EscucharPor disposición constitucional durante el mes de agosto es el Poder Ejecutivo el encargado de colocar en la mesa de discusión de la Asamblea Legislativa los proyectos de ley que considera prudente y necesario impulsar.
Y si somos consecuentes con los postulados que hicieron que una gran mayoría de costarricenses llevaran a la presidenta Laura Chinchilla a esa posición, hoy respondemos con hechos a muchos de esos ofrecimientos. Por eso desde inicios de agosto dimos respuesta a las expectativas de los costarricenses proponiendo a los diputados cerca de 20 proyectos relacionados con prioridades como la Seguridad, el Medio Ambiente y el Bienestar Social.
La realidad es que la solución de los problemas de inseguridad que nos aquejan a todos necesita recursos nuevos y en esa línea pusimos a discusión dos proyectos específicos para ello: la Ley de regulación de apuestas, casinos y juegos de azar (exp.17 551) y la ley de Impuesto a las personas jurídicas (exp. 16 306), cuya recaudación sería utilizada para dicho fin.
Si hablamos de prioridades para con el ambiente, esa lista inicial de iniciativas enviadas al Congreso incluye la modificación al Código de Minería con el fin de declarar a Costa Rica país libre de minería a cielo abierto (exp. 15 948). Está allí también la modificación constitucional para otorgar la protección necesaria al agua y que ya logró un acuerdo entre partidos (exp. 14 757).
En lo que respecta al área social vale la pena mencionar como ejemplo la Ley de Creación de Bono Familiar de Vivienda iIntegral (exp. 17 524).
Por supuesto que, junto a los casos citados, pusimos también a despacho desde el Poder Ejecutivo otra serie de proyectos prioritarios que permitirán dar al país la fluidez requerida en estos momentos en aspectos necesarios para complementar el trabajo en las áreas estratégicas de la Administración.
Comprender la dinámica. Ahora, el funcionamiento legislativo se rige por normas claras ya establecidas sobre las que nadie puede pasar. Cuando desde el Ministerio de la Presidencia enviamos la primera agenda para sesiones extraordinarias, teníamos muy claro que la gran mayoría de iniciativas tendría que, como segundo paso tras ser conocidas en Plenario, ir a la comisión correspondiente a enfrentar las mociones 137 estipuladas en el reglamento.
Ese procedimiento implica tiempo y es técnicamente imposible intentar que se acelere aún y cuando la importancia del proyecto tenga connotación de urgente. Esa es exactamente la etapa en que se encuentran hoy casi todas las iniciativas contenidas en aquel primer llamado al Congreso.
Aparece entonces la necesidad y el deber del Ejecutivo, en su calidad de administrador de la agenda, de promover otros avances factibles durante las sesiones de Plenario. Justo es esa la razón que nos permite ampliar la convocatoria de otros proyectos que eventualmente pudieran parecer ajenos a los ejes prioritarios mencionados, pero que para efectos prácticos presentan gran viabilidad de lograr avances.
Solo en una sesión de la semana anterior esta decisión permitió que se aprobaran en primer debate cinco convenios internacionales pendientes desde hace algún tiempo.
Pero además conviene recordar que en este corto periodo de sesiones extraordinarias, el Ejecutivo debe también brindar material de discusión a 22 comisiones legislativas que necesitan expedientes para hacer su trabajo, situación que se repite para el caso de tres Comisiones Plenas.
Una vez que se entiende esa composición del funcionamiento parlamentario, entonces puede verse con mayor claridad el porqué el pedido inicial para los diputados de estudiar un poco más de dos decenas de proyectos se va multiplicando con el único fin de aprovechar los espacios que la misma dinámica legislativa abre para conseguir avances e incluso aprobaciones en materias que de otra forma tendrían escasas posibilidades de conseguir lugares privilegiados en el orden del día.
En lo que resta de este mes, la agenda para las sesiones extraordinarias incluirá, retirará o cambiará muchos proyectos de ley, pero aquellos relacionados con los ejes estratégicos de nuestro Gobierno tendrán en todo momento la prioridad, condicionada únicamente por el respeto a los procesos reglamentarios de discusión en el Congreso.
Por eso llama la atención que, por desconocimiento o por mala fe, algunas personas pretendan decir que nuestra convocatoria de proyectos a sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa es antojadiza y sin objetivos específicos. Nada más alejado de la verdad que ese argumento.
