Washington. La fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, presentó el miércoles una demanda civil contra Donald Trump y tres de sus hijos, acusándolos de fraude comercial. Fue el último acontecimiento en las múltiples investigaciones civiles, penales y del Congreso que involucran al expresidente de Estados Unidos.
Estas son algunas de las pesquisas claves:
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Al frente de la justicia del Estado de Nueva York, la demócrata Letitia James presentó una denuncia civil contra Donald Trump, sus hijos y su grupo empresarial, la Organización Trump, tras investigar durante tres años sus prácticas financieras.
Los acusa de manipular “deliberadamente” las valoraciones de los activos del grupo -que incluyen clubes de golf, hoteles de lujo y otras propiedades- para obtener préstamos más ventajosos de los bancos o para reducir sus impuestos.
Reclama $250 millones en daños y perjuicios a nombre del estado, así como prohibiciones de operar empresas para el expresidente y sus familiares.
La fiscalía de Manhattan investiga el aspecto penal de este caso, abierto tras las revelaciones realizadas por un exabogado de Donald Trump, Michael Cohen, durante una audiencia en el Congreso. El expresidente denuncia una “caza de brujas” infundada, orquestada con fines políticos.
Al salir de la Casa Blanca, Donald Trump se llevó cajas enteras de documentos. Sin embargo, una ley de 1978 obliga a cualquier presidente estadounidense a transmitir todos sus correos electrónicos, cartas y otros documentos de trabajo a los Archivos Nacionales.
En enero el exmandatario entregó 15 cajas al Archivo Nacional. Tras examinarlos, el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por su sigla en inglés) estimó que probablemente tenía otros en su lujosa residencia en Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida.
Los agentes del FBI fueron allí por primera vez en junio y llegaron luego a la conclusión de que no les entregaron todos los documentos. El 8 de agosto, realizaron una búsqueda espectacular en Mar-a-Lago sobre la base de una orden judicial por “retener documentos clasificados” y “obstruir una investigación federal”, y confiscaron otras 30 cajas.
De nuevo, Donald Trump dijo que es “perseguido” políticamente y aseguró que los documentos incautados son personales o desclasificados. Obtuvo el nombramiento de un experto independiente para que los revise y determine su naturaleza, lo que atrasa el procedimiento.
La justicia federal abrió una extensa investigación tras la toma protagonizada el 6 de enero del 2021 por partidarios de Donald Trump, contra la sede del Congreso, cuando los legisladores certificaban la victoria de su rival demócrata Joe Biden en las elecciones presidenciales.
Desde entonces, más de 870 personas fueron detenidas y unas 100 condenadas a prisión. ¿Los fiscales evalúan seguir el tema hasta los funcionarios de la Casa Blanca, o incluso hasta el presidente? Este es el dilema que enfrenta Merrick Garland, el secretario de Justicia y fiscal general de la nación, designado por Joe Biden, quien tiene autoridad sobre el expediente.
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Conocido por ser metódico y cuidadoso, no descarta nada. "Todos los que sean penalmente responsables de los intentos de anular las elecciones tendrán que responder por sus acciones", dijo.
Una fiscal del estado de Georgia investiga desde el 2021 “intentos de influir en las operaciones electorales” de este estado sureño bastante conservador, pero en el que en 2020 ganó Biden. Las investigaciones continúan durante el 2022.
En una llamada telefónica, cuya grabación se hizo pública posteriormente, Donald Trump pidió a Brad Raffensperger, un alto funcionario de Georgia, que “encontrara” cerca de 12.000 papeletas a su nombre, suficientes para revertir los resultados en este estado.
Fani Willis, fiscal del condado de Fulton, que incluye a Atlanta, nombró un gran jurado para determinar si existía suficiente evidencia para acusarlo en este sentido. Ya logró recopilar testimonios de personalidades del círculo íntimo del magnate inmobiliario, en particular de su exabogado personal, Rudy Giuliani.