EscucharLos diputados aprobaron este jueves, en segundo debate, un crédito por $160 millones con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), ente que integra el Banco Mundial, el cual se podría utilizar para atender los efectos de las inundaciones que provocaron el huracán Rafael y la tormenta tropical Sara en Costa Rica, en particular en cantones de Guanacaste y de la zona sur.
La votación definitiva en el plenario recibió el aval unánime de 39 diputados, luego de un acotado debate reglado, donde las fracciones políticas agradecieron, principalmente, a los cuerpos de rescate costarricenses atendieron la emergencia a lo largo del territorio nacional.
El contrato de préstamo contenido en el expediente 24624, firmado entre Costa Rica y el BIRF, financia el segundo préstamo de políticas de desarrollo de la gestión de riesgo de desastres en el país, con desembolso diferido ante catástrofes (CAT DDO).
La presidenta de la Comisión de Hacendarios, Paulina Ramírez, enfatizó el apoyo del Partido Liberación Nacional (PLN) al préstamo, para que el gobierno cuente con mayor liquidez, de manera inmediata, para enfrentar las consecuencias de los desastres naturales.
Ramírez explicó que el decreto de emergencia por las fuertes lluvias que cayeron en noviembre, firmado por la Presidencia de la República, es el instrumento que permitirá a Costa Rica acceder a esos recursos.
Paulina Ramírez añadió que la aprobación del préstamo es una más de las señales de la buena voluntad de parte de la Asamblea Legislativa para que el gobierno tenga los instrumentos necesarios para hacer la inversión y fondos para financiar el presupuesto.
“Los diputados de oposición de Hacendarios nos hemos ganado epítetos e insultos por hacer nuestro trabajo con eficiencia y eficacia, y con mucha responsabilidad, siempre pensando en el país y no en el gobierno de turno”, apuntó la presidenta de Hacendarios.
El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, había explicado que, en el decreto de emergencia nacional, se debe establecer el monto económico de los daños causados por las lluvias, para definir el desembolso.
Con base en el decreto de emergencia, y según lo establece el proyecto aprobado, la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) puede usar los recursos sin amarrarse a los procedimientos normales de contratación administrativa y ejecutarlos conforme a las normas legales para situaciones de emergencia.
Esos recursos quedan fuera de la regla fiscal y del pago de impuestos, para entrar en el Fondo Nacional de Emergencias vía decreto y ser administrados por Caja Única del Estado.
