La comisión especial legislativa sobre levantamiento de la inmunidad del presidente Rodrigo Chaves recomienda quitarle el fuero de improcedibilidad al mandatario, para que afronte un juicio penal por el presunto delito de concusión.
Dos integrantes del órgano anunciaron públicamente su recomendación de levantar el fuero al mandatario, mientras que el otro miembro recomienda no hacerlo. Las diputadas Andrea Álvarez, del Partido Liberación Nacional (PLN), y Rocío Alfaro, de Frente Amplio (FA), creen que hay elementos suficientes para la formación de una causa, mientras que Daniel Vargas, legislador chavista del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), votó en contra.
Ahora, los diputados deberán presentar sus informes, el próximo lunes, dentro de la misma comisión y dichos informes deben someterse a votación, entre ellos tres.
En conferencia de prensa, Andrea Álvarez y Rocío Alfaro, por separado, manifestaron que es muy posible que ellas dos firmen un mismo informe, pese a que tienen criterios diferentes sobre el fuero que protege a Jorge Rodríguez.
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De hecho, reconocieron que le corresponderá al presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, emitir una resolución sobre el caso del ministro, pues ya el plenario se dio por notificado de la intención expresa de Rodríguez de renunciar a la inmunidad para afrontar el juicio.
Una certificación emitida por la Gerencia General del Congreso, donde consta la manifestación del ministro de Cultura, ante la comisión especial, fue enviada a la Corte Suprema de Justicia para que se continúe con el proceso.
Aunque la mayoría de la comisión recomiende el levantamiento de la inmunidad de Chaves, el plenario de la Asamblea puede apartarse de ese criterio. Para quitarle el fuero al presidente, se necesitan 38 votos afirmativos.
El presidente del Congreso, Rodrigo Arias, propuso que esa discusión y votación se realice el lunes 22 de setiembre, en el plenario legislativo, a partir de las 2 p. m.
Ese día, Rodrigo Chaves tendrá un espacio de 30 minutos para dirigirse a los diputados y dar su opinión sobre los informes; luego, se debe retirar del salón, para que los legisladores empiecen el debate de fondo y finalmente voten.
Cada diputado puede usar la palabra por 15 minutos, pero si el debate se extiente, la presidencia legislativa lo suspenderá cinco minutos antes de las 7 p. m. y pondrá a votación los informes.
La comisión recibió, primero, al fiscal Carlo Díaz para que presentara sus argumentos para pedir el levantamiento de la inmunidad; sin embargo, él se negó a entrar en detalles muy específicos del caso, pues alegó que solo los puede presentar ante el tribunal.
También se recibió al presidente Chaves, junto con su abogado, José Miguel Villalobos, así como al ministro de Cultura, Jorge Rodríguez, quien era jefe de despacho del mandatario cuando se habrían dado los hechos.
Los argumentos de los tres diputados
La frenteamplista Rocío Alfaro señaló que el fuero es una protección contra la eventual persecución política y protegen a los funcionarios en caso de que sean amenazados.
Por ello, enfatizó que la labor de la comisión especial se centraba en verificar la consistencia y seriedad de la acusación penal, para verificar que no haya una persecución política detrás, sino que efectivamente se está en presencia de un eventual delito.
Alfaro enfatizó que, frente a los señalamientos de la defensa de Rodrigo Chaves por errores en la acusación, se dedicó a realizar un análisis mucho más profundo del expediente, para detectar esos supuestos errores.
Específicamente, señaló que, a su criterio, no hay razón para suponer que la presunta presión de Chaves hacia Bulgarelli haya sido inmediata, sino que la Fiscalía señala que se dio entre junio y octubre de 2022.
Además, indicó que el empresario no tuvo acceso al dinero del contrato con el BCIE sino hasta el 20 de febrero de 2023 y que cuatro días después le habría entregado a Choreco el dinero que presuntamente le habría solicitado Chaves entregar.
“Queda en evidencia que se lesiona el deber de probidad al que están obligados los funcionarios públicos”, dijo. La frenteamplista agregó que el delito que se le achaca a Chaves se materializa con la acción de exigir que entregue un dinero, independientemente de que la persona lo entregue.
Por su parte, Daniel Vargas aseguró que hubo una serie de yerros en el trámite. En particular, cuestionó la audiencia del fiscal en la comisión y dijo que le generó dudas sobre el conocimiento del expediente.
Cuestionó que no se le haya tomado declaración a los imputados, a pesar de que la Fiscalía señaló que eso no se puede hacer mientras estén protegidos por el fuero de improcedibilidad.
El chavista se fundamentó en criterios de los magistrados opuestos a pedir el desafuero, quienes consideraron que a la acusación le faltaron elementos.
“Una vez analizada la declaración de Christian Bulgarelli ante el fiscal, se concluye que él faltó a la verdad, ya sea en la comisión Sinart bajo expediente 23.933, o ante la Fiscalía General de la República, pues una es contraria a la otra, bajo fe de juramento. ¿A cuál Christian Bulgarelli de le puede creer?“, dijo Vargas.
El oficialista alegó que la supuesta amenaza no aplica, porque el contrato se suscribió el 18 de octubre de 2022 y el dinero fue entregado el 24 de febrero de 2023, cuatro meses después.
“No existe una prueba fehaciente que demuestre que ambos (Chaves y Rodríguez) o uno de ellos haya cometido el delito de concusión”, indicó el legislador.
¿De qué se le acusa a Rodrigo Chaves?
El fiscal general, Carlo Díaz, acusó a Rodrigo Chaves y a Jorge Rodríguez, a inicios de abril, por el presunto delito de concusión, señalados por aparentemente pedirle al empresario Christian Bulgarelli que le entregara $32.000 al asesor presidencial Federico Cruz, conocido como Choreco, para que diera el enganche para la compra de una casa.
Esa petición era, presuntamente, a cambio de que se le adjudicara el contrato de $405.800 con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para dar servicios de comunicación a la Casa Presidencial.
Díaz presentó la acusación ante el Tribunal de la Corte Plena, órgano judicial que votó, 15 a favor y siete en contra, para trasladar la acusación a la Asamblea Legislativa.
La responsabilidad de los diputados, establecida por la Constitución Política, es determinar si hay lugar a formación de causa contra el presidente de la República o no.
En caso afirmativo, el mandatario pierde el fuero de improcedibilidad, protección especial que impide procesarlo judicialmente. El desafuero sería específico y único para esta acusación del caso nombrado por la Fiscalía General de la República como BCIE-Cariñitos.
