimada de ¢14.000 millones. El INEC ya invirtió en el proyecto censal cerca de ¢4.500 millones, entre el 2018 y el 2021, y para el 2022 tenía planeado desembolsar ¢8.600 millones más.

Sin embargo, la inversión del 2022, que era el año en el cual los datos se iban a recolectar, se suspendió porque si el INEC hace la erogación rompería el crecimiento de gasto de 1,96% que estableció la regla fiscal para el 2022.

Esta no es la primera vez que el censo se suspende. En 1994 el estudio se postergó por el cambio de gobierno; en 1995 por la huelga de maestros, quienes participan activamente en la recolección de datos; en 1996 por el huracán César y en 1997 por el problema de la deuda interna. Por último, se logró realizar en el 2000.

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El siguiente, que se realizó en el 2011 se le recortaron los recursos debido a la crisis fiscal. En teoría este estudio se deben realizar cada 10 años.

El costo del censo y su financiamiento

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Para evitar que los censos se queden sin recursos, en el 2019 se aprobó la Ley del Sistema de Estadística Nacional.

El artículo 52 de dicha Ley estableció cuatro fuentes de financiamiento para el INEC: una transferencia procedente del presupuesto nacional por un monto anual no menor a ¢3.600 millones, una partida a cargo del presupuesto del Banco Central de Costa Rica no menor a ¢5.000 millones (cantidad que se ajusta cada año con el índice de precios al consumidor), los recursos del impuesto de 0,5% sobre las primas de todos los seguros que se vendan en el país y los ingresos por la venta de servicios y bienes que genere el INEC.

Floribel Méndez, gerente del INEC, explicó que la partida que les da el Gobierno se gasta toda (¢400 millones es para la Encuesta Nacional de Hogares y ¢3.200 millones en la planilla, cargos fijos y gastos operativos básicos).

Del dinero que les traslada el Banco Central y del impuesto a las aseguradoras les queda un sobrante del cual se va haciendo una reserva que, según comentó Méndez, es un superávit específico porque tiene un fin especial.

El artículo 53 de la Ley del Sistema de Estadística Nacional establece que todos los recursos que el INEC genere como superávit libre constituirán una reserva destinada exclusivamente al financiamiento de todos los costos de los censos nacionales o la revisión y actualización de las metodologías utilizadas en la producción de las estadísticas oficiales.

Para utilizar esta reserva el INEC debe establecer una planificación plurianual.

También indica dicho artículo: “Estos recursos específicos quedan exceptuados de lo dispuesto por la Ley N° 9371, Eficiencia en la Administración de los Recursos Públicos, de 28 de junio de 2006; excepto cuando dichos recursos no se presupuesten durante los dos años siguientes al plazo determinado por el INEC, para la realización de las actividades indicadas en este artículo”.

Lo que dispone la Ley de Eficiencia en la Administración de los Recursos Públicos, en su artículo 5, es que los recursos de la Administración Central o que los entes públicos o privados reciban por concepto de transferencias por parte de la Administración Central, que constituyan superávit libre al cierre del ejercicio económico, deberán ser ejecutados por la entidad en un periodo máximo de dos años, sino los recursos deben ser devueltos al presupuesto de la República para ser aplicados a la amortización de la deuda interna y externa de la Administración Central.

Méndez explicó que consultaron a la Procuraduría General de la República si el INEC puede utilizar la reserva aún con la regla fiscal y si la reserva, que proviene del Banco Central y del impuesto a las primas de seguros, deberían estar sujetas a la devolución que indica la Ley de Eficiencia en la Administración de los Recursos Públicos.

Para Méndez, esos recursos tendrían que devolverse solo si se presupuesta la reserva como gasto y pasan dos años y no la utilizan, pero ¿a quién tendría que devolverse? Al Gobierno sería solo la parte que proviene de su aporte, pero Méndez interpreta que eso se gasta porque aunque el dinero es fungible, por medio del estado de origen y aplicación de recursos se puede diferenciar qué recursos corresponden a cada fuente de financiamiento y cuánto de cada fuente va a la reserva.

Méndez explicó que si, por ejemplo, el INEC recibe ¢12.000 millones, pero solo puede presupuestar ¢8.000 millones, la diferencia va para la reserva. Luego debe hacer otro presupuesto para usar la reserva y si no usa todos estos recursos que presupuestó de la reserva en dos años, entonces los tiene que devolver.

De esta reserva, añadió Méndez, solo pueden invertir en títulos de inversión por venta directa, que se hacen a través de la plataforma de Central Directo del Banco Central, y los únicos recursos que se pueden invertir son los provenientes de la transferencia del BCCR, según lo indicado por el Ministerio de Hacienda y según la circular TN-1373-2021 del 28 setiembre del 2021.

El gasto en el censo no genera déficit porque éste surge cuando hay gasto y no hay un ingreso y tampoco incrementa la deuda, que es lo que procura controlar la regla; sin embargo, comentó el ministro Villegas, si se excluyera de la regla los gastos que tienen ingreso que no proviene del presupuesto nacional, entonces se podría quedar con una regla muy débil.

El ministro descarta que la regla tenga un problema en su diseño.

¿Cuál es la posición del Banco Central que es quien pone la mayor partida y el más interesado en la producción de las estadísticas? Se le consultó y se espera respuesta.

Posibles soluciones

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Elizabeth Solano, subgerente del INEC y Coordinadora del Censo Nacional, explicó que para la entidad una solución es reformar el artículo 53 de la Ley del Sistema de Estadística Nacional para exceptuar al censo nacional y a las operaciones estadísticas con periodicidad mayor a dos años, de la regla fiscal, como le establece el proyecto de ley que se tramita bajo el expediente 22.702.

El martes 19 de octubre, explicó Solano, se aprobó una dispensa de trámite para este proyecto; sin embargo, si no se aprueba esta semana para próxima ingresa la agenda del Poder Ejecutivo y no saben si se convocaría la iniciativa.

Méndez y Solano comentaron que si el plan no está aprobado al 15 de noviembre ya no les daría tiempo de realizar el censo en el 2022.

Si no se realiza el censo país se quedaría sin la información, pero además perdería la inversión de ¢4.500 millones que ya se ha realizado, incluida la capacitación de unas 200 personas.

Se le consultó a Villegas si otra opción sería hacer un recorte similar en otra área para que en su totalidad el gasto del 2022 no rompa la regla fiscal. “Habría que estudiar la propuesta concreta sobre el tema”, respondió Villegas.

De no llegarse a una solución el país se quedaría sin la información del censo la cual guía las decisiones públicas y contribuye a las estrategias del sector privado, incumpliría uno de sus compromisos con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y tendría que ver qué hace con los recursos no utilizados.