El gobierno ha pagado $33 millones en intereses al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por el crédito otorgado para financiar el Fondo de Avales, a pesar de que el 90% de los recursos, $270 millones, permanecen sin utilizar desde su desembolso en abril de 2022.
La contralora general de la República, Marta Acosta, dio a conocer la cifra durante una comparecencia ante la Comisión de Hacendarios de la Asamblea Legislativa, el pasado 14 de febrero.
“Hablando de eficiencias, quería informarles que, hasta la fecha, hemos pagado $33 millones en intereses de los $300 millones destinados al Fondo de Avales”, alertó Acosta a los diputados
De los $300 millones, se giraron $30 millones a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) por disposición de los diputados. El resto sigue en las cuentas del Gobierno, dijo la contralora a la diputada Paulina Ramírez, del Partido Liberación Nacional (PLN).
Los $270 millones tenían como objetivo financiar un fondo para que 18.000 empresas afectadas económicamente por la pandemia pudieran acceder a préstamos bancarios, mediante el otorgamiento de avales que funcionaran como garantías.
La Asamblea Legislativa autorizó el empréstito internacional con el BCIE en junio del 2021 y aprobó una ley para otorgar los avales en diciembre del mismo año. Sin embargo, con el cambio de gobierno, el fondo no se implementó. La administración de Rodrigo Chaves rechazó crear el mecanismo por la eventualidad de que el Estado tuviese que pagar a los bancos deudas de productores
Nogui Acosta: ‘Todas las decisiones políticas tienen un costo’
El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, argumentó que el pago de los intereses es consecuencia del “mal diseño de un proyecto” y de las decisiones políticas que se tomaron con la aprobación del crédito.
Según el jerarca, este crédito debió haberse integrado al Presupuesto Nacional como un apoyo externo al financiamiento del gobierno, pero en la Asamblea Legislativa “se tomó la decisión de dedicarlo a otros fines (Fondo de Avales) y esos fines no se pudieron cumplir”.
“¿Es una decisión política? Bueno, cada decisión política tiene un costo”, señaló Acosta.
El diputado Jonathan Acuña, del Frente Amplio (FA), reaccionó así ante los hechos: “El gobierno de Rodrigo Chaves se dedicó a impedir que se utilizaran los recursos, a impedir que se formara el Fondo de Avales, y el resultado que hoy tenemos son $270 millones estancados, por los cuales hemos pagado $33 millones en intereses”.
Un criterio similar expresó la diputada Ramírez, al indicar que “no hubo forma de que este gobierno usara los recursos”.
Después de oponerse al Fondo de Avales, el gobierno presentó un proyecto de ley para redirigir los recursos al pago de deuda pública. La iniciativa entró el 27 de julio del 2022, pero fue rechazada por los diputados de la Comisión de Hacendarios en abril del 2023.
El ministro Acosta asegura que actualmente no se ha tomado una decisión sobre el uso que se le daría a los recursos.
El camino posible, según la Contraloría
Según la Contraloría General de la República, el dinero no se puede usar para pagar deuda pública porque el contrato con el BCIE solo permitía variar el destino si el Congreso no aprobaba la ley de creación del fondo de avales en un plazo superior a 18 meses, pero sí emitió la norma y lo hizo en siete meses, mucho antes de que venciera ese periodo.
El único camino posible ahora, según el órgano contralor, es una renegociación entre el gobierno y el BCIE, cuyo acuerdo tendría que ser ratificado por la Asamblea Legislativa.
De acuerdo con Acosta, las apreciaciones de la CGR son “aventuradas” y obligan a obtener mayor claridad sobre cómo proceder al respecto, por lo que gestionará una consulta ante la Procuraduría General de la República (PGR), “para tener certeza jurídica del procedimiento que deberíamos utilizar”.
“La interpretación que hace la CGR es diferente a la que hace el BCIE y la que tenemos nosotros. No se cumplió el elemento básico y, por lo tanto, deberíamos utilizarlo para el objetivo primordial que fue financiar el presupuesto de la República”, alegó.
En julio de 2022, Dante Mossi, entonces presidente del BCIE, declaró a La Nación que el crédito para el fondo de avales es un apoyo presupuestario del BCIE para uso soberano de Costa Rica. “Estos son fondos que van destinados al Tesoro de la República y es el gobierno el que decide el uso adecuado de dichos fondos”.
