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Seis meses de suspensión impuso el Juzgado Penal de Hacienda –con sede en Goicoechea, San José– al alcalde de Garabito, Marvin Elizondo Cordero; al vicealcalde, Tobías Murillo Rodríguez, y a la proveedora, Ana Sofía Schmidt Quesada.
La medida la adoptó después de que la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción los presentó como sospechosos de recibir pagos dudosos con fondos que manejaba la Municipalidad de Garabito.
El Ministerio Público había solicitado seis meses de prisión preventiva para estas tres personas, así como para el jefe de la Policía Municipal, Juan Gabriel Hidalgo Hernández, además del abogado Fernando Vargas Zeledón.
Empero, el Juzgado solo suspendió del cargo a los tres funcionarios, además de imponerles impedimento de salida del país y prohibirles acercarse a la Municipalidad.
A los otros dos sospechosos les dictó medidas cautelares mientras se realiza el juicio.
Los cinco implicados enfrentan un proceso penal como presuntos responsables de los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, falsedad ideológica y fraude de ley.
