El incremento patrimonial injustificado fue quizás uno de los factores que delató el supuesto vínculo de un agente del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), de apellidos Solís Sánchez, con una organización narcotraficante que enviaba cocaína a Europa.
Según las investigaciones judiciales, este agente, de 35 años y vecino de Heredia, con un salario mensual que oscila en poco más de ¢1 millón, compró en los últimos meses varios autos. Incluso en algunos momentos hizo adquisiciones con dólares en efectivo y compró varias máquinas de alto valor para realizar ejercicios.
El oficial, que se desempeña en la Sección de Robo de Vehículos en San José, se encontraba con un permiso sin goce salario e iba a ser detenido la madrugada del martes en su apartamento en San Pablo de Heredia. Pero al ingreso de los agentes al inmueble no lo encontraron, pese a que la televisión estaba encendida y la cama destendida.
Sin embargo, la noche de ese mismo día se presentó ante el Ministerio Público donde quedó detenido.
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Este agente, junto con otros dos investigadores judiciales de apellidos Bejarano Benavides y Praslin Guevara y un exoficial apellidado Molina Fonseca son señalados por las autoridades como servidores judiciales que de diversa forma presuntamente colaboraron con el grupo criminal desarticulado el martes.
Todos los investigadores (incluido el que ya no trabaja para la Policía Judicial) tenían la coincidencia de que fueron compañeros en la Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios (Siori).
Respecto a Bejarano Benavides, de 29 años y vecino de Desamparados, las investigaciones que las autoridades judiciales realizaron desde el 2018 y hasta la actualidad determinaron que este oficial se le ligó como propietario de dos barberías y de una licorera recientemente inaugurada.
En cuanto a Praslin Guevara, de 31 años y vecino de Zapote, y Molina Fonseca, de 35 años y vecino de San Francisco de Dos Ríos, no fue posible determinar si tuvieron algún crecimiento económico.
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Wálter Espinoza Espinoza, director del OIJ, dijo el martes que hace dos semanas a Molina se le revocó el nombramiento, sin precisar cuál fue el tipo de falta que cometió.
Este oficial, según actas del Consejo Superior, solicitó en enero del 2018 que se le concediera un permiso sin goce de salario.
Sin embargo, el Consejo se lo denegó por cuanto al 30 de enero del 2018 tenía pendientes de de cumplir una sanción de tres días sin goce de salario por negligencia en las funciones (atraso injustificado en la tramitación de un caso).
Además, otros tres días de sanción “por conducta irregular, incorrecciones en el ejercicio del cargo y una de 10 días de suspensión por negligencia en la custodia de arma de reglamento”.
Asimismo, según el acta judicial “cuenta con dos causas pendientes en la Inspección Judicial, despacho que ha hecho consultas reiteradas sobre los roles del funcionario, para que puedan continuar con las diligencias relacionadas con dichas causas”.
