Los diputados rechazaron, este lunes, levantar la inmunidad al presidente de la República, Rodrigo Chaves, para que afronte la acusación penal por el presunto delito de concusión, dentro del caso BCIE-Cariñitos. Faltaron cuatro votos para alcanzar los 38 necesarios. A favor de quitarle el fuero al mandatario votaron 34 votos, mientras que 21 votaron en contra.
La oposición se quedó corta para lograr la mayoría calificada, en parte, debido a que perdieron los votos de la mayoría de integrantes de la Unidad Social Cristiana (PUSC) y a la totalidad de la bancada de Nueva República (PNR), liderada por Fabricio Alvarado.
Esta es la primera vez en la historia en que se somete a votación el levantamiento de la inmunidad de un presidente en ejercicio. Tras el resultado negativo, el caso no se juzgará en la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, sino que pasará a tribunales ordinarios una vez que Chaves deje la Presidencia.
Por otra parte, se ausentaron de la sesión la independiente Cynthia Córdoba, que está de viaje en Suiza, y Luis Diego Vargas, legislador independiente, candidato a la vicepresidencia de la República con el partido Unidos Podemos, de Natalia Díaz, quien salió del plenario y no votó.
Estos dos votos ausentes también pesaron para que Chaves mantenga su inmunidad, así como el de Carolina Delgado —la única liberacionista que se apartó de la línea del partido—. Con esos tres votos se habría alcanzado 37, solo uno menos que los 38 necesarios.
Otro voto que se decidió al último momento fue el de Horacio Alvarado, de la Unidad, que también dijo no a que Chaves afronte una acusación penal.
Pese a que se tenía previsto un espacio en la sesión para que Chaves presentara sus argumentos en contra de la acusación penal, el presidente rechazó presentarse.
A favor de quitarle el fuero a Chaves votaron 17 legisladores de Liberación Nacional (PLN), cuatro de la Unidad Social Cristiana (PUSC), los seis del Frente Amplio (FA), dos del Liberal Progresista (PLP), cuatro independientes y una diputada del Partido Progreso Social Democrático (PPSD).
Por otra parte, los diputados que votaron en contra del desafuero de Rodrigo Chaves fueron cinco del PUSC, la fracción completa de Nueva República (PNR) y los ocho chavistas del PPSD, liderados por Pilar Cisneros. A ellos se sumaron Carolina Delgado, del PLN, y el independiente Gilberth Jiménez.
Argumentos de los diputados
Danny Vargas, del PLN, rechazó que existiera persecución política contra el mandatario y enfatizó que hay argumentos sólidos y de peso para quitarle el fuero al mandatario.
La subjefa liberacionista, Alejandra Larios, defendió que la investigación contra Chaves se dio conforme a derecho, lo mismo que el proceso en la Corte Suprema de Justicia y en la Asamblea Legislativa.
“Hay pruebas testimoniales, documentales, rastreos de llamadas, correos electrónicos entre las partes acusadas. Es incorrecto que digan que hay una sola prueba”, dijo.
Por su parte, la independiente Johana Obando acusó que durante los últimos días hubo una serie de llamadas, amenazas y presiones para que los diputados votaran en contra del desafuero de Chaves.
“Hay diputados y diputadas que han estado negociando puestos en embajadas. Hay diputados y diputadas que han estado negociando puestos venideros, en caso de que Rodrigo Chaves y Laura Fernández sigan en el poder”, dijo Obando.
El socialcristiano Leslye Bojorges alegó que votó en contra de quitarle la inmunidad a Chaves porque eso le beneficiaría a la candidata presidencial chavista, Laura Fernández, y dijo que otros querían votar para afectarla por ir primera en las encuestas.
Bojorges pidió a sus compañeros de fracción no hacerle caso al candidato de la Unidad, Juan Carlos Hidalgo, quien recomendó levantar la inmunidad.
¿De qué le acusa la Fiscalía a Rodrigo Chaves?
El fiscal general, Carlo Díaz, acusó al presidente Rodrigo Chaves por el presunto delito de concusión, que se sanciona con prisión de dos a ocho años para el funcionario público que, abusando de su calidad o de sus funciones, busca obligar o inducir a alguien a que le dé un beneficio patrimonial a otra persona.
La acusación argumenta que el mandatario, entre agosto y octubre de 2022, presuntamente pidió al productor audiovisual Christian Bulgarelli entregar $32.000 al entonces asesor presidencial Federico Cruz, conocido como Choreco.
Los fondos habrían tenido la finalidad de que Choreco pagara el enganche para la compra de una casa en el condominio Barlovento, en el cantón de La Unión.
La hipótesis de la Fiscalía General de la República es que Chaves le habría hecho dicha solicitud a Bulgarelli a cambio de adjudicarle un contrato por $405.800 con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para dar servicios de comunicación a la Casa Presidencial.
En la acusación del fiscal consta que Carlo Díaz hizo un acuerdo con Bulgarelli como testigo de la corona, para que su testimonio sirva para la investigación penal contra el presidente Rodrigo Chaves.
El miércoles de la semana pasada, Bulgarelli denunció que Chaves, a través del exdiputado del PUSC Erwen Masís, lo habría comenzado a presionar para que cambie su testimonio.
El productor audiovisual denunció que, entre las amenazas que le habría hecho Masís, el exdiputado sabía que el BAC-Credomatic le cerró las cuentas y le quitó la tarjeta de crédito, así como la firma electrónica.
Además, le habría dicho que el mandatario habló con el dueño del BAC e hizo una referencia a posibles consecuencias sobre sus créditos de vivienda y vehículo en ese banco, así como consecuencias para el empleo de su esposa, si no cambia el testimonio.
