La Policía de Fronteras abandonó Crucitas por orden presidencial. Así lo expone un correo electrónico enviado por esta dependencia de la Fuerza Pública a los encargados de la finca Vivoyet, la cual contiene un yacimiento de oro al norte de San Carlos.
La finca vive una invasión masiva de mineros ilegales en estos momentos, generando daños ambientales e inseguridad en la región.
El 13 de julio, la Delegación Policial Fronteriza Los Chiles Tablillas-Crucitas envió un correo a Greivin Rodríguez Miranda, administrador de la finca privada, para informarle de que los policías entregarían al día siguiente las instalaciones que utilizaban dentro de la propiedad.
El correo expone que no se asignará más personal a la zona de Crucitas ni se laborará más en el sitio debido a solicitudes de las jefaturas del Ministerio de Seguridad, “por orden presidencial”.
El administrador de la finca explicó que la entrega de las instalaciones finalmente se hizo el 17 de julio.
El correo agrega que la comunicación fue solicitada por el encargado de grupo, el subintendente Yeison González Anchía.
“Se las prestamos durante seis años sin costo alguno”, comentó el administrador de la finca en referencia al uso de las instalaciones de la finca por parte de la Policía.
Rodríguez lamentó que los edificios que eran utilizados por los policías fueran entregados con mucho deterioro. Hay puertas sin cerraduras, ventanas rotas, paredes rayadas o con moho, lavatorios desaparecidos e, incluso, las secuelas de un incendio.
Agua contaminada influyó
La Nación solicitó, este miércoles, una reacción a Casa Presidencial mediante la oficina de Prensa. En tanto, el ministro de Seguridad, Mario Zamora, declaró a este medio que, durante una gira el próximo fin de semana, se reunirá con los dueños de la finca para mejorar las condiciones y poder reabrir la instalación policial en el sitio.
Zamora expuso que no había condiciones adecuadas, según un documento que justificó el retiro del lugar.
Una de las principales razones es la contaminación del agua en el sitio y el hecho de que el Instituto Costarricense de Acueductos y Acantarillados (AyA) no suministró el agua prometida, según el oficio.
El fin de semana pasado, un video grabado por vecinos de Cutris de San Carlos mostró a decenas de coligalleros extrayendo material de la finca Vivoyet con el objetivo de hallar oro. Un equipo de La Nación confirmó, este miércoles, la presencia de mineros artesanales en el sitio.
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La actividad minera ilícita en Crucitas ha sido un problema constante en la región.
Este año, se conocieron graves impactos sobre la salud pública, al detectarse contaminación con mercurio y cianuro en las fuentes locales de agua. El asunto es tan serio que decenas de familias se vieron en la obligación de mudarse a otras comunidades.
Los coligalleros utilizan mercurio para extraer oro de forma artesanal, con lo que el metal se filtra en el suelo, contaminando las aguas subterráneas, además de que llega a los ríos.
Según un informe del departamento de Vigilancia y Control de Agua Potable del Ministerio de Salud, de noviembre del 2022, el mercurio en las fuentes de agua en Crucitas está muy por encima del valor máximo admisible. En caso de existir consumo de agua de estos sistemas, representa un riesgo elevado para la salud de la población.
El valor máximo admisible de mercurio en agua es de 0,001 miligramos por litro (mg/L). Sin embargo, en los estudios se detectaron hasta 0,065 mg/L.
A un agricultor de la comunidad de Crucitas, de apellido Cambronero, le encontraron el triple de mercurio tolerable para el cuerpo humano en su sangre.
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Argumentos del Ministerio de Seguridad
Un documento del Ministerio de Seguridad justificó el traslado del centro de operaciones que estaba en Vivoyet. Se trata de un oficio enviado por Adrián Salazar Cascante, director de la Policía de Fronteras, a Manuel Jiménez Steller, viceministro de Unidades Especializadas.
En el escrito, de ocho páginas, se expone la situación de las instalaciones que se usaban como campamento para la vigilancia de la zona de Crucitas de Pocosol de San Carlos, según el convenio firmado con los representantes de la finca Vivoyet.
En primer lugar, se argumentó que hay un importante factor de riesgo, evidenciado por una orden sanitaria emitida por contaminación con mercurio en las nacientes de agua que se utilizan para consumo de los policías.
Dicha orden sanitaria fue generada por el Ministerio de Salud, luego de realizar un muestreo en las nacientes y pozos que abastecen de agua las comunidades aledañas, incluyendo Crucitas y el campamento. Salud clausuró el uso de nacientes y pozos de agua.
Aunque se había coordinado con el AyA para que les supliera 15.000 litros de agua cada dos o tres días, dicho instituto incumplió el suministro y con poca frecuencia les lleva 5.000 litros, insuficiente para preparar alimentos y cubrir otras necesidades.
“Son varias las ocasiones en que, por lluvias, daños en el cisterna o problemas de abastecimiento de agua de las comunidades, han dejado a los colaboradores del Ministerio de Seguridad Pública esperando hasta cuatro días sin agua potable”, dice el informe.
Salazar también advirtió sobre un gran deterioro en las instalaciones que ocupaban, producto de la invasión que sufrió la finca en el 2017, por vandalismo. Las instalaciones fueron quemadas, no hay vidrios y las puertas fueron quebradas. La instalación eléctrica tiene daños y hay filtraciones de agua por el techo.
El director de la Policía de Fronteras explicó que las dos instalaciones con mejores condiciones fueron solicitadas por el administrador de la finca, Greivin Rodríguez, como condición para la continuidad del convenio.
Lo anterior implicaría un riesgo para las actividades policiales, advirtió Salazar, debido a la cercanía de civiles al centro de operaciones de la Policía de Fronteras.
El plan remedial propuesto por la Policía de Fronteras, planteado desde inicios de junio, fue trasladar el campamento de Crucitas desde la finca Vivoyet al puesto Tiricias, en una finca del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), o bien, al puesto policial El Concho, donde funciona una delegación de la Fuerza Pública.
Tiricias está a 30 minutos y El Concho a 35 minutos de la finca donde estaba el centro de operación de la Policía de Fronteras, y eso implica el reparto del personal policial en dos grupos de 15 oficiales cada uno.
“Con el traslado de instalaciones se estaría teniendo cercanía a otras fincas que en este momento, por la cantidad de personal y la distancia a la que se encuentra, es difícil de tener patrullajes constantemente. Además, permitiría atender con mayor eficacia otras fincas que también son de interés”, dice la propuesta.
Adrián Salazar destacó que el puesto de Tiricias está prácticamente sobre la raya fronteriza, lo cual facilitaría los patrullajes y presencia de unidades móviles de la Policía de Fronteras, para resguardo de la soberanía nacional.
