Katherine Chaves R.. 16 septiembre, 2017
La atención es integral y un equipo interdisciplinario recibe el caso y recomienda las medidas. | FINES ILUSTRATIVOS
La atención es integral y un equipo interdisciplinario recibe el caso y recomienda las medidas. | FINES ILUSTRATIVOS

Cada vez se vuelve más común que las víctimas de delitos acudan a la Fiscalía para pedir ayuda psicológica y legal o protección. Así se demostró en el Informe de Labores de 2016 de la Oficina de Atención y Protección de la Víctima del Delito (OAPVD) del Ministerio Público.

Esa oficina, que funciona desde el 2009, maneja dos programas: el de Atención y el de Protección.

Tiene 19 sedes distribuidas en distintas partes del país, donde se encargan de darle contención a los ofendidos desde varias aristas.

En ese documento se lee que, en el 2010, hubo 11.872 casos ingresados, mientras que, el año anterior, esa cifra aumentó a 25.938 expedientes. Se intentó conocer cuántos de esos están activos a este momento, pero la Fiscalía desconoce la cifra.

Lo que sí se sabe es que, del total de casos, 16.648 folios ingresaron al programa de Atención; el resto (9.290) fue a dar al programa de Protección.

Verónica Castro, coordinadora nacional del Programa de Atención, indicó que ese incremento responde a varias razones. La primera es que cada vez se cometen más delitos en el país, lo cual provoca más víctimas.

“Todo va muy ligado a la realidad nacional del país. Si se da un incremento en los robos, por ejemplo, se empiezan a incrementar las denuncias y las necesidades que tendrán los ofendidos”, explicó.

La segunda razón es que hay una promoción constante de los servicios que dan en esa oficina. “Tenemos que ir a las comunidades , visitamos redes de apoyo y explicamos qué hacemos. También impartimos charlas a los jueces y fiscales sobre qué es lo que hacemos acá”, detalló.

Funcionamiento. Cualquier persona que se sienta víctima de un delito puede acudir a esta oficina; puede ser menor o mayor de edad y no es requisito haber interpuesto antes la denuncia.

Cuando llega, lo recibirá un equipo interdisciplinario, quien le hará un estudio para determinar a cuál programa debe ser remitido: si al de Atención o al de Protección.

Si se resuelve que hay un riesgo latente, se le recomienda a la persona alguna medida de protección extraprocesal, que puede ir desde un monitoreo telefónico hasta la reubicación domiciliar temporal.

En cambio, si no se encuentra ningún peligro, se traslada al programa de Atención, donde se le darán terapias psicológicas y hasta asesoría legal para superar ese problema.

En caso de que el ofendido aún no haya interpuesto la denuncia, Castro explicó: “Si es que buscan a la persona para matarla, debemos evacuar esa situación de riesgo.

”Una vez que se hace eso, la acompañamos para que interponga la denuncia. Si hablamos de una situación que no corresponde al riesgo, sino que es un tema más emocional, vamos a trabajar en empoderar a la víctima para que denuncie”.

La oficina dará un “plazo razonable” para que el ofendido interponga la denuncia.

“La ley no estipula un tiempo específico, porque dependerá mucho del trabajo que necesite la persona. Pero, si evacuada la situación, no desea denunciar, no puede continuar con el servicio de la oficina”, detalló.

Mientras que si la denuncia sí está interpuesta, el tiempo que la persona estará dentro del programa dependerá del plan que le realice el equipo interdisciplinario. Es decir, no estará ligada a lo que ocurra con el proceso judicial.

“Si el debate termina y no hemos culminado algunos de los trabajos que teníamos, igual lo terminamos. Si no se llega a juicio porque hay una desestimación, se le siguen dando las terapias a la persona.

”Culminamos los servicios que comenzamos a brindar porque la idea es generar un cambio en la vida de la persona, la idea es mejorar la calidad de vida de esa persona”, indicó.

Abandono. Pese a que se desconoce cuántos de esos expedientes están activos actualmente y cuántos ya fueron cerrados, el Informe de Labores señaló que hay un porcentaje importante de casos terminados.

Una de las causas que más motivan el cierre es la falta de interés de la víctima. Como el ingreso y la permanencia depende de la voluntariedad del ofendido, cuando estos pierden el deseo de permanecer, la Fiscalía se queda atada de manos.

Según Castro, la mora judicial y el “creerse invencible” provoca que los ofendidos se marchen del programa sin haber concluido el plan.

“Hay casos que duran muchos años y empieza a desmotivar a la persona. La deserción va muy ligado a lo que tardan los procesos.

”También se da porque la persona no se visualiza en una situación de riesgo. Por un tema cultural siempre creemos que no nos va a pasar nada”, concluyó la coordinadora.