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La magistrada Iris Rocío Rojas Morales, integrante de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, sugirió en la sesión de Corte Plena de este lunes que se deben intervenir los teléfonos de los periodistas para conocer quiénes son sus fuentes en el Poder Judicial.
“El secreto de la fuente del periodista no es ilimitado”, declaró Rojas en alusión a la eventual fuga de información de operativos policiales que pueden fracasar por filtrarse a la prensa.
La manifestación la hizo durante una discusión que surgió luego de que la magistrada Patricia Solano, de la Sala Tercera, presentara un informe sobre las actuaciones de la Comisión de Enlace Corte-OIJ de la cual era la coordinadora, puesto que partir de ahora asume el magistrado Gerardo Rubén Alfaro.
Uno de los puntos pendientes, dijo, era la confección de un protocolo para regular las relaciones entre la prensa y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Dicho documento lo gestó desde el 2014 la Dirección de Comunicación Organizacional del Poder Judicial. Posteriormente, en el 2015, hubo algunos aportes externos y se pasó a la Comisión de Enlace Corte-OIJ para que procediera a una redacción final. Sin embargo, el protocolo nunca se elaboró, pues dicha comisión no volvió a reunirse.
A finales del año anterior, nuevamente se conformó la Comisión de Enlace y volvieron a retomar el tema del protocolo.
Patricia Solano, al rendir su informe de labores, dijo que ese protocolo queda pendiente.
“Este es un tema sensible. Es un tema que requiere de un abordaje especial, que no es sencillo. Es un especial reto que debe afrontar la Comisión de Enlace. Es un tema viejo que tiene que ver con allanamientos o de intervenciones de parte del Organismo de Investigación Judicial y de autoridades judiciales en actos públicos, donde primero llega la prensa y después llega la Policía y donde en algunos momentos se ha denunciado que hay fuga de información de los operativos, que los ponen en riesgo o de la misma intervención que hace la prensa. Se confrontan dos derechos: el derecho de informar y el derecho a la seguridad y su privacidad”, manifestó Solano.
La magistrada hizo ver que es un tema que todavía no se tiene la solución final, que tiene muchas aristas y que el pronunciamiento final debe darlo la Corte Plena, integrada por los 22 magistrados.
Punto de discordia
Fue en ese momento que la magistrada Iris Rocío Rojas solicitó la palabra y sugirió a sus compañeros que el tema no debe quedarse en protocolo, e ir más allá, con una reforma legal que permita la intervención a los teléfonos de los periodistas.
“A mí me parece que el interés público debe prevalecer siempre, porque el éxito de una investigación puede verse afectada por la fuga de información. El secreto de la fuente del periodista no es ilimitado. Es claro que de acuerdo al 24 de la Constitución (Política) habría que incluirlo dentro de los delitos que podrían tener intervención telefónica (...)
"A mí me parece que por el éxito de las investigaciones, sobre todo cuando estamos en las puertas de un engrandecimiento del crimen organizado, saber quiénes son esas fuentes y de si son internas es del mayor interés público”, mencionó la alta jueza.
Rojas luego insistió en que los magistrados deberían pensar más en una “reforma del más alto nivel, que en un protocolo, por un protocolo no va a resistir un embate constitucional”.
Luego agregó: “La única forma de saber quién está filtrando información es interviniendo y dándole seguimiento a los teléfonos de quienes están en contacto o han participado de estos operativos (...) Lo que necesitamos es un mecanismo efectivo para concretarlo, porque ningún periodista le va a dar a usted la fuente. Va a indicar que se reserva (...) O nosotros nos adelantamos a las circunstancias o perdemos el país”.
La magistrada de la Sala Constitucional, Nancy Hernández y también integrante de la Comisión de Enlace aclaró luego de que el protocolo se enmarcaría con absoluto respeto a un fallo de la Sala Constitucional sobre la intervención a los teléfonos de los periodistas, que fue emitido en marzo del 2014.
Dicha sentencia tiene que ver con un recurso de amparo que presentó Diario Extra contra el OIJ y el Ministerio Público por un rastreo telefónico que le hicieron al periodista Manuel Estrada.
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Según el fallo, el rastreo telefónico “violó el principio de proporcionalidad”, pues el periodista era ajeno a la investigación. “Con ello se violó el derecho a la intimidad del tercero”, determinó la Sala.
Los magistrados Gilberth Armijo y Paul Rueda consideraron adicionalmente, en aquel momento, de que los rastreos telefónicos requieren de una orden judicial para ser ejecutados, y declararon nula toda prueba recabada con la finalidad de determinar la identidad de las personas que sirvieron de fuente para la difusión de una serie de noticias que publicó aquel medio.
Nancy Hernández agregó: “Es decir, si nosotros tenemos fuga de información tenemos que investigar a nuestros funcionarios, no a los periodistas, ni las fuentes de los periodistas. En vez de buscar hacerle un cruce de llamadas al periodista o intervenir al periodista, lo que hay que hacer es ver cuáles funcionarios manejaban la información del operativo y hacer la intervención a través de ellos. También estamos buscando la asesoría de algunas fuentes externas para que esto sea de común acuerdo y de construcción conjunta con la prensa”.
Fernando Cruz, presidente de la Corte Suprema de Justicia, sostuvo que el tema se deberá discutir en la Corte Plena cuando esté el protocolo, al tiempo que agregó que él está totalmente de acuerdo con el fallo de la Sala Constitucional de marzo del 2014.
En la noche, concluida esta discusión, la oficina de prensa del Poder Judicial remitió una aclaración sobre las manifestaciones hechas por Rojas, en el sentido de que la magistrada lo que hizo fue proponer “una reforma a la Ley sobre Registro, Secuestro y Examen de Documentos Privados e Intervención de las Comunicaciones, conforme al artículo 24 de la Constitución Política, y que de esta manera se incluiría dentro de la posibilidad de las intervenciones telefónicas la divulgación de información de causas penales en investigación”.
Asimismo, se dice que en criterio de Iris Rocío Rojas, a los periodistas les asiste el derecho de reserva de la fuente y que las acciones preventivas deben enfocarse hacia el personal judicial.
