La iniciativa, tramitada bajo el expediente 24.717 y propuesta por el gobierno, se aprobó por mayoría con ocho votos a favor y uno en contra. Este proyecto establece el otorgamiento de permisos de exploración y, posteriormente, una subasta pública para conceder la explotación de los metales.
El Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) sería la institución encargada de adjudicar las concesiones de exploración y explotación minera, denominadas subastas públicas mineras.
Las ofertas deberán realizarse con base en el concepto de royalty, entendido como un pago anual del concesionario en favor del Estado. El porcentaje mínimo será de 5% de las ventas brutas obtenidas en la concesión, según la propuesta.
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El plan prohíbe cualquier método de lixiviación abierto para recuperar oro u otros metales. Únicamente se permitirán técnicas de ciclo cerrado o aquellas que autoricen los ministros de Salud y Ambiente y Energía.
La diputada Priscilla Vindas, del Frente Amplio (FA), fue la única legisladora que votó en contra. Argumentó que la minería a cielo abierto no debe permitirse y que el proyecto no establece responsabilidades claras para el Poder Ejecutivo.
“Yo creo que la población de Crucitas merece un desarrollo sostenido en el tiempo y hay que sentar las responsabilidades a quienes les compete y hay responsabilidades que son del Poder Ejecutivo. El proyecto no siente esas bases de responsabilidades sobre el Poder Ejecutivo”, agregó.
A favor se pronunciaron Monserrat Ruiz y José Joaquín Hernández, del Partido Liberación Nacional (PLN); José Pablo Sibaja y Olga Morera, de Nueva República; Leslye Bojorges, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); los independientes Luis Diego Vargas y María Marta Padilla; y Jorge Antonio Rojas, del oficialismo.
Hernández señaló que el plan busca un modelo para extraer el oro “de la mejor manera” y destacó que se establecen criterios técnicos y de experiencia para la preselección de los concesionarios.
Para el proceso de preselección, las empresas deberán demostrar experiencia en minería a cielo abierto, capacidad de inversión y ausencia de sanciones ambientales, entre otros aspectos.
Con la aprobación en la comisión legislativa, el Plenario discutirá el texto. La propuesta de ley ya fue sometida a 75 consultas institucionales y también se realizaron dos audiencias con especialistas.
La exposición de motivos del proyecto señala que los ingresos generados por la actividad minera se destinarán a proyectos de desarrollo social, económico y ambiental. Asimismo, el Estado resalta la importancia de un control sobre la extracción minera para evitar la proliferación de la minería ilegal en Cutris.
