El Tribunal Penal de Juicio de San José condenó a 24 años de prisión a un notario de apellidos Parini Segura, luego de hallarlo responsable del delito de fraude con propiedades.
La Fiscalía Adjunta de Fraudes acusó, en febrero del 2013, a Parini y a otras personas, por los delitos de falsedad ideológica, uso de documento falso y estafa mayor. Sin embargo, el juicio a Parini se realizó de forma independiente.
El proceso finalizó el 14 de agosto y la sentencia fue dada a conocer el lunes pasado. Además, los jueces prorrogaron por seis meses la medida de prisión preventiva.
Según el Ministerio Público, en el expediente 11-000787-0612-PE se acumularon siete denuncias sobre una serie de fraudes con valiosas propiedades localizadas en las provincias de San José, Alajuela, Cartago y Guanacaste.
Caso por caso. A Parini se le condenó por haber incluido hechos falsos en cuatro escrituras, documentos que le permitieron a los otros involucrados en los fraudes, obtener la titularidad registral de dos inmuebles y realizar hipotecas millonarias sobre otras dos propiedades.

Durante la etapa de recolección de pruebas las autoridades lograron establecer que Parini protocolizó un acta inexistente de una sociedad anónima afectada, cuyos libros originales eran resguardados en el extranjero por una representante de la entidad jurídica.
También consignó, de manera falsa, que un extranjero dueño de una finca en Guanacaste la había vendido por ¢300.000 a otro sujeto, que fue imputado en el caso.
En otro acto, el notario confeccionó una escritura pública falsa sin la comparecencia ni autorización de la ofendida, con el fin de otorgar un poder generalísimo sin límite de suma a favor de otro hombre, quien está prófugo. Tras inscribir el poder, se hipotecó por ¢25 millones una propiedad de la víctima, ubicada en Tres Ríos.
Por último, Parini ayudó a que una mujer con la que se había asociado, se convirtiera en fiduciaria, con lo cual ella dispuso de un inmueble ajeno, el cual hipotecó por ¢7.000.000, monto que nunca canceló y que motivó al acreedor a iniciar un proceso ejecutivo hipotecario, que culminó con el remate de la propiedad.