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Del dicho al hecho hay poco trecho, reza el decir popular.
La campaña en busca de votos para los escaños en disputa para conformar el próximo Congreso en El Salvador sufrió un violento sobresalto el 31 de enero cuando un ataque armado mató a dos militantes de izquierda e hirió a cinco.
Fue un suceso inusitado en ese país después de la guerra civil (1980-1992) y las décadas anteriores durante las cuales tales episodios eran corrientes.
Sí, porque después de los Acuerdos de Chapultepec que pusieron fin al enfrentamiento armado entre el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y la Fuerza Armada, las diferencias políticas se dirimieron en las urnas en forma pacífica, sin fraude electoral y con alternancia entre la derecha y la antigua guerrilla, reconvertida en partido.
Por eso, fue un episodio extraordinario y también motivo de preocupación. Tanto así, que no solo el FMLN y comentaristas de la vida política se inquietaron. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) solicitó a las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE) el envío anticipado de los observadores de los comicios “con el fin de monitorear, prevenir y denunciar, cualquier acto de violencia política”.
Parece que los partidos moribundos han puesto en marcha su último plan.
— Nayib Bukele (@nayibbukele) February 1, 2021
Qué desesperación por no perder sus privilegios y su corrupción.
Pensé que no podían caer más bajo, pero cayeron.
La insinuación del presidente Nayib Bukele de que podría tratarse de un autoataque para obtener réditos electorales caldeó los ánimos, principalmente de los seguidores del FMLN.
El atentado, cuyas motivaciones todavía no están claras, revivió los fantasmas del pasado en un país que ha sido testigo de episodios de violencia política, entre ellos golpes de Estado, asesinatos, desapariciones, persecuciones y otros abusos.
De allí que el esclarecimiento del caso y el procesamiento judicial de los responsables son clave.
El fiscal general, Raúl Melara, se comprometió a investigar y llevar ante la Justicia a quienes figuren como sospechosos (hay tres detenidos, presuntos empleados del Ministerio de Salud).
Clima enrarecido
Melara se reunió con representantes de los partidos políticos para hacer una apelación a “crear un acuerdo de no agresión y de no mensajes de violencia”. Empero, al encuentro no asistió ningún dirigente del partido Nuevas Ideas (NI), del presidente Bukele, y tampoco de Cambio Democrático.
La ausencia de NI es, en palabras del secretario general del FMLN, Óscar Ortiz, “una señal clara de confrontación y odio”.
Ortiz no ocultó la desconfianza de su partido con la Policía Nacional Civil (PCN), a la cual acusó de estar al servicio de un partido político. “Es una cúpula policial que está siendo manoseada en este proceso”, aseveró.
Para Rodolfo Parker, quien acudió a la reunión como representante del Partido Demócrata Cristiano (PDC), el atentado debe investigarse por cuanto -sostuvo- “esto tiene raíces más profundas, esto va mucho más allá”.
El hecho en cuestión ocurrió después de que Bukele desdeñó los Acuerdos de Chapultepec, que calificó de farsa” y de no haber traído “ninguna mejora para la población en sus derechos más básicos” de la población.
Palabras que rechazaron quienes fueron protagonistas de la guerra civil.
Bukele ha sostenido disputas con la Fiscalía General, la Asamblea Legislativa, la Corte Suprema de Justicia, el periodismo, los empresarios y sus rivales políticos, por supuesto.
El mandatario gusta presentarse como un antes y un después en El Salvador, descalificando a sus críticos con virulencia, tal como lo hizo con aquellos acuerdos.
Esta conducta inquieta sobremanera a sectores de la sociedad, que ven en las palabras y hechos de Bukele un sesgo autoritario.
Nuevas Ideas podría obtener un contundente triunfo en los comicios del 28 de febrero, si las mediciones de intención de voto se confirman en las urnas.
Y una victoria de tal calibre dejaría a Bukele con el control del Congreso y de la mayoría de gobiernos municipales cuando aún le restan casi tres años y medio de presidencia.
También representaría la oportunidad de promover candidatos para puestos claves como la Fiscalía General, la Contraloría de Cuentas, magistrados, etc.
Tal panorama tiene a muchos durmiendo con un ojo abierto... y el otro también.
