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La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Zarela Villanueva Monge, admitió que una tarea que deja pendiente es dar mas derechos a las víctimas de un delito en los procesos penales.
En su criterio, los afectados deberían tener voz y estar presentes desde el momento en que dictan las medidas cautelares. “El debido proceso no solo se hizo para los imputados”, afirmó la magistrada, quien considera que los litigios penales son demasiado largos.
“Todos los que fuimos afectados tenemos derecho a aparecer (...) decir lo que sentimos”, sostuvo Zarela Villanueva, quien en abril de 1993, estuvo entre los 19 magistrados secuestrados por el llamado Comando de la Muerte.
Después de 41 años en el Poder Judicial, la presidenta de la Corte se jubilará el próximo 13 de mayo. El 28 de marzo habló con La Nación y dijo que haber sido la primera mujer al mando de la Corte no fue tarea fácil, pues “era un cambio cultural muy grande” en una institución en la cual hay “diversidad de pensamientos y cuestionamientos constantes”.
¿Cuáles son sus logros tras 41 años en el Poder Judicial?
He trabajado para un cambio cultural en dos áreas. El respeto a los derechos humanos. Es decir, el derecho de las mujeres, de las personas adultas, las personas con discapacidad. La institución debía organizarse y responder a todas las personas; no solo a los sectores que podían llegar solitos con recursos.
”El otro cambio es por la apertura, la transparencia y la rendición de cuentas, que diga lo que hace, en qué gasta los recursos, abierta al escrutinio externo y que sea capaz de dar confianza a la población”.
¿Podría citar algunos de los resultados?
Para responder a los 700.000 juicios nuevos cada año, teníamos que apostar a lo tecnológico. Se impulsó el uso de la tecnología a lo interno, a la vez que se les permitió a las personas desde cualquier lugar acceder a pedir hojas de delincuencia, solicitudes de apremios corporales, ver depósitos y a los abogados litigar. Aprendí que todo el sector público estaba diseñado para un tipo de servicio que no les facilitaba a las mujeres el acceso. Mi trabajo fue reforzar las materias donde las personas tenían esa condición. Hemos reforzado violencia doméstica; ahora hay más de 60 juzgados en todo el país. Se le dio importancia a pensiones alimentarias (reciben 135 denuncias al día). Se trata de alimentos para niños y niñas y la educación.
¿Qué asunto no pudo realizar durante su gestión?
Hicimos la reforma procesal laboral y procesal de familia, que son temas de la Sala a la cual pertenezco (Sala Segunda) y que tienen que ver con sectores muy importantes, como los trabajadores y las familias. El proceso laboral ya está listo para entrar en vigencia (próximo 25 de julio). La otra área que quedaba por revisar es la procesal civil (entra en vigor a mediados del 2018) y la agraria ahí está lista. Creo que cumplimos.
¿En matera penal se quedó algo pendiente?
Mi impulso en lo penal fue crear una jurisdicción especializada que pudiera hacer frente al crimen organizado; se presentó un proyecto de ley y se puso a funcionar el centro de intervenciones de las comunicaciones. Lo otro que hicimos en lo penal fue el trabajo con las víctimas. Lo que sigue en materia penal es que creo que el proceso penal es demasiado largo y las víctimas están invisibilizadas. Eso es lo que está pendiente. Ahora he visto que quieren eliminar etapas, pero no basta. Debe volverse a la revisión del debido proceso y que el debido proceso no fue hecho solo para los imputados. El debido proceso lo deben tener las víctimas. Las víctimas deben tener voz, pero no voz por otra persona como lo es la Fiscalía, sino tener una participación en todas las etapas del proceso. Equilibrar el partido.
¿Tiene el Poder Judicial los recursos adecuados para desarrollar las funciones?
Creo que en esto no somos ajenos a la situación general del país. La institución hace un esfuerzo por responder con los recursos que se le dan y el compromiso a lo interno es hacer el mejor uso y trabajar de la manera mas eficiente. La Fiscalía y la Policía cuentan con los recursos que el país puede darles (...); las épocas han cambiado y la criminalidad cuenta con demasiados recursos. Es una batalla que debemos afrontar (...).En algo tan fundamental como la sustitución de vehículos, pasamos de un nivel de sustitución de tres a seis años. Esto, por la cr isis.
Usted habla de transparencia, pero los procesos contra empleados tardan un año. ¿No es eso muy largo?
La ley es la que establece la duración, que es un año; es la ley. Debe hacerse una investigación porque en este país todos respetamos los derechos. Si es muy grave el hecho, se pueden dictar medidas cautelares, trasladar a la persona o separarla.
¿Debería reformarse la ley para bajar ese plazo?
Lo ideal es que sea rápido, con más prontitud, pero los derechos deben respetarse. Hay mecanismos que podrían reformarse para hacer más cortos esos procesos internos.
¿Ve posible separar la Fiscalía y el OIJ del Poder Judicial?
En este momento, no tienen el desarrollo para separarse. No están estructuralmente fortalecidos en lo interno para esa separación. La idea no es que estén de un lado o del otro, sino que cumplan su función de manera independiente. No creo que tengan la estructura ni la fortaleza, los mínimos internos de objetividad que les garanticen a ellos mismos y a la ciudadanía el ejercicio en solitario.
¿Cuál será su pensión cuando se jubile?
No la he tramitado. No he hecho cálculos, pero se que estará en todo lado porque podrán ver las actas (del Consejo Superior al aprobarla) y será pública.
¿A que se va a dedicar luego de la jubilación?
Tengo demasiadas inquietudes e intereses, me entusiasman mucho mi familia y mis nietas, pero la vida me ha enseñado que los planes están llenos de imprevistos.
