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Costa Rica es un país de desigualdades, un país donde el 32,5% de los ciudadanos viven con menos de ¢400.000 al mes, donde el 61% de los jóvenes no va a la universidad, donde el niño que nazca en un barrio tendrá una vida más difícil que el que nació en un condominio. Pero el que visite la comunidad de Crucitas, en la frontera norte, entenderá que esa enorme parcela de tierra roja y clima bochornoso es la zona donde los ticos nacen condenados a ser invisibles, a vivir en los márgenes, a vivir sin permiso.
La Nación visitó Crucitas en agosto del 2023, cuando cientos de coligalleros invadieron la Finca Vivoyet aprovechándose de que la Fuerza Pública abandonó el campamento minero por orden presidencial (un correo revelado por este medio lo demuestra). Un año y diez meses después, el pasado viernes 13 de junio, recorrimos nuevamente los 200 kilómetros y cinco horas de camino que separan al sector más próspero del país, la Gran Área Metropolitana, de la que tierra que citamos en conversaciones solo para hablar de oro.
Sí, solo para hablar de oro o de otro metal, el mercurio, que envenena tierras, personas, animales, plantas y nacientes de agua.
Sería mezquino no reconocer que hay diferencias entre las comunidades fronterizas de agosto del 2023, en comparación con junio del 2025. Hay cambios. En esta segunda ocasión no vimos coligalleros caminando por decenas a través de los repastos cargando palas, sacos y tómbolas para la extracción de oro.
Tampoco vimos aquella impactante imagen de un escuadrón de mineros escarbando dentro de pozos de agua estancada, llenando de huecos una colina en la que, alguna vez existió un riachuelo, todo esto a tan solo algunos cientos de metros de las instalaciones donde anteriormente se ubicó la Fuerza Pública.
¿A qué se puede atribuir no haber visto estas escenas? Por un lado, podría deberse a que la Fuerza Pública retornó a la Finca Vivoyet y desplazó a los mineros montaña adentro. Según el viceministro de Seguridad, Eric Lacayo, el país destina $1 millón (¢505 millones) al mes para mantener 100 efectivos policiales en ese sector.
Pero, por otro lado, en la visita realizada el viernes 13 de junio también asistió Lacayo, diputados de diversas fracciones y el alcalde de San Carlos, Juan Diego González. Junto con ellos llegó toda una comitiva policial con casi 20 carros. Desde luego, ningún coligallero se arriesgaría a salir a la vía pública ese día, aunque nadie duda de que los mineros siguen ahí, internados en lo más profundo de la montaña.
Sin embargo, más allá de la evidente “retirada” de los coligalleros, los problemas de fondo continúan en estas comunidades abandonadas. ¿De qué vive la gente si no es del oro? ¿Para qué tener celulares si ni siquiera hay señal? ¿Cómo moverse en un distrito que no tiene transporte público pero es 19 veces más grande que el cantón central de San José? ¿Cómo disfrutar de una vida saludable si el hospital San Carlos está a 2 horas y media?
El propio Ministerio de Seguridad reconoce que Cutris es un lugar de bajo desarrollo y poco acceso a servicios básicos. Ocupó el lugar 430 entre 490 distritos que hay en Costa Rica, según el Índice de Desarrollo Social (IDS) del 2023. Pero las cifras sobran cuando las imágenes muestran poblados empobrecidos.
Polvo rojo por todos lados. Chozas hechas de tablones de madera que dejan rendijas entre sí. Pisos de tierra. Aguas estancadas. Carreteras de lastre y barro. Muchas motocicletas, el principal medio de transporte en una zona sin buses, dejan serias dudas sobre sus permisos de circulación. Pero sobre todo, un calor sofocante.
El alcalde de San Carlos admite que la mayoría de las actividades económicas, tanto en Crucitas como en Chorreras, están directa o indirectamente ligadas a la minería ilegal. Por ejemplo, todos los días se abre un puesto de ventas clandestinos a escasos 20 metros del río. Los productos se traen desde Nicaragua.
Pero no solo se trafican artículos de consumo, también se trafican personas, drogas, implementos de minería y todo lo que se pueda vender. El viceministro Eric Lacayo reconoció que aún hay cuarterías en la zona.
“La minería ilegal es solo al punta del iceberg, estamos enfrentando una red compleja de narcotráfico, lavado de dinero y tráfico de armas”, confirmó Lacayo.
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Por su parte, el alcalde González indicó: “la gran mayoría de la gente tiene vinculación directa o indirecta con la extracción ilegal de oro, los que no están involucrados con la actividad, pero tienen una pulpería y le venden a los coligalleros”.
Más allá de la minería, la única actividad económica que se realiza en la zona es la ganadería o la agricultura, en menor medida.
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Chorreras: el pueblo compuesto de migrantes que existe sin permiso
Para darse cuenta de que Chorreras es un pueblo como tal es necesario poner atención, porque se trata de un puñado de casas distribuidas en las inmediaciones del río San Juan. Estas viviendas están tan cerca del San Juan, que se encuentran dentro de la franja fronteriza, una zona de protección de dos kilómetros de ancho a ambos lados del río.
La franja fronteriza es propiedad del Estado, por tanto, los terrenos no pueden venderse ni comprarse. Nadie puede tener título de propiedad ni construir ahí; excepto si se trata de Chorreras, donde la ley calienta intermitentemente, como el sol.
No solo hay casas dentro del área de protección fronteriza, también se encuentra la Escuela Pública de Chorreras, administrada por el Ministerio de Educación Pública (MEP). Sí, el MEP opera una escuela que no debería existir, pero que existe porque hay necesidad de educación. La institución no tiene título de propiedad, por lo tanto, no puede recibir inversión de fondos públicos de ningún tipo.
Así lo reconoce Minor Varela, director regional del MEP, quien aseguró que el 85% de los estudiantes de la escuela de Chorreras son niños nicaragüenses que cruzan en río San Juan todos los días en panga. Desde luego, no tienen cédula tica, por lo que se les asigna un número único de identificación.
“53 estudiantes de 67 no tienen una identidad costarricense. Ellos cruzan en canoas sumamente inseguras. El MEP ha tratado de responder a las necesidades, tenemos tres docentes en la institución, pero para 2026 proyectamos que se superarán los 100 estudiantes”, declaró Varela.
En los últimos dos años, la población del centro educativo se ha triplicado, lo cual genera presión sobre otros servicios públicos, como la salud. Sin importar su nacionalidad, cuando un habitante de Chorreras se enferma, acude al Hospital de San Carlos.
“La respuesta del MEP es que no pueden invertir porque está en milla fronteriza y no hay agua potable. Nosotros en la municipalidad tenemos que decir los mismo, no podemos darles recursos”, declaró el alcalde Juan Diego González. Las pocas mejoras que se realizan son gracias a aportes del sector privado.
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En la actualidad los caminos están en relativo buen estado. Sin embargo, esto no durará mucho tiempo.
El alcalde González reconoce que las reparaciones se realizaron con ¢1.300 millones otorgados por la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) en 2023, luego de que se declarara emergencia por la contaminación del agua potable con hasta 65 veces la cantidad de mercurio admisible para el cuerpo humano. Pero esos ¢1.300 millones fueron de una sola ocasión; no llegarán de nuevo.
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Así las cosas, se prevé que en uno o dos inviernos las carreteras queden destrozadas nuevamente, y los camiones cisterna que llevan agua a las comunidades y a la Fuerza Pública ya no podrán entrar.
¿Hay esperanza para Crucitas? Tras escuchar a las autoridades, es casi imposible ser optimista.
“Aquí hay delincuencia organizada, no solo en narcotráfico y lavado de dinero, sino también crimen organizado que suple los materiales a los coligalleros. La situación de seguridad es preocupante. La inversión es de $1 millón mensual. Si con eso no hemos logrado controlar la inseguridad, no la vamos a controlar a un costo razonable”, reconoció Juan Diego González.
Mientras en las altas esferas políticas continúa el interminable debate sobre la explotación del oro que yace bajo las montañas, los habitantes de Crucitas, Chorreras, Moravia, El Llano y otras comunidades continúan en el ostracismo y el desinterés. Cuando se habla de esta frontera se habla del oro, pero no de las personas que cumplen una injusta condena de haber nacido en los márgenes de Costa Rica.
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