Un proyecto de ley presentado por organizaciones ambientalistas y acogido por la fracción legislativa del Frente Amplio (FA) propone crear una criptomoneda como solución para el desastre ambiental por el oro de Crucitas, en Cutris de San Carlos.
Paralelamente, la iniciativa implica realizar un proceso de limpieza de la tierra que actualmente está contaminada con restos de mercurio altamente tóxico por la práctica de minería ilegal.
El proyecto fue presentado el 30 de octubre ante el Departamento de Iniciativa Ciudadana de la Asamblea Legislativa, y ese mismo día lo acogieron los diputados Priscilla Vindas y Ariel Robles, ambos del FA. El exdiputado, abogado ambientalista y líder contra la explotación minera, Edgardo Araya, colaboró en la redacción de la iniciativa.
La propuesta se desarrollaría en dos vías. La primera consiste en un procedimiento para la remoción y limpieza del mercurio que se encuentra actualmente en los terrenos contaminados. Colateralmente, este proceso dejaría importantes ganancias al país, ya que además de extraer el mercurio, recuperaría el oro residual.
Según la exposición de motivos del proyecto, los restos de oro residual en la tierra sumarían 146 mil onzas, equivalentes a $402,5 millones que se obtendrían como efecto secundario, sin necesidad de realizar minería.
El abogado Edgardo Araya explicó a La Nación que el proceso de limpieza del mercurio de la tierra debe realizarse obligatoriamente. Un voto emitido por la Sala Constitucional en setiembre del 2021 ordenó al Estado desarrollar un plan a mediano y largo plazo para contener la minería ilegal y remediar los daños ambientales en Crucitas.
Esta orden no se ha cumplido; incluso, la Sala IV emitió al menos tres advertencias bajo apercibimiento de denunciar a los funcionarios desobedientes. Además, los $402,5 millones permitirían al Estado financiar la segunda etapa del proyecto de ley: la creación de una moneda virtual (o criptomoneda).
Criptomoneda permitiría usar $1.200 millones sin extraer oro subterráneo
Aunque el proceso de limpieza de la tierra permitiría recolectar el oro superficial, la mayoría de este metal se encuentra enterrado a decenas de metros de profundidad, como piedra dura. Un proyecto de minería a cielo abierto, como el que pretendía desarrollar Infinito Gold, buscaba extraer todas estas reservas subterráneas.
Sin embargo, Edgardo Araya afirmó que no es necesario generar daños ambientales para aprovechar el potencial valor del oro enterrado en suelo sancarleño. Al contrario, el abogado ambientalista explicó que es posible crear una moneda virtual o emitir certificados digitales por $1.200 millones, que es el valor estimado del oro enterrado en Crucitas.
“Cuando usted comercia oro en los mercados actuales, usted no anda con el lingote para arriba y para abajo, usted lo que vende es un certificado digital que está asociado con el oro como activo. El certificado te hace dueño de un lingote en el Banco Central de Alemania, por ejemplo. Pero el oro no se mueve. Entonces, ¿para qué destruir todo el ambiente para sacar el oro, convertirlo en lingote y guardarlo en una bóveda de un banco donde no lo vamos a tocar?”, cuestionó Araya.
Por ese motivo, las organizaciones ambientalistas proponen que, en lugar de sacar ese oro, se venda un certificado digital o una criptomoneda ambientalmente responsable. Esta medida permitiría al Estado recaudar fondos sobre el valor de ese activo, y los compradores adquirirían los certificados con la condición de que el oro permanezca en su bóveda natural.
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Araya reconoce que, en este caso, cada onza de oro podría tener un valor más bajo que el usual en el mercado. Esto se debe a que los compradores se comprometerían a no extraerlo del subsuelo.
Sin embargo, también tendría otros beneficios: se estaría ofreciendo a los mercados internacionales la posibilidad de comerciar con oro costarricense ambientalmente responsable y mantener la protección de la naturaleza. Además, no existirían los costos sociales y económicos asociados con la extracción industrial a cielo abierto.
“Esto no es nuevo, no lo estamos inventando, son prácticas que se dan en países con más historia minera. Nosotros sabemos cuánto oro que hay en roca dura porque Infinito tuvo que certificarlo”, explicó el abogado.
En resumen, cualquier persona del mundo podría comprar una fracción del oro subterráneo de Crucitas.
“Con el proyecto presentado por el gobierno obtendríamos $205 millones en 10 años, generando destrucción ambiental en 1.500 a 2.000 hectáreas. Con este proyecto obtendríamos $400 millones limpiando la zona, y además el Estado obtendría $1.200 millones más, conservadoramente hablando, a través de la emisión de certificados digitales”, aseguró Araya.
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Según el exdiputado, esta propuesta de ley se consultó con las organizaciones ambientalistas Apreflofas, Fecon y con el colectivo Bloque Verde. Asimismo, se analizó con el Parlamento Cívico Ambiental, una entidad que agrupa a más de 40 organizaciones que trabajan temas de desarrollo sostenible, auspiciados por el Departamento de Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa.
Proyecto dispone que mitad del dinero debe invertirse en la región
El proyecto de ley, registrado bajo el número de expediente 24.675, busca que el Crucitas de Cutris, en San Carlos, se cree el “Polo de Desarrollo de la Región Huetar Norte”. Para impulsar esta propuesta, la iniciativa dispone que el 50% de los recursos obtenidos tienen que invertirse en la misma región, con énfasis en los distritos con menos desarrollo.
A esto se añade que el otro 50%, que podrá girarse al Gobierno Central, solo podrán utilizarse en el financiamiento de programas sociales y la seguridad social, así como el fortalecimiento de los regímenes de pensiones administrados por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
El proyecto prevé que el Estado adquiera las fincas del fallido proyecto minero de Infinito, para establecer ahí el Polo de Desarrollo Sostenible y crear una comandancia de la Fuerza Pública, un Geoparque Ambiental para la promoción de la investigación y un Museo Natural e Histórico.
Asimismo, se buscará la participación de las universidades públicas y privadas para motivar las actividades educativas y de investigación, y se motivará el cultivo de una planta llamada raicilla ipecacuana, de alto valor en la industria farmacéutica y con arraigo en la cultura de la zona.
Todas las actividades se realizarían bajo la supervisión y administración del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), con la colaboración de instituciones como el Instituto de Desarrollo Rural (Inder), el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y la Municipalidad de San Carlos, entre otras instituciones.
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