En menos de dos meses, el sector industrial arrocero ha recibido dos noticias que romperían el esquema de comercialización del grano que se mantiene en Costa Rica desde muchos años atrás y que ha generado incontables anticuerpos, principalmente entre quienes abogan por una mayor competencia y libre mercado.
Los derechazos no se han anunciado en un solo round. Las nuevas medidas que caminan sobre la liberalización del precio del arroz han venido de a poco, con incluso algunas semanas de diferencia, pero todas desde un mismo flanco, el micrófono del presidente de la República, Rodrigo Chaves, y en una línea más que previsible.
Una de las medidas, anunciada este miércoles 6 de julio, disminuirá el arancel de importación del arroz pilado del 36% al 5%, lo que beneficiará el precio al que compran los importadores del grano, como la empresa La Maquila Lama.
La segunda acción comunicada por el Poder Ejecutivo es que derogará los decretos que determinan la fórmula mediante la que se establece el precio del arroz en Costa Rica y fija los costos mayoristas mínimos y máximos para el grano comercializado, con lo que se desmantelará el esquema de precios que se mantenía vigente.
Por último, Costa Rica permitirá la fortificación en su territorio del grano que ingrese desde otros mercados; antes, dicha carga debía venir con los niveles de vitaminas y minerales exigidos por la autoridad de salud desde el país de origen. Sobre este punto, la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz) cuestiona si el Ministerio de Salud tiene los mecanismos y la capacidad para verificar los procesos.
Tan fuerte es el impacto de dichas medidas, según los arroceros, que “provocarán un daño irreversible haciendo que en un corto tiempo desaparezcan la producción e industrialización de la granza”. Así lo hicieron saber por medio de un comunicado de prensa emitido por Conarroz y, en línea similar, se expresó la Cámara Nacional de Agricultura y Ganadería (CNAA).
“Además, atenta contra los encadenamientos productivos y más de 33.000 empleos asociados con esta actividad en 27 cantones arroceros de todo el país”, sentenció la Corporación, que defiende la imposición del arancel a la entrada del grano.
Sin embargo, en la otra línea, la decisión del Gobierno es respaldada por el gerente general de la empresa importadora La Maquila Lama, Juan Carlos Sandoval, quien aseguró que la medida anunciada camina en la ruta correcta respecto a la mejora en los precios del arroz para el consumidor. También fue apoyada por la Asociación Consumidores de Costa Rica.
Consultado sobre lo sucedido en las últimas semanas con el grano, el economista con experiencia en agricultura, Víctor Umaña, explicó que con los cambios que el Gobierno pretende el precio del arroz quedaría supeditado al vaivén del mercado internacional. Es decir, si el precio en los mercados extranjeros baja, también podría hacerlo en el mercado local, mientras que si existe un aumento en el cereal el efecto también se vería reflejado en nuestro país.
Asimismo, agregó que con las disminuciones arancelarias el mercado arrocero, principalmente los productores nacionales y los industriales, tendrán una mayor competencia, pues otros actores como los importadores de arroz pilado ahora traerán el grano al país en condiciones más favorables.
En entrevista con La Nación, el director ejecutivo de Conarroz, Fernando Araya, explicó que si las medidas anunciadas por el Gobierno entran en vigencia el pequeño y mediano productor nacional tendrá que competir de manera directa con productores de Suramérica de mayor tamaño, por ejemplo, y con el precio internacional.
Araya explicó que actualmente al productor nacional se le paga un precio desactualizado por saco, ya que no se ha realizado una modificación acorde con el aumento de costos de los fertilizantes y otras materias. Con la apertura de mercado, el precio a pagar sería aún menor porque la granza que proviene de afuera llega seca y madura, mientras que la cosechada en Costa Rica aún debe pasar por todo el proceso de limpieza, secado y almacenaje.
“Va a haber un desplazamiento natural, es un tema numérico. Si yo me ahorro ¢2.000 por saco, voy a comprar donde esté más barato, porque me quitaron los precios regulados y tengo que ir a competir al mercado, ofrecerles mi arroz para que me lo vendan pero el supermercado me va a decir ‘se lo compro a tanto, porque el otro me lo vende a tanto’”, explicó el director ejecutivo de Conarroz.
Araya reclamó que las opciones de financiamiento para los productores nacionales son casi nulas y que las condiciones de riego complican el crecimiento y la productividad del sector, por lo que una reconversión o diversificación de la actividad también se complica.
Decretos a prueba
Para cumplir con lo anunciado, el Poder Ejecutivo envió este 7 de julio dos decretos a consulta pública, uno por parte del Ministerio de Comercio Exterior (Comex) y otro por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC). El periodo de consulta es de 10 días hábiles, una vez que el texto es remitido a las partes interesadas.
El primer documento es el que disminuye los derechos arancelarios a la importación (DAI) del arroz pilado y el que ingresa en granza, sin perjuicio del gravamen del 1% establecido en la Ley N° 6946 del 13 de enero de 1984.
“Este paso que el presidente Rodrigo Chaves ha anunciado hoy (miércoles 6 de julio) en cuanto a la revisión de la política arancelaria del arroz es parte integral de una estrategia que busca promover mayor competencia en el mercado nacional de este producto, en línea con las recomendaciones que al efecto derivan de reputadas organizaciones nacionales e internacionales”, aseguró Manuel Tovar, ministro del Comex.
Un memorando del mes de junio del Comex, con base en un análisis realizado por el MEIC, concluye que Costa Rica es un importador neto de arroz y que la producción nacional cada año suple un porcentaje menor del consumo doméstico, por lo que el mercado internacional tiene una fuerte incidencia en el sector, según señala el borrador del decreto enviado por Comercio Exterior a consulta pública.
El segundo decreto deroga los textos ejecutivos N° 38884-MEIC del 24 de febrero de 2015 y el N° 39763-MEIC del 20 de mayo de 2016, que determinan la fórmula mediante la que se establece el precio del arroz.
El borrador de este segundo decreto enviado a consulta pública por el MEIC incluye como justificación, en su punto IX, que la permanencia de la regulación de precios no ha conllevado a una mejora sostenida de la competitividad del sector y que incluso, añade el punto XI, se ha observado no solo una disminución del área sembrada, sino también de la cantidad de los productores.
Datos publicados por la Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria (Sepsa) señalan que el área sembrada en Costa Rica con arroz pasó de 37.560 hectáreas, en el periodo 2017-2018, a alrededor de 33.668 para el periodo 2020-2021. También ha disminuido la producción, pasando de un volumen de 157.930 toneladas métricas a 152.721, para los periodos nombrados.
“Costa Rica por mucho tiempo se equivocó al creer que solo con la protección arancelaria y la regulación de precios iba a promover la actividad arrocera. Claramente esas políticas fueron un fracaso. Engañamos a muchos haciéndoles creer que con una pequeña escala iban a poder ser exitosos, lo cual no es cierto”, comentó Umaña.
