Laura Fernández, ministra de la Presidencia y presidenta electa de la República, pidió a los jefes de las fracciones legislativas apurar el trámite y dejarle aprobados siete proyectos de ley antes de que termine el actual periodo de esta Asamblea Legislativa. A continuación, le explicamos en qué consiste cada una de esas iniciativas.
Se trata de cuatro créditos internacionales, así como reformas en temas ambientales, de atención en salud y una modificación sobre el tema de expropiaciones. Adicionalmente, mencionó un crédito sobre resiliencia climática y otro para apoyo presupuestario del Gobierno Central.
Primero explicaremos los dos proyectos que requieren mayoría absoluta, es decir, la mitad más uno de los congresistas.
Reforma sobre la contratación y formación de especialistas médicos en la CCSS
Se trata del expediente legislativo 24.015, cuyo objetivo es establecer un marco regulatorio para que el Ministerio de Salud pueda declarar inopia de especialistas médicos en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Así, podrán contratarse médicos especialistas procedentes de universidades ubicadas en países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), sean estos costarricenses o extranjeros.
Estos profesionales podrán ingresar al país a prestar sus servicios de forma exclusiva para la CCSS, y no se les exigirá ningún otro requisito adicional al título que poseen. La declaratoria de inopia solo podrá exceder un plazo de cinco años si el Ministerio crea un plan estructural de formación nacional de especialistas.
La propuesta de ley también establece un marco regulatorio para que la CCSS otorgue becas para enviar médicos a estudiar al extranjero, de manera que se puedan satisfacer sus necesidades de especialistas.
Actualmente, esta propuesta se encuentra en trámite en el plenario, donde se debaten 251 mociones de reiteración.
El texto es impulsado por la diputada socialcristiana María Marta Carballo, quien durante la campaña presidencial anunció su voto para Laura Fernández. Además, esta congresista votó en contra de levantar la inmunidad de Rodrigo Chaves en dos ocasiones: por el caso BCIE-Cariñitos y por la presunta beligerancia política, y ha recibido elogios del diputado electo y abogado del presidente Rodrigo Chaves, José Miguel Villalobos.
Regulación de la explotación de minería metálica a cielo abierto en Crucitas de Cutris
Este es el proyecto de ley 24.717, propuesto por el Poder Ejecutivo con el fin de autorizar y regular la exploración y explotación de la minería metálica a cielo abierto exclusivamente en Cutris de en San Carlos.
La iniciativa propone crear las subastas públicas mineras como procedimiento para que el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) otorgue las concesiones de explotación minera. Esta subasta se realizaría entre personas físicas o jurídicas que hayan pasado por un proceso de preselección, y se adjudicará al oferente que ofrezca el mayor porcentaje de ganancia para el Estado, siempre que cumpla con condiciones técnicas, jurídicas y ambientales.
Los consecionarios no tendrían limitaciones respecto al número de concesiones que pueden recibir, aunque la ley dispone la creación de medidas para evitar la “concentración abusiva”.
Incluso, la propuesta establece que el propio Estado puede ejecutar directamente la exploración y explotación minera a través de instituciones o empresas públicas. En esos casos se aplicará la Ley de Expropiaciones.
Esta propuesta ya fue dictaminada por la Comisión de Alajuela, y se encuentra en trámite de mociones de fondo.
Ahora, explicaremos los proyectos de ley que requieren mayoría calificada, es decir, 38 de los 57 votos del Congreso.
Ley general de adquisición de terrenos y expropiaciones
El proyecto de ley 24.669, propuesto por el diputado independiente Luis Diego Vargas con el apoyo de otros 41 congresistas, plantea una reforma a la Ley de Expropiaciones para apurar los procedimientos que permitan acelerar la construcción de obra vial de interés público legalmente comprobado.
La iniciativa dispone que el propietario del terreno o inmueble de interés puede llegar a un acuerdo voluntario de venta o donación; en ese caso, el Estado pagaría un porcentaje de incentivo sobre el avalúo, como una forma de motivar que la transacción se realice sin necesidad de un proceso legal más engorroso.
No obstante, si de todas formas el propietario se niega a vender, se acudiría a la vía de la expropiación, que también dispone el pago de una indemnización que represente un precio justo.
El proyecto de ley indica que el proceso de apropiación debe ser resuelto por los jueces con celeridad, ya sea nombrando curadores procesales o bien, ordenando la posesión de las propiedades y reservando la suma de dinero dispuesta por el Estado.
"Debe dársele prevalencia al interés público por encima de cualquier interés particular (...). Los proyectos se ven afectados por la tardanza y la insuficiencia en la disponibilidad física de los terrenos, problema que se agudiza en zonas urbanas donde la cantidad de terrenos es mucho mayor“, detalla la propuesta de Vargas.
Si la expropiación se acuerda en un estado de guerra, conmoción interior o emergencia, la indemnización puede pagarse hasta dos años después de concluido el estado de emergencia.
Este proyecto ya fue dictaminado por la Comisión de Infraestructura de la Asamblea Legislativa.
Crédito por $350 millones con Banco Mundial para reconstrucción resiliente
Los últimos cuatro proyectos solicitados por la presidenta electa son préstamos internacionales y, por tanto, requieren mayoría calificada para ser aprobados. En este caso, se trata del expediente 24.761, que pretende la aprobación de una deuda por $350 millones con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), parte del Banco Mundial, para financiar el Programa de Reconstrucción y Desarrollo Territorial Resiliente al Clima.
La institución responsable de gestionar el dinero de este préstamo sería la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), que conformaría una unidad ejecutora bajo las órdenes del director ejecutivo de turno.
En síntesis, el programa de inversión pretende que estos $350 millones se destinen a fortalecer la capacidad de respuesta y la resiliencia de la infraestructura ante posibles desastres. Además, algunos fondos se destinarían a reparar la infraestructura dañada en algún evento.
Este proyecto fue dictaminado afirmativamente por la mayoría de la Comisión de Hacendarios del Congreso, y se encuentra actualmente en el plenario legislativo.
Crédito por $290 millones con BCIE para gastos del gobierno
El segundo préstamo internacional corresponde a $290 millones con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), con el fin de utilizar los fondos para sufragar gastos del Gobierno Central.
Se trata del expediente 24.907, presentado por el Poder Ejecutivo.
El préstamo propuesto incluye el pago de intereses y contaría con cinco años de gracia antes de realizar el primer pago. Los fondos serían administrados por el Ministerio de Hacienda.
En la justificación, el gobierno afirma que el crédito se usaría para "promover el crecimiento económico equilibrado, reducción de la pobreza, desarrollo sostenible y combate al cambio climático, que fortalezcan el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica”.
La iniciativa fue dictaminada por Hacendarios pero se encuentra en trámite de mociones de fondo.
Crédito por $770 millones para la ampliación del corredor vial San José-San Ramón
El penúltimo préstamo solicitado por Fernández es por $770 millones destinados a ampliar el corredor vial entre San José y San Ramón. Esta propuesta también fue planteada por el Ejecutivo.
Bajo el número de expediente 25.183, la deuda se pactaría con el BCIE y el Fondo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) para el Desarrollo Internacional.
De los $770 millones, $600 millones serían aportados por el BCIE a 20 años plazo con cinco años de gracia y el correspondiente pago de intereses. Los restantes $170 millones serían financiados por el Fondo OPEP.
“El Corredor Vial incluye la Radial Río Segundo y obras conexas, la cual ha sido objeto de atención desde hace más de una década debido a su importancia estratégica para la movilidad en la región central de Costa Rica”, detalla la propuesta.
Según la justificación, el área de influencia del proyecto incluye a 31 cantones en las provincias de San José, Alajuela, Heredia y Cartago, lo que representa aproximadamente el 20% del territorio nacional y el 56% de la población.
Esta iniciativa se encuentra en la Comisión de Hacendarios, aunque próximamente se daría su dictamen.
Crédito por $800 millones con BCIE para construcción del tren rápido de pasajeros
Por último, la presidenta electa solicitó aprobar el proyecto de ley 25.291 para adquirir un préstamo de $800 millones con el BCIE y el Banco Europeo de Inversiones (BEI). Estos fondos se utilizarían para la construcción, equipamiento y puesta en operación de las líneas 1 y 2 del tren rápido de pasajeros.
Según el proyecto, de los $800 millones, $550 millones provendrán del BCIE (incluyendo $178,7 millones dle Fondo Verde del Clima), y $250 millones del BEI.
El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) deberá aportar $26,5 millones, mientras que el Fondo Verde del Clima donará $21,3 millones adicionales destinados exclusivamente para la construcción de infraestructura no motorizada, accesibilidad y programas de equidad de género.
Anteriormente el presidente Rodrigo Chaves había pedido al Congreso aprobar este expediente. La iniciativa se encuentra en la Comisión de Hacendarios.